

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, fijó un criterio que transforma el acceso al aborto en México, al permitir que el juicio de amparo ordene acciones estructurales a autoridades sanitarias para garantizar servicios seguros, accesibles y sin discriminación.
El fallo de la Suprema Corte, que ya genera rechazo en sectores como la Iglesia Católica, redefine el alcance del amparo al establecer que sus efectos pueden trascender lo individual cuando se invoque el interés legítimo frente a barreras estructurales.

Amparo de la Suprema Corte sobre el aborto con efectos más amplios
El máximo tribunal determinó que “el principio de relatividad de las sentencias de amparo… no constituye un impedimento” para ordenar medidas que garanticen el acceso al aborto voluntario en estados donde ya está despenalizado.
Esto implica que las resoluciones judiciales podrán ir más allá de quienes promueven el amparo, al permitir que jueces instruyan a autoridades de salud implementar servicios y difundirlos como parte del derecho a decidir.

La Suprema Corte explica su posicionamiento ante este fallo histórico
La Suprema Corte explicó que el interés legítimo permite impugnar “violaciones derivadas de contextos estructurales”, a diferencia del interés jurídico que se limita a afectaciones directas, lo que abre la puerta a resoluciones con impacto colectivo.
En ese sentido, subrayó que la restitución del derecho vulnerado “no puede lograrse mediante efectos estrictamente individualizados”, lo que justifica la adopción de medidas generales frente a omisiones institucionales persistentes.
La obligación del Estado ante los derechos de las mujeres sin hacer discrininación
El fallo reconoce que la falta de servicios de aborto constituye “una omisión estructural” que reproduce barreras institucionales y genera un contexto de discriminación contra mujeres y personas con capacidad de gestar.
Por ello, la Suprema Corte ordena que el amparo se traduzca en “la adopción de medidas idóneas para remover los obstáculos”, obligando a las autoridades a diseñar, implementar y difundir servicios accesibles, seguros y no discriminatorios.














