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El Gobierno de Javier Milei, mediante el Ministerio de Justicia, avanza con una reforma del Código Procesal Penal Federal, un proceso clave para el funcionamiento del sistema acusatorio en todo el país.
En ese marco, la cartera a cargo de Juan Bautista Mahiques creó una nueva comisión con el objetivo de “simplificar procedimientos, modernizar y actualizar” la normativa vigente, según los argumentos.
La medida, formalizada a través de la Resolución 276/2026 publicada en el Boletín Oficial, estableció que la comisión estará conformada por representantes del Ministerio de Justicia y la Corte Suprema, entre otras entidades judiciales, quienes trabajarán “ad honorem”.
Según los considerandos en la norma, el Código Procesal Penal Federal “representa un cambio sustancial hacia un modelo acusatorio, orientado a garantizar una justicia penal más transparente, eficiente y respetuosa de los derechos y garantías constitucionales”.
Además, señaló que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 188/24 atribuyó funciones al Ministerio de Justicia para “la implementación y puesta en funcionamiento progresiva de la nuevas modificaciones en las distintas jurisdicciones del país”.
Código Procesal Penal: ¿qué delitos se buscan priorizar en la reforma?
En ese sentido, el texto oficial remarcó que los fenómenos criminales contemporáneos exigen “respuestas procesales adecuadas”.
Concretamente, se mencionaron las modalidades vinculadas a la criminalidad organizada y los delitos económicos complejos. También se busca actualizar la normativa vinculada a la ciberdelincuencia y la cooperación internacional, como así también el empleo de evidencia digital.
Con la competencia legal para intervenir en la reforma, el Ministerio considera necesario “promover una revisión integral del régimen procesal penal federal” que funciona actualmente.
Con estos argumentos, el Gobierno decidió dejar sin efecto la anterior Resolución N° 122/26 y, en su lugar, constituir una nueva “Comisión para la Reforma del Código Procesal Penal Federal”. Con este cambio se busca “un ámbito institucional de trabajo especializado, plural e interdisciplinario”.
La Comisión tiene la tarea de elaborar un anteproyecto de ley de reforma del cuerpo normativo citado y se realizarán reuniones temáticas destinadas al análisis de las distintas etapas del proceso penal.
Para el cumplimiento de su cometido, la Comisión contará con el apoyo de la Dirección de Asistencia Técnica y Legislativa. Asimismo, se podrá requerir colaboración de otras áreas del Ministerio cuando la complejidad lo amerite.
La resolución establece que la Comisión debe mantener una “representación equilibrada de los distintos actores involucrados”. Esto incluye no solo a funcionarios judiciales, sino también a expertos de la comunidad académica nacional. Finalmente, la medida cuenta con la intervención del servicio permanente de asesoramiento jurídico del Ministerio de Justicia.
