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“No hay baja de impuestos posible sin superávit fiscal sostenido”, sostuvo el presidente Javier Milei durante el discurso que pronunció días atrás, en el predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA), ante empresarios del sector agropecuario que mantienen su reclamo por la eliminación total de las retenciones.
En reiteradas ocasiones, el Gobierno dejó en claro que, en la medida en que el orden de las cuentas públicas lo permitiera, avanzaría con la reducción o eliminación de tributos, con el objetivo de aliviar la carga fiscal que pesa sobre el sector privado.
La actual administración adoptó diferentes medidas a lo largo de estos casi tres años de gestión vinculadas a la baja de los Derechos de Exportación (DEX), a la eliminación del impuesto PAIS y de otros gravámenes, como los impuestos internos coparticipados. En total, se registran seis impuestos que fueron eliminados durante la gestión de Milei.
Respecto de 2025, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) proyecta una nueva caída de la presión tributaria efectiva nacional, que pasaría de 21,5% a 20,8% del PBI.
“Se transformaría en el nivel más bajo desde 2006”, señalaron. En ese año, el IARAF registró que la presión fiscal a nivel nacional fue del 20,8% del PBI.
La reducción de la carga asociada a las retenciones agropecuarias para el trigo y la cebada, que rige desde junio de este año, la eliminación de los tributos vinculados al consumo —vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros y servicios de telefonía celular, entre otros— y la restitución de los certificados de exclusión de la percepción aduanera de IVA son algunas de las medidas que incidirán en esta nueva caída de la presión tributaria nacional.
Según detalló la organización que dirige Nadin Argañaraz, el IVA explicaría la mayor contracción, con una caída de 0,43 puntos porcentuales del PBI, seguida por los derechos de exportación (-0,19), los aportes y contribuciones a la Seguridad Social (-0,15), los derechos de importación y la tasa estadística (-0,10), los impuestos internos (-0,08) y el impuesto a los débitos y créditos bancarios (-0,03). La suma de las reducciones sería de 0,98 puntos porcentuales del PBI.
En contraste, Bienes Personales aportaría una suba de 0,02 puntos porcentuales, mientras que el impuesto a los combustibles registraría un incremento de 0,07 puntos porcentuales y el impuesto a las Ganancias, uno de 0,11 puntos porcentuales. Estos recursos sumarían 0,2 puntos porcentuales del PBI.
“Todos los cambios de recaudación totalizan una pérdida neta de 0,8 puntos porcentuales del PBI entre esos años”, precisaron.
¿Hay margen para bajar impuestos en lo que resta de 2026?
El margen para profundizar la baja de impuestos enfrenta una serie de limitaciones vinculadas, principalmente, a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal. En el acumulado de los primeros siete meses del año, la recaudación tributaria habría caído un 4,3% real interanual.
Este escenario pone bajo presión el ancla fiscal. Sin embargo, el Gobierno reiteró que su prioridad será mantener el orden de las cuentas públicas, aun cuando ello requiera mayores esfuerzos para sostenerlo. De hecho, en julio se aplicó un ajuste del gasto efectivamente pagado del 2,5%, lo que permitió el retorno al superávit.
“El superávit primario de acá en adelante dependerá de cuánto del gasto se pueda efectivamente seguir ajustando y, sobre todo, de que la actividad repunte y traslade esa mejora a la recaudación”, señalaron los economistas de la consultora Invecq.
En este contexto, no habría margen para bajar impuestos durante los meses que restan del año.
“El problema es que los impuestos son altos y la promesa de bajarlos vía austeridad y crecimiento no es realista. Contener el gasto público es necesario y hay que hacerlo, pero, a partir de ahora, después del ajuste ya realizado, llevará tiempo. Con el crecimiento económico ocurre lo mismo e incluso hay una contradicción: si uno es coherente con la idea de que estos impuestos impiden crecer —retenciones e impuesto al cheque—, ¿por qué suponer que la economía va a crecer si esos mismos impuestos se mantienen? Es decir, difícilmente la economía crezca mucho mientras persista esta presión impositiva”, analizó Osvaldo Giordano, economista y titular del IERAL de la Fundación Mediterránea.
Giordano recordó que, durante el gobierno de Mauricio Macri, el planteo que guió el Consenso Fiscal de 2017 contempló un cronograma de reducción gradual de las alícuotas de Ingresos Brutos, bajo un esquema que apostaba a que el crecimiento económico permitiera a las provincias avanzar con esa baja. ¿El resultado? La estrategia no llegó a buen puerto.
“La austeridad y el crecimiento van a dar espacio fiscal, pero no te alcanza para la magnitud de los impuestos que tenés que eliminar”, remarcó el economista.
A partir de este diagnóstico, consideró que a la Nación solo le alcanzaría para avanzar en medidas “marginales” frente a la cantidad de impuestos distorsivos que tiene el sistema.
Más allá de los esfuerzos que realizó el gobierno de Javier Milei para reducir la presión tributaria, el foco de atención de los empresarios también está puesto en los gobiernos provinciales y municipales, que mantendrían en 2026 el mismo nivel de presión fiscal que en 2025.
“El Gobierno nacional está mandando señales de que quiere reducir impuestos. Pero los gobiernos subnacionales están yendo en la dirección contraria. O sea, el Gobierno nacional está prendiendo el aire acondicionado y los subnacionales prenden la calefacción, por lo que la temperatura es la misma. Esa es la preocupación”, dijo Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de la consultora PwC Argentina.
Ingresos Brutos es, tal vez, el mejor ejemplo para graficar la preocupación de los empresarios respecto de los costos a nivel provincial. “Una provincia puede hacer un esfuerzo por bajar Ingresos Brutos. El problema es que Ingresos Brutos es malo no tanto por la alícuota, sino por cómo incide, lo complicado que es, los saldos a favor y todas las distorsiones que tiene para la actividad económica”, sintetizó Giordano.
Sin embargo, para avanzar en una baja gradual o, en el mejor de los casos, en su eliminación, se requiere un acuerdo político con los gobernadores.
La Encuesta de Expectativas de Ejecutivos 2026, elaborada por IDEA entre 218 directivos de empresas, dejó un mensaje claro: el 72% sostiene que la carga impositiva es el principal obstáculo que enfrentan las compañías para crecer.
