Primero con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones y ahora con la nueva versión para las “nuevas industrias”, considerado el “Súper RIGI”, el Gobierno espera inyectar un shock de capital que sacuda a la economía de la mano de estímulos impositivos, y ventajas cambiarias que den estabilidad por las próximas décadas.
Sin embargo, más allá de los anuncios por más de u$s 100.000 millones, los números concretos de desembolsos confirmados de acá a las elecciones del año que viene son del orden de los u$s 6600 millones.
El dato surge de un trabajo exhaustivo de la consultora Paspartú, que encabeza el ex subsecretario de Hidrocarburos Juan José Carbajales, que revisó uno por uno los decretos de aprobación de los proyectos presentados por las compañías desde el lanzamiento del programa.
Al día de la fecha existen 14 proyectos aprobados en el marco del RIGI, por un total de u$s 18.944 millones, de los cuales u$s 13.357 millones están “asegurados”, en el sentido de que si no ocurren las empresas deberán enfrentar penalidades. Por la legislación, en tanto, los proyectos tienen que volcar un porcentaje de ese total en los primeros dos años, lo que redondea un impacto efectivo en la economía de U$S 6.671 millones hasta el 2028.
Cada proyecto que ingresa al RIGI se instrumenta a través de la figura societaria y obligatoria llamada “Vehículo de Proyecto Único” (VPU). Cada VPU tiene un piso de u$s 200 millones para entrar, de los cuales un 40% tienen que volcarlo en los primeros dos años. Además, hay que recordar que existe un subtipo de proyectos dentro del RIGI, que son los Planes de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), donde el piso para adherir es de u$s 1000 millones, de los que el 20% está comprometido para activarse en los primeros dos años.
De acuerdo con el relevamiento de Paspartú, la gran mayoría de los proyectos, un 49%, tiene que ver con el sector minero. Y el 44%, en tanto, con el petróleo y el gas. El resto se reparten en un 3% de proyectos de energía eólica y solar, un 2% de infraestructura y otro 2% ligado a la siderurgia.
El rol central en los principales proyectos encaminados hasta ahora lo tiene la empresa petrolera de mayoría estatal YPF. La compañía que preside Horacio Marin participa por un lado del plan de licuefacción de gas, que tiene comprometidos u$s 6878 millones bajo penalidad de no concretarse -u$s 459 millones en los primeros dos años. Además, encabeza el oleoducto Vaca Muerta Sur, con una inversión de u$s 2441 millones en los primeros dos años. Y también llevó a cabo el parque solar de El Quemado, por u$s 212 millones.
Por fuera de los proyectos que protagoniza YPF, el grueso de los planes tiene que ver con compañías de capitales europeos, australianos y chinos, con una rareza dado el alineamiento del Gobierno con la Casa Blanca: el capital estadounidense tiene una participación marginal hasta ahora en todos los negocios en marcha.
Por fuera de lo que está aprobado, hay otros 22 proyectos en trámite por un total de u$s 69.378 millones, con una ventana más para posibles nuevas inscripciones de programas hasta el 8 de julio del 2027. “Habrá un rush de presentaciones en los próximos 14 meses, pero no bastará con haber presentado la solicitud, será preciso obtener la aprobación”, dice Carbajales.
El RIGI tuvo además un shock, indica el trabajo de Paspartú, con la inclusión de los proyectos de la explotación petrolera que “ya eran rentables” antes de las ventajas que ofrece el esquema de incentivos. Se trata de una decisión que beneficia a un sector dinámico de la economía orientado a la exportación, con infraestructura asociada en otros proyectos que también están en el RIGI. “Son proyectos que iban a ocurrir necesariamente”, resalta el trabajo.
“Pero con eso, das vuelta el país”, dice Carbajales, en una mirada que sin embargo es considerada “optimista” por otros lobbistas de los sectores beneficiados. En esos otros cálculos, eventualmente creen que puede haber inversiones seguras por unos u$s 4000 millones, ya que podrían encontrar distintas formas para dilatar los desembolsos. Es una posibilidad a medida que se acerquen las elecciones.
Ya fuera que se confirmen los más de u$s 6600 millones que calcula el estudio de Carbajales o la versión menos optimista de que sueltan en el sector, en cualquier caso se trataría de un shock de inversiones para la performance argentina de los últimos años. De acuerdo con datos de la OCDE que procesó Misión Productiva, el país se ubicó en el último lugar de flujos de inversión extranjera directa (IED) en la región durante 2025, con u$s 3300 millones. Brasil anotó más de U$S 77.000 millones. El ministro de Economía, Luis Caputo, lo consideró lógico dado las políticas del país en los últimos años. En la edición del Latam Economic Forum, aseguró que se viene un boom y que la Argentina será la potencia de las próximas décadas.
Con todo, el trabajo de Carbajales señala puntos críticos en general del régimen. Por un lado, le marca un “sesgo cortoplacista”, al buscar acelerar las inversiones antes del final del mandato. Por otro lado, subraya que un 90% de los proyectos está asociado a sectores primarios. Además, indica que es “débil” la política de proveedores, dado que sólo obliga a tener un 20% de “compre argentino”, sin incluir una política de integración con las cadenas industriales y la inversión en investigación y desarrollo.
