Si bien el Congreso de la Unión aprobó una reforma para limitar las “pensiones doradas” en el sector público, las jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es motivo de debate, ya que representan un componente clave del sistema de seguridad social en el país. La discusión se intensificó luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera un acuerdo en el que decidió posponer la resolución de los amparos relacionados con recortes a pensiones que exceden el límite legal. Esta decisión quedó formalizada en el acuerdo general 3/2026. Con esta medida, los juicios en curso sobre el tema permanecerán sin una resolución definitiva. La razón es que el Pleno de la Corte busca establecer primero un criterio único que evite fallos contradictorios entre tribunales. En consecuencia, quienes impugnaron estos recortes deberán esperar una definición que, por ahora, no tiene fecha. Se trata de jubilaciones otorgadas bajo esquemas anteriores o condiciones especiales que permiten recibir montos superiores a los establecidos en la legislación vigente del ISSSTE. En años recientes, tanto el instituto como el gobierno federal impulsó su revisión, argumentando que representan un riesgo para la sostenibilidad financiera del sistema. El tema cobró fuerza cuando el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, promovió un mecanismo para revisar y, en su caso, ajustar o cancelar pensiones que superen el tope legal. Esta acción fue impugnada por beneficiarios, quienes alegan que se trata de derechos adquiridos. Ante la existencia de criterios distintos en tribunales y múltiples litigios, la SCJN determinó continuar con el trámite de los amparos, pero sin emitir sentencias hasta que exista una postura definitiva. El máximo tribunal sustentó esta decisión en el artículo 37 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, que le permite aplazar resoluciones cuando hay contradicciones relevantes. El objetivo es evitar decisiones inconsistentes y dar certeza jurídica tanto a pensionados como a autoridades. El ISSSTE opera bajo dos esquemas principales: Las “pensiones doradas” suelen estar vinculadas a este último modelo. Esto generó disputas legales, especialmente entre quienes buscan conservar montos elevados y las autoridades que intentan limitar estos pagos para garantizar la viabilidad financiera del sistema. El acuerdo de la Corte, publicado en el Diario Oficial de la Federación y vigente desde el 7 de abril de 2026, impide que los tribunales dicten sentencia en los casos relacionados con estos recortes hasta nuevo aviso. Por ahora, las pensiones cuestionadas se mantendrán sin cambios, ni aumentos ni reducciones. La decisión final dependerá del criterio que adopte el Pleno de la SCJN, lo que mantiene en incertidumbre tanto a los beneficiarios actuales como a quienes buscan preservar estos ingresos en el futuro.