El gobierno de Javier Milei avanzó este martes con un decreto que modificó los procedimientos para designar jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Procurador General y del Defensor General de la Nación, pero en la Casa Rosada no muestran señales para avanzar sobre el nombramiento de dichas vacantes. ¿Cuál fue el trasfondo de esta decisión?
La normativa se publicó en el Boletín Oficial a través del decreto 467/2026 con la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. En esencia, reformó en profundidad los decretos 222 y 588 dictados durante la presidencia de Néstor Kirchner en 2003, conocidos como de “autolimitación presidencial”, y eliminó la instancia de participación ciudadana que se tramitaba en el ámbito del Ministerio de Justicia.
Si bien uno de los decretos refiere al nombramiento de jueces de la Corte, el procurador y el Defensor, el otro decreto rige para las ternas de jueces inferiores, fiscales y defensores públicos. Estos últimos sí forman parte de la agenda actual del ministerio de Justicia, mientras que los primeros fueron postergados por el Presidente ante un eventual segundo mandato con una mayoría más consolidada.
Fuentes judiciales del Gobierno explicaron en la lógica detrás de la decisión de reformar ambos decretos en simultáneo. “Se modificaron los dos decretos juntos porque establecían procedimientos similares y no tenía sentido mantenerlo para un caso sí y para el otro no”, señalaron. En ese sentido, descartaron que haya habido intenciones de sembrar el camino para la designación de jueces de la Corte para el corto plazo.
El decreto llega en el marco de una aceleración del Ejecutivo para cubrir vacantes en la Justicia Nacional y Federal. El Gobierno ya había enviado al Senado cien pliegos de candidatos a jueces y fiscales que habían pasado el examen en el Consejo de la Magistratura, de los cuales 74 obtuvieron el acuerdo de la Cámara Alta y aguardan la firma presidencial para asumir sus cargos.
En este sentido, el mismo criterio de coherencia normativa se aplicó a otro cuello de botella detectado en la gestión de Mahiques: “Estamos recibiendo varios concursos del Consejo de la Magistratura que tenían un trámite innecesario en el Ministerio”, precisaron las fuentes consultadas por El Cronista.
Pero las vacantes de la Corte Suprema siguen sin tener horizonte claro. Actualmente, el supremo tribunal funciona con tres de los cinco integrantes previstos por ley: el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Las dos vacantes que quedan abiertas corresponden a las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, que se retiró a fines de 2024 al cumplir los 75 años.
El decreto 467/2026 podría habilitar técnicamente el inicio del proceso para completar el tribunal, pero las fuentes gubernamentales descartaron que la norma cambie la posición de fondo del Ejecutivo. El presidente Milei dejó clara su posición sobre que piensa completar las vacantes del supremo ante un eventual segundo mandato para no tener que negociar con la oposición.
Y ante la consulta de si se mantiene la decisión de no avanzar en esas designaciones hasta después de 2027, desde Justicia fueron tajantes: “Es una decisión del Presidente. A nosotros no nos cambió nada en ese sentido, con lo cual sigue exactamente igual”.
Para completar la Corte y el Procurador el oficialismo necesitará de dos tercios en el Senado y, pese a que Milei busca evitar negociar con la oposición, es un escenario ineludible. En paralelo a la postura oficial, el escenario interno del Poder Judicial y de la propia Casa Rosada muestra líneas de tensión que no cerraron.
En el ambiente judicial se atribuyen maniobras recientes para definir la integración futura de la Corte al juez Ricardo Lorenzetti, quien mantuvo conversaciones con el presidente Milei para plantear que ya existe una mayoría parlamentaria suficiente para completar las vacantes del máximo tribunal.
Lorenzetti habría acercado nombres para una eventual ampliación de la Corte, entre ellos el camarista de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y la jueza Karina Perilli. Otras versiones que circulan en el ambiente judicial agregan a la jueza Mariana Catalano, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, también con vínculos con el cortesano, tal como contó El Cronista meses atrás.
Este medio pudo confirmar que esos nombres aparecieron en conversaciones que no están atribuidas al ala oficial de Mahiques, aunque desde el Gobierno no confirmaron que haya existido efectivamente una reunión entre el Presidente y Lorenzetti. Esa negociación paralela la construye el entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, quien mantuvo el control del ala judicial hasta la llegada del nuevo ministro, nombrado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Fuentes judiciales señalaron que el acuerdo que Lorenzetti habría buscado construir con el entorno del asesor data de comienzos de la gestión de Milei, cuando ambos sectores apostaron por el pliego del juez Ariel Lijo, rechazado por el Senado junto al de Manuel García Mansilla. El círculo rojo no es ajeno a esta puja, según deslizan desde los pasillos del Congreso.
La teoría que predomina es que el entramado de maniobras por los jueces de la Corte corresponde a la histórica puja de poder entre Lorenzetti y Rosatti, quien tiene más afinidad con el ala de Mahiques y los Menem y, por el contrario, no mantiene buena sintonía con el asesor presidencial.
Por ahora, el decreto 467/2026 dejó el proceso administrativo más aceitado, pero las vacantes en la Corte siguen a la espera de una definición política que, pese a las versiones que circularon sobre las negociaciones, no llegará en el corto plazo. En el medio, la política dejó repercusiones sobre las medidas.
El decreto 222/2003 obligaba al Ejecutivo a publicar el nombre y los antecedentes del candidato propuesto en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional durante al menos tres días. Abría luego un período de 15 días durante el cual ciudadanos, organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales y universidades podían presentar ante el Ministerio apoyos u objeciones fundadas.
En tanto, la medida ahora suprime esos artículos que garantizaban esa intervención de la sociedad civil y elimina la obligación de publicar los antecedentes en medios gráficos. Por otro lado, el 588/2003 regía las ternas para jueces inferiores, fiscales y defensores públicos, los cuales sí están en pleno debate en el Senado.
Para las ternas del segundo decreto, la publicación de la integración pasa a hacerse durante un solo día. A partir de ahora, los antecedentes de los candidatos se difundirán en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, en reemplazo de la obligación de publicarlos en diarios de circulación nacional.
La norma incorpora además cambios en la intervención de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA): el organismo deberá elaborar en un plazo de cinco días un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales de los candidatos, con preservación del secreto fiscal.
Una vez reunida esa documentación, el Ministerio de Justicia elevará las actuaciones al Poder Ejecutivo, que decidirá si remite la propuesta al Senado para solicitar el acuerdo.
Las organizaciones y particulares seguirán pudiendo presentar observaciones o impugnaciones sobre los candidatos, aunque lo harán exclusivamente en el marco del debate parlamentario. El Gobierno argumentó en los fundamentos del decreto que la etapa eliminada en el Ministerio duplicaba controles que ya existen en el Senado.
Otro aspecto que cambia es que la nueva norma no reproduce las recomendaciones incluidas en la reglamentación de 2003, que sugerían contemplar criterios de diversidad de género, especialización jurídica y representación regional al momento de proponer candidatos para el máximo tribunal.
En este sentido, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que esa supresión contradice el artículo 75.23 de la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Por su parte, la presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Alejandra García expresó preocupación: “Las modificaciones introducidas eliminan instancias de participación ciudadana que, durante más de dos décadas, permitieron a universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía formular observaciones respecto de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo”.
“La participación de los distintos sectores de la sociedad civil aportaba información, perspectivas y observaciones relevantes para la evaluación pública de las candidaturas, fortaleciendo la calidad institucional del proceso”, añadió la titular del Colegio Público. También subrayó que “la supresión de esos mecanismos implica un claro retroceso respecto de los estándares institucionales que la Argentina había incorporado para la designación de las más altas autoridades del sistema de justicia”.
También tuvo repercusiones en el ámbito de la Cámara alta, donde la senadora del peronismo Juliana Di Tullio sostuvo: “¿No quieren también que el Senado vote a las 4 de la mañana, en sesión secreta y con la luz apagada para que nadie se entere a quién pusieron como jueces de la Nación? Más oscuridad, menos control del Congreso y nula participación del pueblo no se puede. Si la CSJN permite esta decisión convierte en cómplice el poder judicial, aunque no sería novedad. Al final, lo primero es la familia!!!!“, expresó en X.
Por su parte, el asesor Santiago Caputo salió públicamente a defender los cambios en la normativa: “La Argentina tiene un montón de problemas institucionales derivados de la falta de compresión de la clase política de las instituciones básicas del sistema republicano. Básicamente porque hemos sido una república en nombre simplemente durante décadas”, sostuvo.
Y agregó: “El decreto 222 era una de esas anomalías institucionales que se fabrican so pretexto de conceptos como la transparencia para no afrontar el problema de fondo. El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado. Si tienen un problema con eso lo que hay que hacer es elegir mejores senadores. El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes".
