Este martes en la Casa Rosada se volvió a reunir la Mesa Política, esta vez con las Islas Malvinas como eje central. A partir de las 13, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza el encuentro al que se sumarán por primera vez el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, para avanzar en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y ordenar las próximas medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en cadena nacional.
La reunión se produce después de un fin de semana en el que el Gobierno comenzó a transformar el anuncio presidencial en medidas concretas. El Ejecutivo no solo avanzó contra las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, sino que consiguió además una primera reacción de grandes compañías internacionales de servicios petroleros y un respaldo explícito del sector empresario local.
Participan además los habituales miembros de la mesa: el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el titular de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; el asesor Santiago Caputo; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.
El primer paso fue el Decreto 868/2026, publicado después de la cadena nacional, que reglamentó y endureció el esquema de sanciones previsto por la Ley 26.659 para las empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en Malvinas sin autorización argentina.
La norma colocó a la Cancillería como autoridad de aplicación y estableció un procedimiento para avanzar con las investigaciones y sanciones. Además, el Gobierno dispuso que las compañías que quieran acceder a determinados permisos, concesiones petroleras o beneficios del RIGI deberán acreditar el cumplimiento de la legislación argentina sobre actividades hidrocarburíferas en el área en disputa.
La aplicación del nuevo esquema ya empezó. La Cancillería, según anunciaron fuentes oficiales, abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas a las que el Gobierno acusa de desarrollar actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina. El universo incluye empresas involucradas directamente en esos proyectos, accionistas y otros actores vinculados a las operaciones.
Pero la ofensiva jurídica dio un paso más este martes. El canciller Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas, además de los directivos que pudieran haber intervenido en las actividades cuestionadas.
El Gobierno sostiene que esas compañías cuentan con licencias otorgadas por el Reino Unido para explorar o explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, algo que considera violatorio de la Ley 26.659. La denuncia está directamente vinculada con el proyecto Sea Lion, que Navitas desarrolla junto con la británica Rockhopper.
Uno de los primeros efectos políticos y empresarios del endurecimiento fue la reacción de tres gigantes mundiales de servicios petroleros: SLB, Halliburton y Baker Hughes.
Las tres comunicaron que no participan ni tienen previsto participar en licitaciones para prestar servicios a proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes. Las compañías tienen una fuerte presencia en la Argentina y en Vaca Muerta, por lo que el Gobierno recibió sus definiciones como una señal concreta de que el nuevo esquema puede tener impacto sobre futuros proyectos petroleros en las islas.
Hay, sin embargo, una diferencia importante: ninguna de esas tres empresas participa actualmente de Sea Lion. Sus comunicados implican un rechazo a involucrarse en futuros proyectos, pero no significan que el principal desarrollo petrolero en las islas haya quedado paralizado.
Los operadores de Sea Lion, por el contrario, mantienen sus planes. Navitas, que tiene el 65% del proyecto, y Rockhopper, con el 35%, sostienen que las licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido. El proyecto apunta a comenzar la producción en 2028.
El Gobierno también consiguió una señal política del sector empresario. El Grupo de los Seis (G6) —integrado por ADEBA, la Bolsa de Comercio, la Cámara Argentina de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina— respaldó el reclamo argentino de soberanía y las acciones destinadas a proteger los recursos naturales.
El comunicado fue más allá de una declaración sobre las islas: las entidades plantearon que la cuestión Malvinas debe constituir una política de Estado, por encima de las diferencias partidarias, y reivindicaron la vía diplomática y la negociación pacífica.
El respaldo empresarial le sirve a la Casa Rosada para mostrar que la disputa por los recursos del Atlántico Sur no queda limitada al Gobierno y que existe acompañamiento de sectores económicos relevantes a las medidas contra las empresas que operen sin autorización argentina.
El proyecto que llegará a Diputados
El otro frente que se discutirá en la Mesa Política será el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional anunciado por Milei en cadena nacional. El Presidente ya definió que la iniciativa comenzará su recorrido parlamentario por Diputados, según trascendió de la reunión de Gabinete que encabezó este lunes.
El proyecto tendrá tres grandes ejes. Primero, modificará la Ley 26.659 para endurecer las sanciones contra las compañías vinculadas con operaciones no autorizadas en Malvinas y extenderá las mismas penas y prohibiciones a sus proveedores. También contempla la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia cuando corresponda.
El segundo eje será la creación del Consejo de Seguridad Nacional, con una política de aplicación transversal que articulará a Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El tercero apunta a establecer herramientas de protección de infraestructura crítica y de los espacios aeroespacial y marítimo.
La participación de Quirno y Presti en la Mesa Política apunta justamente a cerrar los detalles de ese proyecto antes de su envío al Congreso. La iniciativa cruza las competencias de ambos ministerios: Cancillería tendrá un papel central en la estrategia diplomática y en la aplicación del régimen de sanciones, mientras Defensa quedará involucrada en el componente de seguridad y en el fortalecimiento de las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.
La base naval y el Presupuesto
La agenda de Malvinas tampoco queda limitada al frente judicial y legislativo. El Gobierno incorporó el proyecto de Base Naval Integrada en Tierra del Fuego al armado del Presupuesto 2027.
Este lunes, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice dentro del proyecto presupuestario la construcción de esa base y otros proyectos estratégicos destinados a fortalecer la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos. El Presupuesto debe ser enviado al Congreso el 15 de septiembre.
Así, la reunión de este martes funcionará como una instancia de coordinación política de una agenda que ya tomó varias vías al mismo tiempo: sanciones administrativas, denuncias penales, presión sobre las empresas petroleras, proyecto de ley, fortalecimiento militar y negociación parlamentaria.
La apuesta de la Casa Rosada es que el anuncio de Milei no quede reducido a una declaración de soberanía en cadena nacional, sino que se traduzca en una batería de instrumentos para intentar frenar la explotación de hidrocarburos en las islas y, al mismo tiempo, reforzar la posición argentina en el Atlántico Sur.
