El Gobierno sigue dilatando al ejecución de la sentencia que obliga al Ejecutivo a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y, ante la amenaza de paro docente universitario para el próximo 12 de agosto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, defendió el cumplimiento del acuerdo paritario.
En un comunicado oficial esta semana, la cartera sostuvo que “el Gobierno nacional ha dado cumplimiento a lo acordado, mediante el giro de los fondos correspondientes a las universidades y el personal, tanto docente como no docente, se encuentra percibiendo dicho aumento”. El Cronista había adelantado, semanas atrás, que ese iba a ser el argumento por el cual el Gobierno pensaba atajarse en el proceso judicial.
Lo cierto es que, en el medio de la batalla en la Justicia, el 10 de junio se firmó un acta paritaria con los gremios docentes, mediante la cual se acordó un incremento salarial del 24,33%, distribuido en dos tramos: 21,33% en junio y 3% en octubre. “En esa misma acta las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio y convocar a una nueva reunión paritaria, con plazo límite hasta el 15 de septiembre”, recordó el comunicado, que califica de “prematura” la medida de fuerza.
“No existe incumplimiento alguno por parte del Gobierno nacional respecto de los compromisos asumidos en la negociación paritaria vigente”, sostuvo Pettovello en la difusión. La respuesta oficial llega horas después de que la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmara la vigencia de la medida cautelar que obliga al Estado a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, tras el rechazo de la Corte Suprema al recurso extraordinario que había presentado el Ejecutivo.
Con esa resolución, el Gobierno queda obligado a actualizar los salarios docentes y no docentes, y a garantizar los fondos para becas estudiantiles, en los términos que fija la ley. El fallo de Cámara desestimó la suspensión de la ejecución de la cautelar que el propio Gobierno había logrado mientras la Corte analizaba su recurso extraordinario.
Al caer ese argumento, el expediente fue remitido nuevamente al Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, a cargo de Martín Cormick, para que continúe con la ejecución. El dirigente de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur, Sergio Zaninelli, calificó la resolución como “un gran avance” y remarcó que el tribunal entendió que ya no existen argumentos para sostener la suspensión. “Si la Corte rechazó el recurso, ya no te queda ningún instrumento para levantar esa suspensión y ejecutar la medida cautelar”, sostuvo el gremialista bahiense.
El litigio se originó en el Decreto 759/2025, con el que el Gobierno intentó condicionar la aplicación de la ley -sancionada el año pasado y ratificada por el Congreso por encima del veto presidencial- al argumento de que primero debían determinarse las partidas presupuestarias específicas que la financiarían. Esa maniobra fue lo que motivó el amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la posterior cautelar del juez Cormick, que la Justicia viene ratificando en sucesivas instancias.
Pese al fallo firme, en el Gobierno no dan por hecho que la ejecución de los fondos sea inmediata. Fuentes judiciales de la Casa Rosada consultadas por este medio habían anticipado la estrategia que hoy se confirma: usar el acuerdo salarial de junio como escudo ante el juzgado de primera instancia.
“El acuerdo está, hay que ver cómo se ejecuta en primera instancia. Esto no es automático, no se hace mañana”, habían sostenido esas fuentes con respecto. Otra voz judicial de peso en el Gobierno había agregado, en la misma línea: “Es un tema de ejecución de la cautelar, yo creo que todavía hay discusión”.
En el proceso de ejecución de la sentencia el Estado puede plantear excepciones a la ejecución -como el acuerdo de recomposición con el CIN- y el juez entonces puede aceptarlos o rechazarlos. El procedimiento incluso habilita apelación y, por ende, puede demorarse. Así, el juez deberá readecuar los plazos procesales y emitir una orden de ejecución específica, mientras que avanzan con el fondo de la causa. En ese sentido, confían en que todavía falta resolver el planteo de inconstitucionalidad por lo que las sentencias no son definitivas.
En ese proceso el Estado puede plantear excepciones a la ejecución -como el acuerdo de recomposición con el CIN- y el juez entonces puede aceptarlos o rechazarlos. El procedimiento incluso habilita apelación y, por ende, puede demorarse.
Fuentes judiciales confirmaron a El Cronista que la ejecución de la sentencia todavía está pendiente, y anticiparon que antes de eso el juzgado a cargo de Cormick probablemente convoque a una audiencia en las próximas horas. “Lo sabremos mañana o el lunes”, indicaron, en lo que sugiere que la definición está más cerca de lo que el propio Gobierno esperaba unos días atrás.
En esa audiencia, el Estado insistirá con el acuerdo paritario de junio como argumento central para dilatar la ejecución. Una posibilidad también es que pidan prorrogar las instancias procesales porque la negociación sigue en curso, por el cuarto intermedio. Las fuentes no cerraron la puerta pero tampoco confirmaron una estrategia única: “estamos viendo eso y algunos argumentos más”, señalaron con cautela.
El problema de fondo para el Ejecutivo es que el acuerdo con el CIN no cumple con los estándares que exige la cautelar. Los artículos 5 y 6 de la ley, que la Justicia ordenó aplicar, establecen que los salarios y las becas deben indexarse de forma obligatoria y automática por la inflación acumulada desde diciembre de 2023, un piso que el 24,33% pactado no alcanza a cubrir según el reclamo gremial.
En el medio de esa disputa por los tiempos procesales, el conflicto empezó a escalar también en el plano penal. El diputado socialista Esteban Paulón presentó esta semana la primera denuncia penal por infringir la Ley de Financiamiento, contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”, al considerarlo responsable de la ejecución de las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con la norma que votó el Congreso.
El trasfondo económico de esta pulseada tiene, además, una fecha que lo va a poner en el centro de la escena: el 15 de septiembre ingresa al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027. Ese debate presupuestario será el escenario donde el Gobierno tendrá que definir, de manera formal y con partidas concretas, cómo piensa financiar en los próximos años una ley que la Justicia ya avaló en todas las instancias que resolvió hasta ahora.
El año pasado, el presidente Javier Milei destinó a educación un aumento del 8% por encima de la inflación, dentro del esquema general que Milei presentó en cadena nacional bajo la consigna de asignar el 85% de los recursos del Estado a “capital humano” —educación, salud y jubilaciones—.
Ese incremento incluido en el marco del Presupuesto 2026 convivió, sin embargo, con un fuerte reclamo del sector universitario: el proyecto original asignaba $4,8 billones a las universidades nacionales, una cifra que los propios rectores calificaron de insuficiente, con una diferencia estimada de $2,5 billones respecto de lo que consideraban necesario para sostener el funcionamiento del sistema.
Se trató del primer Presupuesto que logró aprobar la gestión de Milei, después de dos años de prórrogas de la ley vigente desde 2023. En su letra final, el financiamiento a las universidades nacionales quedó recortado respecto de lo que pedían las casas de estudio, mientras que sí hubo mejoras en otras partidas educativas.
Ya en plena ejecución del ejercicio, el esquema sufrió modificaciones adicionales por decreto. En mayo, el Gobierno recortó cerca de $2,5 billones del Presupuesto 2026, con un ajuste que golpeó especialmente a educación y universidades. Pero en julio, en medio de la presión judicial por la Ley de Financiamiento y de los festejos por el pase de la Selección a la final del Mundial, Milei firmó el DNU 594 que revirtió parte de ese recorte.
De esta manera, sumó $1,32 billones a la Secretaría de Educación “a fin de atender gastos derivados de la aplicación de la política” salarial de docentes y no docentes. Ese refuerzo se dio un mes después de que el propio Ejecutivo cerrara, el 10 de junio, el acuerdo con el Consejo Interuniversitario Nacional que fijó la suba salarial y los refuerzos para becas y hospitales universitarios.
Mientras tanto, la vía judicial sigue abierta: el planteo de inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 todavía no tiene sentencia de fondo, por lo que la discusión sobre el financiamiento universitario continuará corriendo en paralelo por los tribunales y por el Congreso hasta que se resuelva alguna de las dos instancias.
