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La Oficina del Presidente confirmó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 sujetos este viernes. La medida alcanza tanto a personas humanas como a personas jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
De acuerdo al comunicado oficial, la Cancillería argentina investigará violaciones al artículo 2° de la Ley N° 26.659, norma que prohíbe la exploración sin autorización nacional, tal como lo anticipó Javier Milei en su mensaje en cadena nacional del jueves.
El texto oficial precisa que el Estado apuntará contra empresas, accionistas y proveedores de servicios por igual. Es decir, no solo las petroleras que operan ilegalmente enfrentarán sanciones, sino también quienes las financian o las asisten técnicamente.
El comunicado sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur “son argentinas por historia y por derecho”. Y agrega que la ocupación británica profundizó la extracción de recursos naturales en los últimos meses, lo que motivó la respuesta
En esa línea, señala: “Esta medida constituye un acto de justicia para todos aquellos que lucharon y dieron su vida por nuestra Nación. Es también un mensaje claro hacia el mundo: la República Argentina no resigna ni resignará jamás su soberanía sobre las Islas Malvinas”.
Y concluye: “Quienes hoy pretenden lucrar violando esa soberanía encontrarán en el Estado argentino toda la firmeza de la ley para hacer valer lo que por historia y por derecho le pertenece”.
Ofensiva oficial contra la explotación en el archipiélago
Milei anticipó la medida este jueves en cadena nacional, cuando advirtió sobre un “peligro claro y urgente” en el Atlántico Sur. Según el mandatario, si la Argentina no actúa con firmeza, las petroleras extranjeras consolidarán en pocos meses el control de las reservas.
Durante su discurso, el Presidente anunció que el Estado desplegará herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales contra los actores que exploten hidrocarburos sin permiso. También convocó a toda la dirigencia política a mostrar un frente unido en torno a la causa Malvinas.
El Gobierno no limitó los anuncios a las sanciones petroleras. Milei confirmó además la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, pensada para reforzar la presencia militar argentina en la región austral del país.
El Poder Ejecutivo también adelantó el envío al Congreso de una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Con esa iniciativa, el oficialismo busca dotar de mayor respaldo legal a las medidas contra la explotación ilegal de recursos.
Dos decretos, el punto de partida
En paralelo, Casa Rosada oficializó este viernes dos decretos en el Boletín Oficial. El primero, 867/2026, dispuso una ampliación presupuestaria para el Ministerio de Defensa, distribuida entre el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto.
El segundo, 868/2026, endureció los controles sobre la explotación en la plataforma continental. Esta norma no crea un régimen nuevo, sino que agiliza los mecanismos sancionatorios ya previstos desde 2011 por la Ley 26.659.
Entre las compañías señaladas por operar en la región figuran Navitas, Rockhopper, la británica Borders & Southern y la canadiense JHI, además de firmas que les prestan servicios e infraestructura logística.
