La empresa Meta Platforms, de Mark Zuckerberg, llegó a un acuerdo histórico en Estados Unidos para poner fin a una serie de demandas que la acusaban de diseñar Instagram y Facebook para generar adicción en los menores.
El pacto surgió durante un juicio que se desarrollaba ante una corte federal de California y evitó que el proceso llegara a un veredicto del jurado.
La compañía aceptó pagar hasta u$s 17.100 millones en multas, una de las cifras más altas que una tecnológica pagó a estados de ese país.
Meta también se comprometió a modificar sus productos: limitará el tiempo que los adolescentes pasan en sus plataformas y prohibirá funciones que fomentan problemas de salud mental.
Aunque 29 estados impulsaron la demanda federal contra Meta, el acuerdo alcanzado hoy incluye en total a 47 estados, entre litigantes y otros que se sumaron al pacto.
Qué dicen los demandantes y la defensa de Meta
El caso reunió las denuncias de los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, quienes alegaron infracciones a las leyes estatales de protección al consumidor.
El juicio también incorporó acusaciones de que Meta violó la Ley Federal de Protección de la Privacidad Infantil (COPPA) al recolectar datos de menores sin consentimiento de los padres.
Según la demanda, la empresa utilizó esos datos para entrenar modelos de inteligencia artificial y de aprendizaje automático.
Meta negó las acusaciones y sostuvo que trabajó activamente para proteger a los menores en sus plataformas a lo largo de los últimos años.
La compañía argumentó, además, que no pudo haber engañado a los consumidores sobre la adicción a las redes sociales, ya que ese cuadro no constituye un trastorno psiquiátrico reconocido.
Los estados presentaron el acuerdo este miércoles ante el tribunal de California y ahora resta que la jueza Yvonne Gonzalez Rogers lo apruebe.
El pago se dividirá en etapas. Meta desembolsará unos u$s 12.000 millones en una primera instancia. Luego, completará el monto total únicamente si Snap, TikTok y YouTube también alcanzan acuerdos con los estados y aceptan sanciones y cambios similares en sus productos.
Curtis Joseph, director legal de Meta, escribió en sus redes que la compañía busca garantizar que “los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva” en sus plataformas.
Joseph agregó que la empresa se asoció con los fiscales estatales para fijar un nuevo estándar para la industria y llamó a otras compañías a sumarse al acuerdo, ya que los adolescentes usan docenas de aplicaciones distintas.
El fiscal general de California, Rob Bonta, había señalado en un comunicado previo que Meta aceptó “grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño” en sus plataformas.
Cómo se gestó el histórico acuerdo
Antes del juicio, Meta había señalado que California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey reclamaban hasta u$s 1,4 billones en sanciones, aunque los estados no habían precisado una cifra concreta.
Los demandantes habían adelantado, de todos modos, que el monto rondaría los u$s 200.000 millones, equivalentes a unos tres años de ganancias de la compañía después de impuestos.
El proceso se inició en agosto ante los abogados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que encabezaron la coalición bipartidista de 29 estados.
El juicio, con un jurado de ocho personas, estaba previsto para extenderse seis semanas, aunque su veredicto iba a ser solo consultivo.
Estaba previsto que testificaran Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram, para determinar cuánto conocía la empresa sobre los riesgos para los menores.
El acuerdo llega después de que un tribunal de Los Ángeles condenara a Meta y a YouTube a pagar u$s 6 millones a una joven que se declaró adicta a las redes sociales desde la infancia.
Los estados también reclamaban una indemnización adicional por daños y una orden que impidiera que los menores crearan cuentas en las plataformas de la compañía.
Las demandas resueltas forman parte de una oleada más amplia de litigios que enfrenta Meta, impulsados por gobiernos locales, distritos escolares y particulares.
Esos reclamos alegan que la compañía agravó una crisis de salud mental entre los jóvenes y se espera que se resuelvan en los próximos meses.
Los otros 25 estados que integraban la coalición original tendrán procesos judiciales posteriores contra la empresa.
