La Argentina firmó el Convenio del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) el 21 de mayo de 1991 y el tratado entró en vigor el 18 de noviembre de 1994, fecha en que se considera su ingreso formal al organismo. El CIADI es una institución del Banco Mundial en Washington que dirime disputas entre inversores extranjeros y los países. Argentina fue y es campeón del mundo en cuanto a juicios planteados en esa y otras instancias fruto de las diferentes violaciones a los contratos realizadas desde la crisis del 2001. Argentina enfrentó simultáneamente más de 50 casos con demandas por u$s 80.000 millones.
El interés central para adherir al CIADI pasaba, en los 90s, por atraer inversión extranjera. Si surge una disputa, tendrán acceso a un tribunal neutral e internacional, en lugar de quedar sujetos a los jueces domésticos. Si un inversor extranjero considera que la Argentina violó un tratado bilateral puede demandar en el CIADI, sin necesidad de pasar por los tribunales locales. Y los laudos del CIADI son ejecutables en todos los países miembros.
Pero, ¿estamos seguros que realmente las inversiones que hoy llegan a la Argentina lo hacen porque existe el CIADI? ¿No es más relevante el RIGI en esas decisiones? Las críticas al CIADI pasan por el sesgo hacia inversores. Los países no pueden demandar a empresas por incumplimientos. Los árbitros suelen ser abogados de grandes estudios internacionales.
Bolivia, Ecuador y Venezuela se retiraron del CIADI aunque no serían buenos ejemplos. Brasil nunca lo ratificó y no está sujeto a esa instancia.
El caso Burford vuelve a poner en el centro de la escena al CIADI. No se trata de evitar penas por violaciones de contratos, sino analizar si el CIADI es realmente garantía de inversiones. Los bonos globales argentinos de hecho fijan a los tribunales de Nueva York para resolución de diferencias.
El tiempo dirá.
