En esta noticia
El Gobierno anunció este jueves la creación de un nuevo mecanismo de coordinación dentro de la Cancillería para centralizar y ordenar las acciones estatales que puedan tener impacto sobre la política exterior argentina y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
La medida fue comunicada por la Oficina del Presidente a través de un documento oficial fechado este 10 de septiembre, en el que se establece la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 10, 2026
Según el comunicado, el nuevo esquema tendrá como objetivo implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para aquellas actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales del país.
La decisión se conoce pocos días después de que el Gobierno profundizara su ofensiva diplomática y económica contra las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas.
Malvinas: cuáles son los pasos a seguir para el Gobierno
El nuevo sistema funcionará dentro de la cartera del ministro Pablo Quirno y tendrá como finalidad que las distintas áreas del Estado mantengan una posición coordinada frente a las cuestiones relacionadas con la política exterior.
En particular, el Gobierno busca que las decisiones oficiales sean compatibles con los lineamientos generales de la política exterior argentina respecto de los derechos de soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
El comunicado sostiene que la coordinación permitirá a la Cancillería garantizar que las actividades vinculadas con las relaciones exteriores mantengan una postura “coherente” y “uniforme”.
Una nueva señal de endurecimiento por las Islas Malvinas
El anuncio se produce en un momento en el que la administración Milei volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su agenda internacional.
La semana pasada, el Presidente anunció que su Gobierno avanzaría con sanciones contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas y anticipó el envío al Congreso de un proyecto para endurecer la respuesta argentina frente a compañías que participen de actividades que el Ejecutivo considera contrarias a los intereses nacionales.
El principal foco económico de la disputa está puesto en el proyecto Sea Lion, un desarrollo petrolero frente a las islas que involucra a empresas como Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.
La explotación de hidrocarburos agrega una dimensión económica al histórico reclamo territorial argentino, en momentos en que el Gobierno busca utilizar también su capacidad de presión sobre las compañías internacionales que operan o pretenden operar en la zona.
