El canciller Pablo Quirno aseguró que el Gobierno avanzará con sanciones contra las empresas que participen, de manera directa o indirecta, en la explotación petrolera de las Islas Malvinas y encuadró la decisión dentro de una estrategia de “diplomacia económica” destinada a defender los intereses argentinos.
Durante su exposición en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, el funcionario precisó que el alcance de las medidas comprende a unas 180 compañías, entre operadoras petroleras, proveedores de servicios, entidades financieras y aseguradoras.
“Van a tener que elegir” entre operar en Malvinas y ser sancionadas en el país o invertir en la Argentina, planteó Quirno. Según explicó, las firmas involucradas ya fueron notificadas acerca de las consecuencias que enfrentarán si participan en proyectos desarrollados sin autorización argentina.
El planteo se inscribe en las medidas anunciadas por Javier Milei frente al avance de Sea Lion, el proyecto de explotación offshore encabezado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.
La iniciativa contempla una inversión cercana a los u$s 1800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el comienzo de las extracciones en 2028.
El Gobierno dispuso reglamentar la Ley 26.659 para acelerar las sanciones y anticipó el envío al Congreso de un proyecto que ampliará su alcance. La norma actual prohíbe operar en el país a las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización.
Quirno explicó que, cuando esa legislación fue sancionada, la Argentina todavía no había desarrollado activos capaces de competir con las oportunidades ofrecidas en las islas. “Cuando se dictó la ley en 2011, 2013, no existía Vaca Muerta”, señaló.
Para el canciller, el crecimiento del potencial energético argentino modificó ese escenario. Las empresas, sostuvo, ahora deberán optar entre invertir en un territorio en disputa mediante licencias que el país considera ilegales o ingresar a un mercado con mayor potencial de negocios y seguridad jurídica.
La reforma también buscará incorporar un mecanismo que permita levantar las sanciones cuando una compañía abandone sus actividades en Malvinas. Quirno consideró que el régimen vigente no ofrece incentivos suficientes para que una firma sancionada revierta su decisión, ya que la exclusión del mercado argentino puede volverse definitiva.
Además, el Ejecutivo incorporó una declaración jurada para las empresas que soliciten ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A través de ese documento, deberán acreditar que no incumplen la Ley 26.659.
La “diplomacia económica” del Gobierno
Quirno definió la estrategia como un ejercicio de “diplomacia ejecutiva y diplomacia económica”, en el que confluyen instrumentos diplomáticos, legales, económicos y financieros.
El canciller vinculó incluso las decisiones oficiales con la caída que sufrieron las acciones de las empresas involucradas en Sea Lion: Rockhopper perdió 6,3% en Londres y Navitas retrocedió 2,3% en Tel Aviv durante la jornada.
“Estas no son medidas a la marchanta”, afirmó. De acuerdo con el funcionario, forman parte de una estrategia coordinada para conseguir “el mayor impacto posible” y fortalecer la capacidad de negociación de la Argentina frente al Reino Unido.
En ese sentido, sostuvo que la valorización de recursos estratégicos como Vaca Muerta permite al país adoptar una posición diferente ante el mundo. El razonamiento oficial es que una economía con activos atractivos, equilibrio fiscal y capacidad para recibir inversiones cuenta con mayores herramientas para ejercer presión sobre las empresas y los países involucrados.
El Gobierno también anunció la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego, con el objetivo de reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística antártica y fortalecer el control sobre el Mar Argentino. Las medidas fueron presentadas por el Ejecutivo como parte de una estrategia transversal para la defensa de los recursos y la soberanía.
La credibilidad para abrir mercados
Quirno extendió el concepto de diplomacia económica a la estrategia comercial del Gobierno. En ese marco, aseguró que “la credibilidad ganada es fundamental para abrir mercados externos”, tanto para ampliar las exportaciones como para atraer inversiones.
Para el canciller, la política exterior debe funcionar como una extensión del programa económico: la estabilidad macroeconómica, el respeto por los contratos y la previsibilidad regulatoria son condiciones necesarias para que la Argentina pueda acceder a nuevos destinos comerciales y aumentar su capacidad de negociación.
Así, Quirno vinculó la apertura de mercados y la defensa de la soberanía sobre Malvinas bajo una misma idea: el peso internacional del país depende también de su fortaleza económica y del valor que logre otorgarles a sus activos estratégicos
