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Las actividades lectivas en Tierra del Fuego alcanzaron un punto crítico tras cumplir un mes consecutivo con las clases suspendidas.
La continuidad de las protestas responde al rechazo sistemático de las pautas salariales otorgadas hasta el momento, las cuales son calificadas por los trabajadores de la educación como parches temporales que no llegan a cubrir el costo de la canasta básica regional ni la acelerada pérdida del poder adquisitivo.
A lo largo de estas cuatro semanas de huelga ininterrumpida, las acciones sindicales se han profundizado con ollas populares, acampes e intensas movilizaciones hacia los sedes del poder político.
El reclamo no se limita únicamente al aspecto recompositivo de los haberes, sino que contempla una exigencia estructural por la infraestructura edilicia escolar y la implementación de programas de financiamiento operativo para los establecimientos públicos.
Cuestionamientos a la última oferta y la exigencia de una definición política
En el marco de las negociaciones paritarias, los representantes del Gobierno formalizaron una propuesta de incremento de $59.000 para ser distribuida a lo largo del período agosto-diciembre.
Sin embargo, la dirigencia sindical tildó la cifra de insostenible por considerarla una ratificación del ajuste económico sobre los trabajadores. Desde el sector se fundamenta que cualquier pauta viable debe proyectarse al menos hasta febrero para dar previsibilidad frente a la inflación acumulada.
Ante la falta de avances significativos, las demandas se han redirigido hacia la cúpula del Ejecutivo provincial y el área económica, señalando que son los únicos actores con la atribución política necesaria para destrabar el conflicto.
A su vez, otro punto innegociable en la mesa de diálogo radica en los severos descuentos aplicados por los días de huelga, exigiendo la inmediata devolución de esos montos retenidos y la garantía de que no existan nuevas deducciones sobre los sueldos.
El reclamo por el financiamiento nacional y el estado de las escuelas
El trasfondo de esta prolongada medida de fuerza también incorpora duras críticas a la quita de fondos clave para el sistema educativo, como la eliminación de programas de infraestructura, la suspensión del incentivo docente y la falta de presupuesto para escuelas técnicas.
La dirigencia remarcó que el sostenimiento de las instituciones requiere recursos concretos y no simples discursos, señalando que el deterioro de los edificios escolares y la pérdida de partidas nacionales agravan aún más el escenario de tensión que mantiene cerradas las aulas.
Las bases deciden en asambleas el futuro de las medidas de fuerza
Pese a catalogar el ofrecimiento ministerial de insuficiente, la representación gremial activó los mecanismos de consulta interna para que la docencia defina de forma democrática la postura final.
Tras la realización de congresos informativos y la distribución de las grillas salariales según las distintas escalas de antigüedad, los establecimientos educativos celebran jornadas de debate para votar por la aceptación o el rechazo definitivo de la propuesta.
El cronograma de votación y mandato institucional concluirá en las primeras horas del viernes, momento en que las autoridades sindicales realizarán el recuento general de los votos.
De no mediar una rectificación en las cifras o la ratificación del rechazo por parte de los trabajadores, la provincia mantendrá las aulas vacías y sostendrá el plan de lucha en las calles de cara a las próximas semanas.
