SIRA: menos dólares, más incertidumbre y una nueva restricción ponen bajo presión a la economía

Lejos de aflojar, en septiembre, el alcance de la Comunicación A 7532, que endureció el acceso a dólares para el pago de importaciones en junio, se prorrogó y, al día de hoy, generó un volumen de entre 6000 y 9000 millones de dólares en concepto de compras al exterior devengadas, aquellos insumos, piezas o partes que están en viaje o ya ingresaron al país, pero deberán ser cancelados a proveedores en el exterior en los próximos meses.

La bonanza sojera, tampoco trajo alivio, a la inversa, el gabinete que conduce Sergio Massa activó el plan "cuidar reservas" y puso aún más torniquetes. Por un lado, amplió de 1500 a 4000, aproximadamente, el conjunto de posiciones arancelarias bajo Licencias No Automáticas (LNA); encareció el acceso al mercado de cambios a través del "dólar Qatar" y el "dólar Coldplay"; con algunos beneficios para atraer divisas de sectores puntuales como el de servicios del conocimiento con el "dólar tecno".

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Con la implementación del sistema de control de importaciones (SIRA) el Gobierno logró resetear el mecanismo y puso en cero las medidas cautelares que exigían las reservas del Banco Central. Sólo garantizando el ingreso de productos indispensables como insumos médicos, de seguridad y otros pocos, durante las primeras dos semanas de octubre redujo de u$s 40 millones diarios, en promedio, a u$s 7 millones diarios, los pagos del BCRA.

"Si bien la posibilidad de reducir la demanda de importaciones viene posibilitando un menor rojo para el BCRA, es esperable que los controles comiencen a tener una mayor incidencia negativa sobre la actividad económica vía una menor disponibilidad de insumos y bienes finales, generando asimismo mayor presión sobre los precios y la brecha cambiaria", señaló un informe de Ecolatina donde apuntó que "el principal objetivo sigue siendo el mismo: evitar (al menos en el corto plazo) un salto discreto del tipo de cambio".

La otra cara del ajuste

A la espera de que las propias firmas consigan acreedores en el exterior para que financien las importaciones o incluso que utilicen sus propias divisas para comprar bienes e insumo en el exterior, la postergación de pagos (Comunicación A 7532), según datos de Ecolaitna, acumula hasta septiembre más de u$s 6600 millones y ya comienza a ubicase cerca de los niveles de 2017-2019. 

Más del 70% de los pasivos acumulados en el año corresponden a lo sucedido entre junio y septiembre, donde se postergaron pagos de importaciones por u$s 4700 millones. No obstante, aclara el informe, la brecha entre las importaciones pagadas (MULC) y las devengadas (ICA) mostró una leve reducción en el último mes: al pasar de u$s 1300 millones entre junio y agosto, en promedio, a menos de u$s 600 millones en septiembre.

El pronóstico es más complejo al incluir las estimaciones de ingreso de divisas del agro los próximos meses. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) evaluó que la próxima campaña será la más baja en años debido a las malas condiciones climáticas.

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Los analistas de la BCRA, destacaron que entre octubre y marzo del 2023 - hasta la gruesa - quedarían para liquidar unos u$s 12.000 millones, mientras que, en promedio, en los últimos meses el BCRA destinó más de u$s 7000 millones a importaciones.

Pero no sólo habrá que pagar nuevos insumos, piezas y partes del exterior para mantener el ritmo de actividad, sino los ya devengados. En los próximos 180 días el BCRA debe afrontar el pago de compras del exterior por u$s 9400, según cálculos de la BCR, un dato que explica por qué el Gobierno no saca el pie de las importaciones.

Olla a presión

Se estima que, por cada punto de crecimiento del PBI, las importaciones crecen 3 veces, por eso, con las restricciones ponen bajo presión el ritmo de la economía. De hecho, en las dos primeras semanas del nuevo régimen, dos plantas automotrices debieron frenar la producción hasta lograr que ingresen las piezas al país. Al margen de situaciones concretas, en general, la industria y el comercio se mantienen en alerta por faltantes.

El problema fue planteado al ministro Massa y en las tres ventanillas que marcan el ritmo de las importaciones, la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Aduana, y el Banco Central.

Con diferencias, desde la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Fabricantes Automotores (Adefa), los distintos operadores del comercio como despachantes hasta las pymes nucleadas en IPA (Industriales Pymes Argentinos), destacan el reordenamiento del comercio, pero apuntan contra una nueva restricción: la de contar con divisas para el pago anticipado de importaciones, que funciona como una seña para que el proveedor en el exterior despache la compra.

Hasta el viernes, según coincidieron fuentes del sector privado que dialogan con funcionarios, del total de solicitudes, se aprobó "como mucho" el 2%. Más allá de problemas de empalme, entre el SIMI (anterior) y el SIRA, en 10 días hábiles, se detectaron inconvenientes en la interfaz que conecta la Secretaría de Comercio y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); se registraron bloqueos sin justificación y se demora más de lo habitual en levantarlos.

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El planteo también fue eje central en el encuentro que mantuvo Sergio Massa con la cúpula directiva de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), este jueves, donde le expresaron que las últimas normativas "repiten las situaciones de incertidumbre e interrogantes sobre la precisión de la administración de importaciones que ya se había instalado en el régimen SIMI con los cupos y categorías".

La entidad trasladó al Ministro las principales inquietudes de los empresarios mercantiles, y puso como prioridad la suspensión de pagos anticipados y/o a la vista -cuando el producto está en camino- en operaciones que involucran insumos que se producen puntualmente para un importador. "Resultan en muchos casos de imposible concreción y el desabastecimiento de la línea de producción genera inevitables suspensiones", advirtió.

Además, entre otros puntos, alertaron que "establecer, como regla general, un plazo de 60 días para la opinión de terceros organismos puede desencadenar gestiones demasiado prolongadas", y explicaron que el plazo de vigencia de la SIRA de 90 días y su prórroga por otros 90 días, que no siempre se aprueba automáticamente, generan muchos inconvenientes".

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"Las demoras en la producción, los desajustes logísticos mundiales, los tiempos de tránsito y de espera por el uso de buques feeder, colocan al operador en una situación de gran inseguridad y plazos insuficientes", apuntaron desde la mesa que encabezó Natalio Grinman, titular de la CAC.

El ministro se llevó del encuentro una propuesta que, según precisaron, "coexistente" con las herramientas establecidas y puede ser una opción para que el normal aprovisionamiento de las pymes.

"Pagar con dólares alternativos o financiarse con alguna entidad del sector privado, es inviable para un país como la Argentina con cambio de reglas de juego constantes y falta de certidumbre frente a una demanda importadora de entre el 70 y 85 por ciento para el proceso productivo, pero también de bienes finales que no se fabrican en el país o que forman parte de la oferta diversificada", analizó Esteban Marzorati, exdirector de Importaciones de la Nación.

En este sentido, apuntó a la generación de tratados comerciales dentro de un plan de estabilización que de "un poco de credibilidad", como se generó con el "dólar soja", aunque marcó que "tiene su costo en la economía real". Aunque señaló que el escenario actual es complejo, destacó que "más presión importadora se traduce en menos incentivo a la exportación", que es la opción más saludable para ingresar divisas al país.