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Federico Sturzenegger tiene varias obsesiones políticas y una de ellas es la desregulación de la Marina Mercante nacional. En este sentido, en los últimos días circuló un proyecto que sería enviado al Congreso y que terminaría con las empresas argentinas. Sin embargo, voces legislativas aseguraron que la derrota frente a los Prácticos y el desguace de la Ley de Propiedad Privada podría hacer tambalear al ministro. Las advertencias del sector.

El proyecto que impulsa Sturzenegger propone abrir el transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos a buques de bandera extranjera. Las embarcaciones podrían realizar operaciones de cabotaje con sólo informar su ingreso y el período durante el cual prestarán servicios ante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

La iniciativa también redefine qué actividades quedan alcanzadas por el régimen y excluye los movimientos internos de mercaderías que formen parte de una operación de comercio exterior.

Hace una semana, el Ministerio de Seguridad publicó un decreto que cambió las condiciones laborales del Practicaje. Se trata de una actividad clave para el ingreso y egreso de embarcaciones de los puertos argentinos. Esto culminó en un paro de 48 horas con pérdidas millonarias para las empresas. El Gobierno tuvo que volver para atrás con su decisión.

Asimismo, en el Senado por falta de acuerdo con los gobernadores, tuvieron que suspender el tratamiento de la Ley de Tierras y del Manejo del Fuego. Eran dos de las iniciativas más importante del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Desde la jefatura del bloque libertario hay enojo con el ministro. “Que no rompa más... (con sus proyectos)”, afirmó una voz allegada al oficialismo legislativo a El Cronista.

En este sentido, voces calificadas libertarias confiaron que el proyecto de practicaje estaba hace dos años paralizado en el Ministerio de Seguridad, por sus posibles consecuencias. “Era obvio que se iba armar lío”, sostuvieron. “Tienen que dejar de mandar cosas que no se pueden aprobar”, sostuvieron.

En este sentido, la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) prepara una respuesta en el Congreso para frenar el proyecto de Sturzenegger. Según confirmaron en diálogo con El Cronista, los dirigentes navieros iniciaron conversaciones con distintos bloques legislativos y buscan reunirse con el oficialismo a cargo de la senadora Patricia Bullrich, para poder hacer llegar su preocupación.

Tenemos que jugar fuerte porque no nos dan ninguna chance. Esto emite el certificado de defunción de una actividad”, planteó Gustavo D’Amico, presidente FENA.

Desde la cámara, que representa al 95% de las compañías navieras que operan en el país, advierten que la iniciativa oficial podría provocar la desaparición de la marina mercante nacional en un plazo de tres años. “Si esto se aprueba, es el genocidio de una actividad estratégica”, dijo a El Cronista Gustavo D’Amico, presidente de FENA

Según el empresario, la apertura propuesta por el Gobierno no les permitiría a las compañías locales competir en igualdad de condiciones frente a las flotas extranjeras. Por eso la entidad inició conversaciones con distintos bloques legislativos y busca reunirse con el oficialismo para hacer llegar su preocupación.

Marina mercante en riesgo: el plan de FENA para frenar la ley en el Congreso

FENA se caracteriza por un profundo silencio en términos políticos. Sin embargo, desde su conducción consideraron que dado el riesgo que representa para su actividad el proyecto desregulador, no podían no alzar la voz. La estrategia empresaria apunta a evitar que el proyecto de Sturzenegger consiga los votos necesarios para avanzar en el Palacio Legislativo.

Asimismo, aseguraron que están dispuestos a reducir los costos de la navegación a los que atribuyeron como principal problema las cargas sociales e impuestos argentinos. De acuerdo con los cálculos de la cámara, el costo del cabotaje argentino está compuesto en un 45% por impuestos, un 50% por costos laborales y apenas un 5% por gastos operativos.

No queremos protección. Queremos competir, pero que la competencia sea justa. O nos igualan las condiciones o es un genocidio”, insistió el empresario.

La cámara propone reunir a las empresas, los sindicatos y los distintos organismos estatales para revisar los costos de la actividad y discutir una reforma integral. “Estamos dispuestos a que nos revisen. Juntemos a todos los actores y pongamos los papeles sobre la mesa. Hay que hacer la debida diligencia y empezar por preguntarle al sector”, sostuvo.

Las críticas contra Sturzenegger

El presidente de FENA cuestionó con dureza la falta de diálogo del Ministerio de Desregulación con las compañías afectadas por la reforma. Según relató, la entidad envió tres notas formales al Gobierno para solicitar reuniones, pero no obtuvo ninguna respuesta.

Sturzenegger no nos consulta. Es irracional. Mandamos tres notas en nombre de FENA y no tuvieron ni el respeto de contestarlas”, manifestó.

La relación entre el ministro y el sector ya había quedado tensionada durante el intento de reforma impulsado a través del decreto 340, que finalmente fue judicializado y desarticulado después de la presentación de los sindicatos marítimos.

Sin embargo, el golpe de gracia para la relación entre el ministro y la actividad llegó con el decreto que intervenía la actividad del Practicaje. El mismo debió ser dado de baja por el propio gobierno nacional, tras un paro de 48 horas de los Prácticos.

Ahora, la cámara empresaria evalúa si el Gobierno conserva la fuerza política necesaria para insistir con una iniciativa similar en el Congreso. “Hay que ver si tienen fuerza interna. No sé si, después de lo que pasó con los prácticos, se animan a volver”, señaló.

El dirigente también puso en duda los argumentos oficiales según los cuales las empresas locales operan en un mercado cerrado y protegido. “Nos dicen que cazamos en el zoológico. ¿Qué zoológico? Competimos con una estructura de costos argentina frente a empresas que no dejan nada en el país”, respondió.

“Hay maldad. Hay que preguntarse qué hay detrás y con quién trabaja cada uno”.

Reforma a la Marina Mercante: cuáles son los puntos más sensibles para las empresas

Uno de los aspectos que más preocupa a FENA es la posibilidad de que los buques extranjeros puedan realizar operaciones de cabotaje durante períodos de hasta 90 días. Según D’Amico, ese plazo permitiría que una empresa extranjera realice miles de viajes y, una vez vencido, reemplace el barco por otra embarcación de su propia flota para continuar operando durante todo el año.

Los 90 días son imposibles. Una compañía podría trabajar tres meses con un barco, después traer otro de la misma empresa y seguir viajando indefinidamente”, explicaron desde la entidad.

Las firmas locales también alertan que los fletes de los buques extranjeros deberían pagarse en dólares, mientras que actualmente buena parte de los costos y contratos del cabotaje nacional se encuentran pesificados. “El shipping es un mercado de competencia casi perfecta. Los precios suben ante acontecimientos extraordinarios, como ocurrió durante el Covid. Abrir indiscriminadamente no garantiza que los fletes sean más baratos”, afirmó el titular de FENA.

Para el gerente general de FENA, Leonardo Abiad, la marina mercante debe considerarse una actividad estratégica por su papel en el abastecimiento de combustibles, el funcionamiento de las refinerías y la logística general del país. En ese sentido, señaló que legislaciones como la Jones Act de los Estados Unidos, reservan el transporte de mercaderías entre puertos nacionales a barcos construidos, registrados y tripulados en ese país.

“En el mundo se protege el cabotaje nacional. Es estratégico para las refinerías, para el transporte y para toda la logística del país”, indicaron desde FENA.

Por su parte, D´Amico advirtió que, si se aprueba la apertura en los términos planteados por el Gobierno, la marina mercante argentina podría desaparecer cuando finalicen los contratos vigentes.

No resiste más de tres años. Cuando se terminen los contratos, los accionistas europeos van a cerrar las oficinas argentinas y van a operar directamente con barcos del exterior”, anticipó. El empresario reconoció que el sistema actual necesita cambios y aseguró que las compañías están abiertas a discutir tanto los costos laborales como los impositivos.

Entre los puntos cuestionados se encuentran también los convenios que establecen que, por cada día embarcado, los marinos disponen de un día de descanso en tierra. Sin embargo, FENA sostiene que cualquier modificación debe formar parte de una negociación integral y no de una apertura unilateral del mercado.

“Somos críticos del sistema que tenemos y estamos abiertos a dialogar sobre los costos. Pero no se puede poner a las empresas argentinas a competir con flotas que tienen otra carga impositiva, laboral y financiera”, concluyó.