Los ahorristas que aseguran haber sufrido pérdidas por el lanzamiento y posterior derrumbe del criptoactivo $LIBRA preparan una demanda millonaria por daños y perjuicios contra los imputados en la causa penal que podría incluir al propio presidente Javier Milei, además de los empresarios responsables de la movida.
Según trascendidos, la acción será presentada en el fuero civil después del revés en la instancia de mediación con los abogados de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los investigados en el expediente abierto por la creación, promoción y comercialización del token, en febrero de 2025.
El abogado Nicolás Oszust representa a alrededor de 30 inversores y trabaja en la definición del monto del reclamo y de la nómina completa de demandados. Entre los nombres bajo análisis podría quedar incluido el presidente Javier Milei, cuya publicación en X del 14 de febrero de 2025 impulsó la difusión del criptoactivo antes de que su cotización se desplomara.
La demanda civil tendrá un objetivo diferente del expediente penal: obtener una reparación económica por las pérdidas que los inversores atribuyen a la maniobra investigada. El monto todavía no fue determinado, aunque allegados a los ahorristas anticipan que será millonario, acorde a las denuncias que se presentaron sobre los montos invertidos.
En la causa se investiga una operatoria que habría permitido retirar alrededor de u$s100 millones mediante un número reducido de direcciones de billeteras digitales. El fracaso de la mediación habilita ahora a los damnificados a avanzar con la demanda judicial.
Para ello, la presentación deberá individualizar el daño atribuido a cada demandante, la relación entre sus operaciones y los hechos investigados y la responsabilidad que le adjudican a cada uno de los eventuales demandados. Esto representa un primer desafío dado que en el expediente penal el juez de primera instancia resolvió su apartamiento como parte querellante, entre otros argumentos, por la dificultad para demostrar las pérdidas.
La audiencia que definirá si los afectados vuelven a la causa
Mientras preparan el reclamo patrimonial, los inversores enfrentan otra disputa decisiva en el expediente penal: recuperar su condición de querellantes. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi hizo lugar a un planteo de la defensa de Novelli y apartó a cinco compradores de $LIBRA que intervenían como acusadores privados. La próxima semana el tribunal debería resolver la apelación, si se mantiene el cronograma.
El fallo no cerró la investigación ni resolvió si existió una maniobra delictiva, pero les quitó la posibilidad de pedir medidas, aportar prueba, recurrir resoluciones y controlar activamente el expediente. Las querellas funcionan, a la vez, como un actor de control sobre el proceso judicial.
Los abogados Nicolás Oszust y Juan Grabois apelaron el desplazamiento. La Sala I de la Cámara Federal convocó a una audiencia el próximo lunes para analizar el planteo y luego deberá resolver si los compradores pueden continuar como querellantes. El caso será tratado por la sala integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Para los damnificados, quedar afuera implicaría que la investigación continúe únicamente bajo el impulso del fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación cuestionan. La Fiscalía no se pronunció sobre el fondo de la disputa y sostuvo que la admisión o exclusión de los querellantes corresponde al juez.
El eje de ese primer fallo no fue determinar si los inversores perdieron dinero ni si existió una estafa. Martínez de Giorgi analizó si los cinco compradores acreditaron el perjuicio directo necesario para intervenir como víctimas dentro del proceso penal.
El artículo 82 del Código Procesal Penal permite actuar como querellante a quien haya sido particularmente ofendido por un delito de acción pública. Según el juzgado, no alcanza con demostrar un interés general, una operación especulativa o una pérdida económica eventual: debe existir un daño real, singular y directamente relacionado con la conducta investigada.
Para el magistrado, las pruebas presentadas no permitieron verificar suficientemente la titularidad de las billeteras utilizadas para comprar el token, el origen de los fondos ni la realización concreta de las operaciones.
Los compradores habían acompañado enlaces, capturas de pantalla y referencias a la administración de claves privadas. El juez consideró que esos elementos tenían valor indiciario, pero no bastaban para acreditar quién controlaba efectivamente cada wallet.
El fallo remarcó que las billeteras no custodiadas, como Phantom o Solana, no exigen procesos de identificación del usuario. La cadena de bloques permite reconstruir las transferencias entre direcciones, pero no necesariamente conocer la identidad real de la persona que las administra.
También sostuvo que la sola pérdida de dinero en un mercado de alta volatilidad no convierte automáticamente al comprador en víctima directa de una estafa.
La resolución describió a $LIBRA como una memecoin inserta en un mercado con regulación limitada y fuerte dependencia de las percepciones de sus participantes. Bajo ese criterio, un resultado económico desfavorable no puede atribuirse sin más a las acciones de los imputados.
Las querellas rechazaron esa posición. Afirmaron que su legitimación ya había sido revisada en instancias anteriores y que el avance de la investigación aportó elementos compatibles con una defraudación, en lugar de debilitar esa hipótesis.
La Cámara deberá resolver ahora si el criterio probatorio aplicado por Martínez de Giorgi fue correcto o si los compradores deben recuperar su capacidad de intervenir en la causa. En principio, está prevista una resolución para el 10 de agosto próximo.
La decisión tendrá efectos que exceden a los cinco afectados. El fallo fijó un estándar exigente para futuros inversores que pretendan presentarse como querellantes: deberán acreditar de manera fehaciente la titularidad de la billetera, el origen de los fondos, la operación realizada y el vínculo directo entre la pérdida y la maniobra investigada.
