Luego del fallo favorable para la República Argentina en la Corte de Apelaciones de Nueva York en marzo de 2026, que dejó sin efecto el pago de u$s 16.100 millones, y luego de que este 5 de mayo, la jueza Loretta Preska autorizara a Burford a utilizar toda la evidencia y documentación obtenida durante los años de juicio en Estados Unidos a ser presentada ante el CIADI, el fondo demandante notificó formalmente el traslado del reclamo al ámbito del arbitraje internacional. Este cambio de jurisdicción sitúa el conflicto bajo la órbita del CIADI, un organismo dependiente del Banco Mundial, donde se analizará ya no el cumplimiento de los estatutos de la empresa, sino la responsabilidad del Estado argentino frente a tratados internacionales de inversión. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) es la principal institución dedicada al arreglo de disputas entre inversores extranjeros y Estados. Fue establecido en 1965 por el Convenio de Washington y tiene su sede en la ciudad de Washington D.C. Su función no es la de un tribunal de justicia ordinario, sino la de un centro de arbitraje que opera bajo las siguientes premisas técnicas: Proporciona un mecanismo independiente para resolver conflictos sin recurrir a los tribunales locales de los países involucrados. Las demandas se sustentan en los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) firmados entre países, donde los Estados se comprometen a dar protección legal y seguridad a los capitales extranjeros. Las decisiones de los tribunales arbitrales del CIADI son obligatorias y finales para las partes, aunque no poseen una fuerza de ejecución pública inmediata, ya que dependen de la legislación de cada país miembro. La causa YPF llegó a esta instancia como consecuencia de la expropiación del 51% de las acciones de la compañía en 2012. Si bien Argentina compensó a Repsol en 2014, el litigio actual es impulsado por el fondo Burford Capital, que había adquirido los derechos de las empresas Petersen Energía y Eton Park, antiguos accionistas minoritarios. El traslado de la demanda al CIADI responde a tres factores determinantes: El reclamo se fundamenta en el Tratado de Inversión entre Argentina y España de 1991. Dado que las sociedades Petersen estaban constituidas en España, el demandante alega que el Estado argentino violó las garantías de “trato justo y equitativo” y la protección contra la expropiación sin indemnización total contempladas en dicho tratado. En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones de EE. UU. dictaminó que la justicia estadounidense no tenía jurisdicción para juzgar al Estado argentino por un supuesto incumplimiento de contrato basado en estatutos privados. Esto invalidó la vía de los tribunales ordinarios y forzó a los demandantes a buscar un tribunal de arbitraje internacional. Este 5 de mayo, la jueza Loretta Preska autorizó a Burford a utilizar toda la evidencia y documentación obtenida durante los años de juicio en Nueva York para ser presentada ante el CIADI, lo que acelera el inicio de la etapa probatoria en el nuevo foro. A diferencia del juicio anterior, el proceso en el CIADI presenta características técnicas distintas. En Nueva York se juzgaba un incumplimiento contractual (no haber realizado una Oferta Pública de Adquisición). En el CIADI se juzga la violación de un compromiso soberano internacional. El arbitraje internacional suele ser más prolongado que la justicia estadounidense. Un caso promedio en el CIADI puede demorar entre 5 y 8 años hasta alcanzar un laudo definitivo. El país cuenta con un extenso historial en este organismo. De acuerdo con los registros oficiales, Argentina ha sido el Estado con más demandas en la historia del CIADI, habiendo resuelto conflictos previos con empresas de servicios públicos y energía tras la crisis de 2001 y la nacionalización de la propia YPF en 2014.