El Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió al Gobierno impulsar una reforma tributaria integral, que amplíe la base del impuesto a las Ganancias, reforme el régimen del monotributo e implemente un “IVA dual” para reemplazar Ingresos Brutos.
Los cambios propuestos por el staff técnico fueron cuestionados por distintos sectores: desde especialistas en tributación hasta los empresarios.
Por caso, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró que las reformas son “regresivas”, advirtiendo que no se abordó el impacto de “los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina”.
La entidad gremial que nuclea a las pymes aseguró que la problemática debe abordarse a partir del nivel de tributación subnacional, donde reside “el nudo fiscal más dañino para la actividad económica”: el impuesto sobre los Ingresos Brutos y las tasas retributivas de servicios municipales.
Ante todo, los expertos en tributación señalan que cualquier ordenamiento o un pacto fiscal —como el que quiere llevar adelante el ministro de Economía, Luis Caputo— debería avanzar hacia una mayor unificación de criterios provinciales para generar condiciones más equitativas.
Es por eso que CAME propuso convocar a un nuevo consenso fiscal entre el Gobierno nacional y las provincias, pero a su vez entre los gobiernos provinciales y los municipios, cuyo eje central sea “la reforma estructural del sistema tributario subnacional”.
La entidad aseguró que el objeto de este pacto no debe ser la reducción nominal de alícuotas —que puede revertirse por decreto—, sino el establecimiento de reglas de juego permanentes: armonizar la base imponible, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución.
De todas formas, CAME dejó en claro que ningún acuerdo de este tipo será sostenible si no se racionaliza Ingresos Brutos. Es decir, si no se elimina el tributo en las etapas intermedias de producción, aplicándolo exclusivamente a la etapa de venta final al consumidor —similar al IVA— y eliminando el efecto acumulativo en cascada.
“La discusión sobre Ingresos Brutos muchas veces se centra en las empresas, comercios o prestadores de servicios que ingresan el impuesto. Sin embargo, ese costo termina trasladándose al consumidor final a través del precio de bienes y servicios”, subrayó Noelia Girardi, gerente de Impuestos en Lisicki, Litvin & Abelovich.
Ingresos Brutos, una piedra en el zapato para la actividad
En términos de recaudación, es sabido que Ingresos Brutos es un recurso fundamental para las cuentas provinciales. Aproximadamente, el tributo más distorsivo del sistema implica el 80% de la recaudación propia de las respectivas jurisdicciones.
El FMI abordó el inconveniente que gira alrededor de Ingresos Brutos. “La dependencia provincial de los Ingresos Brutos ha aumentado notablemente, a pesar de sus efectos distorsivos y de cascada. Una opción podría ser reemplazarlo por un IVA dual, como el implementado en India (2017) y Brasil (2022), lo que eliminaría el efecto cascada y trasladaría la carga impositiva de la producción al consumo”, planteó el staff report.
El informe no solo asumió que los riesgos de recaudación para algunas provincias podrían mitigarse mediante transferencias y esquemas de transición, junto con reformas para fortalecer los ingresos provinciales, sino que además el esquema permitiría preservar “la autonomía fiscal subnacional mediante la fijación de alícuotas o una administración conjunta”.
El punto es que el Fondo no hizo hincapié en las tasas municipales, uno de los aspectos que la entidad empresaria incluyó en su reclamo.
“El sistema tributario subnacional argentino se caracteriza por una superposición de gravámenes —el IIBB provincial y las tasas que deberían ser retributivas de servicios municipales— que en conjunto representan entre el 2% y el 6% de las ventas brutas de una empresa, con independencia de su rentabilidad", explicaron.
Los tributos provinciales y municipales tienen un impacto directo sobre la rentabilidad de las empresas. Además de Ingresos Brutos, cuyas alícuotas varían según la actividad y la jurisdicción, también se suma el peso de las tasas municipales.
“La Tasa de Seguridad e Higiene, la Tasa General de Inmuebles, la Tasa de Habilitación Comercial y otras contribuciones de base indeterminada que en muchos municipios equivalen a una alícuota adicional de entre el 0,3% y el 1,2% sobre las ventas brutas, sin correlato verificable en servicios efectivamente prestados”, detallaron desde CAME.
En este último aspecto, la entidad se refiere a que la gran mayoría de las tasas no se traducen en una contraprestación concreta, individualizada y efectiva; es decir, un servicio que pueda ser identificado.
Saldos a favor
Asimismo, los regímenes de retención y percepción que aplican las provincias son otro punto que genera distorsión en la actividad económica. ¿Por qué motivo?
Básicamente, los agentes de retención descuentan al contribuyente —antes del momento de la declaración jurada mensual— importes que en la práctica superan el tributo que efectivamente le correspondería abonar. En definitiva, el resultado es la generación de saldos a favor que el contribuyente nunca puede compensar y que, además, le resulta sumamente complejo recuperar.
“Las empresas pagan más de lo que deben en cada operación, acumulan un saldo a favor en su cuenta tributaria provincial y, en teoría, deberían recuperar ese excedente ya sea por compensación con obligaciones futuras o por devolución directa del fisco provincial”, sostuvieron.
Aun así, en la práctica existen algunos inconvenientes: los saldos acumulados superan la capacidad del contribuyente para absorberlos en su liquidación mensual, la devolución no tiene plazo legal en la mayoría de las provincias y ninguna de las respectivas jurisdicciones publica datos sobre la cantidad de saldos a favor acumulados.
Para comprender el dilema en sí, hay que ponderar lo perjudicial que resulta la acumulación de estos saldos en épocas de alta inflación.
“Este mecanismo opera como un préstamo forzoso sin remuneración al fisco provincial: el Estado captura un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo de las empresas, sin que ello figure en ningún indicador de presión tributaria oficial”, ilustraron desde CAME.
