El capítulo fiscal que introdujo el Gobierno en la ley de “Modernización Laboral” requerirá un apoyo contundente por parte de los gobernadores. Esto se debe, principalmente, a que el oficialismo pretende avanzar con una reducción de las alícuotas del impuesto a las Ganancias para empresas (artículo 73, inciso A).
Las modificaciones impositivas incluidas en el “Capítulo II - Impuesto a las Ganancias” no entrarán en vigencia de inmediato en caso de que el Congreso apruebe el proyecto de reforma laboral.
El artículo 212 del dictamen de mayoría del Senado establece que ello ocurrirá -al igual que en otras disposiciones, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI)- "cuando así lo disponga el Ministerio de Economía a efectos de dar cumplimiento a las metas asociadas a las políticas de equilibrio fiscal“.
La medida de alivio fiscal para las empresas ya generó ruido, incluso en un grupo de gobernadores que la administración del presidente Javier Milei considera como “aliados”. Al ser un impuesto coparticipable, el punto crítico está en los fuertes recortes que asumirían las provincias en materia de recaudación.
Del total de la masa coparticipable de Ganancias, un 54,66% se distribuye de forma automática entre el conjunto de provincias adheridas, según los coeficientes establecidos en el artículo 4º de la Ley 23.548.
El proyecto plantea, en primer lugar, una modificación de la escala progresiva aplicable a la renta corporativa, fijándose en los dos últimos tramos alícuotas del 27% (tramo 2) y del 31,5% (tramo 3).
También se contemplan cambios para el sector inmobiliario, específicamente la exención del impuesto para el alquiler de propiedades con destino a casa-habitación.
El costo fiscal estimado oscila entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI). Según estimaciones difundidas por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la reducción de alícuotas implicaría resignar -en moneda actual- $ 1,9 billones. A Nación le corresponderían $ 789.334 millones, mientras que al conjunto de provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) les representa una pérdida de $ 1,12 billones.
La distribución de esas pérdidas es heterogénea. Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba serían las más afectadas, con un impacto negativo de $ 238.558 millones, $ 97.087 millones y $ 96.459 millones, respectivamente.
Por su parte, el diputado de Fuerza Patria por la provincia de Entre Ríos, Guillermo Michel, estimó que la reforma va a reducir sustancialmente el monto a recaudar por ese gravamen.
En el Presupuesto 2026, el Gobierno prevé recaudar $ 48,4 billones -4,48% del PBI-. De acuerdo con el informe elaborado por Michel, el 71% del total responde a sociedades, equivalente a $ 34,3 billones. “Se recaudarían $ 31,7 billones. Es decir, una baja proyectada de $ 3,1 billones equivalentes a 0,3 p.p. del PBI”, explicó.
Algunos gobernadores -aliados- manifestaron que no estarían dispuestos a acompañar reducciones de esa magnitud en un impuesto coparticipable. Incluso, El Cronista contó que ocho gobernadores, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), le habrían pedido al ministro del Interior, Diego Santilli, postergar el capítulo fiscal para el período 2027-2028.
Otras voces piden moderar el impacto que generaría en la recaudación, pero no condicionan el avance de la reducción de alícuotas. “La negociación no está supeditada a que modifiquen ese aspecto”, afirmó en estricto off the record una voz allegada a una de las provincias del litoral.
En cambio, en una provincia del norte prefirieron no brindar su postura respecto a la reducción de alícuotas en Ganancias, mientras que en una provincia “no aliada” aseguraron que el Ejecutivo “hace demagogia con los recursos provinciales”.
Previamente, este medio informó que “el ala más dialoguista” en Casa Rosada no descarta flexibilizar el tratamiento impositivo. Otras voces dijeron que “no hay margen para modificar nada”.
El Gobierno pretende aprobar lo antes posible el proyecto de ley de “Modernización Laboral”, que se discutirá en febrero durante las sesiones extraordinarias del Congreso.
Reforma laboral: otras modificaciones que plantea el “capítulo fiscal”
Eliminación de impuestos
- Impuesto a los objetos suntuarios.
- Impuesto a los vehículos automotores, motos y embarcaciones.
- Impuesto a las embarcaciones y aeronaves de recreo o deportes.
- Impuesto a los seguros.
- Impuesto a la telefonía celular y satelital.
Exención del IVA para la agroindustria
La medida impactará “la provisión de energía eléctrica utilizada en sistemas y/o equipos de riego con destino al sector agroindustrial”, con el objetivo de aliviar costos e impulsar la adopción de tecnología eficiente.
Incentivo para inversiones
El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) es una propuesta que busca incentivar la inversión en proyectos productivos de hasta u$s 30 millones. Quienes se adhieran podrán acceder a beneficios como la devolución anticipada del IVA y la amortización acelerada en Ganancias, un beneficio que permite deducir gastos por la compra de bienes de uso.
Los montos mínimos de inversión varían según el tamaño de la empresa:
- Microempresas: u$s 150.000.
- Pequeñas empresas: u$s 600.000.
- Pymes medianas del primer tramo: u$s 3,5 millones.
- Pymes medianas del segundo tramo: u$s 9 millones.
- Grandes compañías: u$s 30 millones.
