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El juicio federal contra Meta Platforms por el impacto de Facebook e Instagram en niños y adolescentes comenzó en California, con una demanda que podría tener consecuencias económicas y regulatorias de gran alcance. El caso combina acusaciones de daño a menores, prácticas adictivas y uso indebido de datos.
Los abogados de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey abrieron el proceso en una corte federal de Oakland. Los cuatro estados encabezan una coalición bipartidista de 29 estados que sostiene que Meta diseñó sus plataformas para atraer y retener a los usuarios jóvenes.
El juicio tendrá una duración estimada de seis semanas y contará con un jurado de ocho personas. Sin embargo, su veredicto será consultivo: la decisión final sobre la responsabilidad de Meta corresponderá a la jueza Yvonne González Rogers.
Qué sostiene la demanda
Las autoridades estatales aseguran que Facebook e Instagram fueron desarrollados con funciones capaces de generar un uso compulsivo entre niños y adolescentes. Según los demandantes, esa estrategia habría contribuido a problemas de salud mental, incluidos ansiedad, depresión y, en algunos casos, suicidio.
Los estados también acusan a Meta de haber engañado a consumidores sobre la seguridad de sus plataformas. En paralelo, sostienen que la compañía violó la legislación federal al recopilar y utilizar de manera indebida información personal de menores durante su actividad en las redes sociales.
La acusación plantea que el modelo de negocio de Meta impulsó una búsqueda deliberada de mayor tiempo de permanencia. La tesis de los estados es que el diseño de las plataformas priorizó el lucro por encima de la seguridad infantil.
El expediente sostiene que Meta utilizó tecnologías para atraer, involucrar y mantener atrapados a jóvenes y adolescentes. Para los fiscales generales, esas prácticas no serían simples consecuencias involuntarias del funcionamiento de las redes, sino parte de una estrategia empresarial.
La defensa de Meta
La compañía rechaza las acusaciones y asegura que el juicio demostrará que realizó esfuerzos importantes para proteger a los menores. Meta sostiene que escuchó a padres, trabajó con expertos y fuerzas de seguridad, y desarrolló investigaciones para comprender los principales riesgos para los jóvenes.
La empresa también argumenta que los estados no lograron demostrar que sus residentes hayan sufrido daños atribuibles a sus plataformas. Además, niega haber realizado afirmaciones engañosas sobre la seguridad de Facebook e Instagram.
En una presentación judicial del 6 de julio, Meta cuestionó especialmente la posibilidad de una sanción de enorme magnitud. La compañía calificó esa eventual multa como desproporcionada frente a las infracciones denunciadas.
La empresa sostuvo que una sanción de ese tamaño no tendría precedentes en la historia de la aplicación de las normas de protección al consumidor. Expertos citados durante el proceso también consideraron improbable que la resolución final alcance el máximo planteado por los fiscales generales.
Una cifra extraordinaria sobre la mesa
Los demandantes aún no fijaron de manera definitiva el monto de las sanciones que pedirán. Sin embargo, durante una audiencia celebrada la semana pasada señalaron que la cifra podría acercarse a u$s 200.000 millones, equivalente a unos tres años de beneficios después de impuestos de Meta.
Los cuatro estados que impulsan esta etapa del proceso reclaman además u$s 1400 millones por presuntos daños relacionados con la seguridad infantil. La acusación sostiene que Meta creó funciones adictivas para menores y recopiló datos sin el consentimiento correspondiente.
Para dimensionar el reclamo, el profesor James Grimmelmann, de Cornell, consideró que una sanción de u$s 200.000 millones podría llevar a Meta a la quiebra. También señaló que, en los hechos, los estados podrían terminar controlando la compañía, aunque juzgó ese desenlace extremadamente improbable.
Grimmelmann comparó el caso con otros litigios de daños potencialmente masivos en los que los tribunales terminaron aplicando sanciones muy inferiores a las reclamadas. Entre sus ejemplos mencionó un litigio relacionado con el entrenamiento de inteligencia artificial de Anthropic.
En ese expediente, los demandantes reclamaban u$s 150.000 por cada libro utilizado en el entrenamiento. La resolución final estableció u$s 3000 por libro y una suma total cercana a u$s 1500 millones.
El antecedente de Los Ángeles
El proceso federal de Oakland llega después de otro juicio relevante sobre redes sociales y menores. En Los Ángeles, un tribunal estatal concedió u$s 6 millones en daños a una joven que afirmó haberse vuelto adicta a las redes sociales cuando era niña.
Ese caso involucró a Meta y YouTube, propiedad de Google, y funcionó como una prueba dentro de miles de demandas civiles similares. El jurado concluyó que ambas compañías actuaron con negligencia en el diseño u operación de sus plataformas.
También determinó que esa negligencia fue un factor sustancial en el daño sufrido por la demandante. Además, concluyó que Meta y YouTube conocían los riesgos potenciales para menores y no los habían advertido adecuadamente.
Ese antecedente refuerza la relevancia del juicio federal, aunque las causas no son idénticas. El proceso de Oakland incorpora reclamos presentados por gobiernos estatales y suma acusaciones relacionadas con la recopilación de datos personales.
Qué puede cambiar en Facebook e Instagram
El juicio no gira únicamente alrededor del dinero. Una decisión adversa para Meta podría obligar a introducir modificaciones importantes en el funcionamiento de sus plataformas, especialmente en las herramientas dirigidas a niños y adolescentes.
En los últimos años, Meta ya incorporó varias medidas destinadas a reducir esos riesgos. En 2024 lanzó las llamadas cuentas para adolescentes de Instagram, configuradas como privadas por defecto y acompañadas por restricciones de mensajería y contenidos.
Estas cuentas también incluyen controles parentales. La compañía, además, utiliza inteligencia artificial para detectar posibles usuarios menores de 13 años en Instagram y para identificar adolescentes que podrían estar falseando su edad para acceder a funciones reservadas para adultos.
Los defensores de la seguridad infantil consideran insuficientes esas medidas. A comienzos de agosto, un juez de Nuevo México ordenó implementar nuevas protecciones, entre ellas límites de tiempo para menores, restricciones sobre chatbots de inteligencia artificial y advertencias obligatorias.
Esa resolución se aplica únicamente a usuarios de Nuevo México, pero refleja una presión judicial más amplia sobre las empresas tecnológicas. El proceso de Oakland podría llevar esa presión a una escala mucho mayor.
Un juicio observado por toda la industria
Laura Marquez-Garrett, del Social Media Victims Law Center, sostuvo que los fiscales generales tienen una posibilidad concreta de modificar el producto. Su planteo refleja una de las claves del proceso: los estados buscan algo más que una compensación económica.
Los demandantes pretenden demostrar que determinadas decisiones de diseño contribuyeron a crear un entorno perjudicial para los menores. Si la jueza encuentra responsabilidad, podría imponer sanciones civiles y ordenar modificaciones en Facebook e Instagram.
Los otros 25 estados que forman parte de la acción presentada hace tres años tendrán procesos posteriores. Por eso, el juicio de Oakland puede convertirse en un precedente para una disputa mucho más amplia sobre las redes sociales.
Zuckerberg y Mosseri, bajo la lupa
El proceso también tendrá una dimensión corporativa de alto perfil. Está previsto que testifiquen Mark Zuckerberg, cofundador y presidente ejecutivo de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram.
Sus testimonios podrían convertirse en una parte central del juicio, especialmente para determinar cuánto conocía la compañía sobre los riesgos asociados al uso de sus plataformas por menores y qué medidas decidió adoptar frente a ellos.
Para Meta, el caso llega además en un momento especialmente delicado. La empresa ya perdió durante este año dos litigios relacionados con daños a niños y adolescentes y reportó recientemente una caída de sus ganancias, atribuida en parte a USD 2.400 millones en gastos legales.
La selección del jurado mostró también hasta qué punto la discusión excede a la empresa. A los candidatos se les preguntó si creen que Meta contribuyó a la crisis de salud mental juvenil y en qué medida.
Muchos respondieron afirmativamente, aunque también mencionaron la responsabilidad de los padres y otros factores sociales. Entre ellos aparecieron el cambio climático y las condiciones generales del mundo actual.
El juicio, por lo tanto, pondrá a prueba algo más amplio que la responsabilidad de una compañía. También enfrentará a los tribunales con la pregunta de cuánto deben responder las plataformas por los efectos de su diseño.
La respuesta podría determinar cuánto le cuesta a Meta la actual batalla judicial, pero también establecer nuevas reglas para Facebook e Instagram. Con un veredicto consultivo, una decisión final en manos de la jueza y otros 25 estados esperando su turno, el resultado de Oakland puede marcar un punto de inflexión para la seguridad infantil en las redes sociales.
Con información de Reuters y EFE.
