El acto del sábado en Parque Lezama en reclamo de la libertad de Cristina Kirchner tuvo a Máximo Kirchner como principal orador. La mayor parte de su discurso apuntó a figuras del propio peronismo, donde señaló a traidores de todo tipo, ya a gobernadores que apoyaron leyes del gobierno o a dirigentes que no han ido a visitar a la ex presidenta detenida en San José 1111. Pero en el establishment llamaron la atención otras definiciones.
Empresarios y banqueros tomaron nota de dos definiciones económicas del diputado líder de La Cámpora, que pueden volverse relevantes a medida que se acerque la campaña electoral del 2027.
Según prestaron especial atención en cámaras empresarias y consultoras financieras, el referente del cristinismo ratificó que el primer paso de un nuevo gobierno debería ser reestructurar la deuda externa, al tiempo que hizo especial hincapié en que hay que volver a revisar el manejo de las tarifas de los servicios públicos.
Se trata de dos puntos que históricamente marcaron las mayores tensiones entre la conducción económica de los gobiernos kirchneristas con la City y las compañías de petróleo y gas.
En primer lugar, el diputado que votó en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que renegoció el gobierno del Frente de Todos en 2021, insistió con que ninguna nueva administración podrá mejorar los presupuestos de educación, salud y seguridad social si mantiene los pagos de deuda que están previstos hacia delante.
“Cuando llegan las elecciones empiezan a decir que hay que invertir más en salud, en educación y mejorar la situación de las jubiladas y los jubilados”, expresó. Pero, dijo, “lo importante de ese diagnóstico es que digamos cómo lo vamos a hacer, porque después no pasa nada”, desafió.
Y ahí puso sobre la mesa el tema que genera urticaria en los acreedores de la Argentina. “La condición sine qua non es decir de dónde van a salir los recursos: no hay manera de que los argentinos vivan mejor si la deuda no es reestructurada”, soltó. “No hay manera de hacer frente a los vencimientos externos y prometer mejor educación, tierra y acceso a la vivienda”, completó.
Cualquier definición así suena a “amenaza de default” entre bancos y fondos de inversión, dijeron en una oficina del microcentro. Hoy causa bajo impacto, porque el llamado “riesgo kuka”, que refiere según el Gobierno al temor a que un cambio de gobierno implique el desconocimiento de la deuda, asoma lejano.
Faltan meses para las elecciones y no está claro quién será el candidato de esa fuerza heterogénea que tiene como líderes a Cristina Kirchner, al gobernador Axel Kicillof y está sumando diálogos con otros sectores del peronismo no kirchnerista. Pero el concepto caló entre los oídos más paranoicos.
Al mismo tiempo, en los distintos búnkers de las multinacionales del petróleo, el gas y la minería, incluso entre quienes están accediendo al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), sonó fuerte también el tramo en el que Máximo se refirió al sector al que hoy le pone todas las fichas para acelerar un despegue de la actividad.
En particular, Máximo Kirchner señaló que en este tiempo se está ampliando el margen de ganancia de un grupo de empresas y se preguntó sobre por qué “el estado argentino le da plata a las mineras para que se lleven el litio, el cobre, y el oro”. En el peronismo hay distintas propuestas sobre qué hacer con las ventajas del RIGI en caso de un cambio de gobierno.
Si bien se ofrece estabilidad fiscal por 30 años, hay sectores más extremos que planean revisar los acuerdos y otros que prefieren enviar modificaciones legislativas hacia delante pero mantener los proyectos que estén en curso. Por ahora suena a ciencia ficción, pero en el momento en el que se están definiendo desembolsos es otro motivo más para esperar las primeras encuestas del año que viene.
“¿De qué sirvió recuperar Vaca Muerta si no sirve para dar beneficios a los argentinos?”, insistió. “¿De qué sirve tener la segunda reserva de shale gas y la cuarta reserva de shale oil si pagamos la nafta como si hubiera que importarlo”, remarcó. Y ahí abrió la puerta a un tema que históricamente diferenció al kirchnerismo respecto incluso de otros sectores afines: el manejo de los precios de la energía.
Por eso, en el sector energético llamó especial atención que el diputado camporista se refirió puntualmente al caso de Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, al señalar que “el dueño de Loma Negra”, la cementera que acaba de comprar el holding, “decía que apagaba un horno para producir cemento porque el gas estaba caro”.
Como si hubiera habido un análisis detallado sobre el tema, continuó. “Esto no sería raro si la misma persona que produce cemento no fuera la misma que saca el gas y lo transporta a toda la Argentina”, subrayó, en referencia a que el mismo grupo extrae el fluido en Vaca Muerta y tiene una constructora para hacer los gasoductos. “No hay país posible si no ordenamos la Argentina, necesitamos recuperar prioridades”, añadió.
La decisión de pisar las tarifas generó cortocircuitos en los gobiernos de Néstor y de Cristina, al estimular el despilfarro de luz y gas y consumir miles de millones de dólares en importaciones y subsidios, con impacto en las reservas y el equilibrio fiscal.
El manejo de esa misma cuestión fue uno de los principales puntos de tensión dentro del fallido Frente de Todos y de hecho derivó en la eyección del ministro de Economía, Martín Guzmán, enfrentado con técnicos que respondían a Cristina Kirchner y su hijo Máximo, que por lo visto, mantienen la misma postura en caso de que hubiera una nueva gestión.
