Retenciones: un repaso de las idas y vueltas del gobierno de Alberto Fernández

La sola posibilidad deslizada por parte del Ejecutivo de un nuevo aumento de alícuotas a los productos del agro despertó el rechazo de las entidades del campo y de la oposición.

En tiempos de desequilibrios e incertidumbre, subir las retenciones al campo se convierte en una tentación para cualquier gobierno que tenga la necesidad de fondos frescos y esté dispuesto a afrontar el costo de elevar la presión tributaria al sector más competitivo de la economía argentina.

En esta ocasión, motivados por el galopante comportamiento de los precios de los alimentos, los cañones del Gobierno apuntarían a subir los gravámenes al maíz, al trigo y a las carnes, para incentivar la oferta interna de alimentos, aunque la posibilidad ya generó la misma resistencia entre las entidades rurales

Subir las retenciones históricamente fue uno de los botones que el kirchnerismo siempre consideró en su tablero de control, pero es uno de los que más queman por el descontento que desatan. 

A continuación, un repaso de los cambios adoptados por el gobierno de Alberto Fernández en la materia.

Disputa con antecedentes

Implantados en el gobierno de Eduardo Duhalde tras la salida de la convertibilidad, con la meteórica disparada de los precios internacionales de la soja los derechos de exportación se convirtieron en un importante canal recaudatorio para las administraciones kirchneristas.

Ante la menguante trayectoria fiscal que desde 2007 comenzó a arrojar déficit, el entonces recién asumido gobierno de Cristina Kirchner buscó establecer retenciones móviles, iniciativa que derivó en un feroz conflicto con el campo que duró meses.

Finalmente, el voto "no positivo" del vicepresidente, Julio Cobos, hizo naufragar el proyecto kirchnerista, pero la espuma de la disputa no bajó hasta la asunción de Mauricio Macri.

Pero la administración de Alberto Fernández hizo resurgir las viejas tensiones entre el kirchnerismo y el campo, que nunca cesaron en el ámbito discursivo mientras el primero era oposición, con una suba de las retenciones a la soja y sus derivados de 24,7% a 30%.

Es que la administración de Mauricio Macri en septiembre de 2018 fijó hasta el 31 de diciembre de 2020 una alícuota de 12% para todos los bienes exportables pero con un tope de $ 4 por cada dólar de base imponible. Esa tasa fija en pesos licuaba la retención a medida que se depreciaba el tipo de cambio.

No obstante, al asumir, el gobierno de Alberto Fernández eliminó ese tope de $ 4, pero mantuvo la alícuota generalizada de 12%, que por ejemplo elevó la carga sobre la soja y los demás productos. Para unas 600 exportaciones, con esa norma la carga bajó a 9%.  

Este no fue el único aumento que dispuso, dado que la Ley de Solidaridad en las semanas iniciales de su mandato autorizaba elevar la alícuota hasta 33% para la oleaginosa, lo que terminó definiendo a comienzos de marzo. En tanto, para el trigo, el maíz y el sorgo quedaron en 12%, pero con margen para que suban a 15%.

Problemas de la pandemia

Con la llegada de la pandemia, el Ejecutivo tuvo un nuevo conflicto con el campo, pero no por las retenciones, sino por la iniciativa de expropiar Vicentin y meterse en el mercado de granos. El rechazo generalizado del sector y de la oposición abortó el proyecto e incrementó las fricciones.

A comienzos de octubre, con la escalada de la brecha cambiaria y la incertidumbre, en un combo de medidas el Ministerio de Economía anunció un sendero de reducción de las alícuotas para la soja y sus derivados que se revertirían gradualmente hasta volver a 33% en enero, en busca de impulsar la liquidación y robustecer la menguante oferta de dólares en el mercado cambiario.

Inicialmente la soja pasó a tener una alícuota de 30%, que después se incrementaría a 31,5% en noviembre, a 32% en diciembre y volvería a 33% en enero. En cambio los derivados como el aceite, la harina y los pellets bajaron de 33% a 28% en octubre y, tras una suba escalonada, quedarían en 31% desde 2021, dos puntos por debajo debajo de la del poroto.

La medida no tuvo éxito y lo embolsado por retenciones incluso cayó nominalmente en la comparación interanual, aunque los números de 2019 tienen un sesgo al alza por el adelantamiento de ventas que realizaron los exportadores entre las elecciones presidenciales y la asunción de Fernández, con la expectativa de una suba del impuesto.

Sobre el final del año, el ejecutivo fijó nuevas alícuotas de derechos de exportación para casi 4400 productos, cerca del 43% de todos los alcanzados por el impuesto, el último día en que tenía permitido hacerlo. La medida alcanzó más de 700 productos agropecuarios, a los que les asignó una alícuota más baja a los productos "de mayor valor agregado".

Nuevas necesidades

Ya transcurridas algunas semanas de 2021, en el Ejecutivo estudian una nueva suba de retenciones. El motivo que esbozan es intensificar el desacople de precios internacionales de los productos agropecuarios y sus derivados.

Según este razonamiento, las retenciones reducen el margen de ganancia de los exportadores y achican la diferencia de ingreso entre la venta al exterior, apuntalada por precios internacionales al alza y depreciación gradual pero constante del tipo de cambio, y la comercialización del mercado interno.

No obstante, para los analistas se trata de un efecto muy limitado, especialmente en el corto plazo, debido a que las subas de alimentos en Argentina están apuntaladas en mayor medida por factores locales como el alto nivel de nominalidad alcanzado con la expansión monetaria para cubrir el enorme déficit fiscal de 2020.

Pero detrás de la motivación de los precios hay otros provechos que el Gobierno podría sacarle a una suba de retenciones.

Por un lado, aparece como una interesante fuente de recaudación, dado que, si bien en 2020 su desempeño fue bastante pobre respecto a 2019 (-2,7% interanual), en enero ya comenzó a impulsar los ingresos al representar más del 10% de lo que captó el Fisco, en un año de fuertes necesidades fiscales.

Por otro, el anuncio de que se analiza la posibilidad de la medida puede generar temor entre los productores y exportadores que los impela a apurar ventas y liquidación de operaciones que robustezcan transitoriamente la oferta de divisas en el mercado cambiario oficial.

En el caso del maíz y del trigo, el Gobierno puede subir los derechos de exportación del 12% actual hasta un 15% por decreto antes de fin de año, según prevé la Ley de Solidaridad. Si quisiera una suba mayor, debería ir al parlamento.

No obstante, en el caso de la soja, el Gobierno no tiene autorización legal para subir las alícuotas por decreto, así que debería enviar un proyecto al Congreso que eleve el tope.

Al rechazo generalizado de Juntos por el Cambio (JxC), que tiene 115 diputados, se sumó el repudio del interbloque Federal, que nuclea entre otros a los legisladores que responden al gobernador cordobés, Juan Schiaretti, y al ex ministro de Economía Roberto Lavagna, con lo que la oposición quedaría al filo de la mayoría simple con la que podría bloquear cualquier iniciativa de este tipo.

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