Luego de un nuevo fallo favorable a favor de Argentina en el marco de la causa por YPF, en el Gobierno se mantienen alerta. Si bien la Corte de Apelaciones de Nueva York rechazó el pedido del fondo demandante Burford para revisar la sentencia que liberó al país de pagar más de u$s 16.000 millones, la expectativa de los abogados de la Casa Rosada es que Burford todavía intentará ir a la Corte Suprema de Estados Unidos, y, al mismo tiempo, al CIADI.
Así lo reveló Juan Ignacio Stampalija, subprocurador del Tesoro, que a partir de la semana que viene se sumará como secretario legal dentro del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo. “Doy por sentado que van a ir por la vía de la Corte Suprema, aunque las posibilidades que les quedan son muy reducidas”, afirmó en Pulso Financiero, el programa de El Cronista Stream que conduce Guillermo Laborda de lunes a viernes de 11 a 12 horas.
Stampalija señaló que, aunque da por sentado que Burford utilizará esa vía como último recurso, las posibilidades del fondo son bastante reducidas. Esto se debe a que la Corte estadounidense toma muy pocos casos por año y a que el fallo de la Cámara de Apelaciones se basó exclusivamente en el derecho argentino, lo cual dificulta que la Corte Suprema norteamericana intervenga, ya que implicaría revisar una interpretación de derecho extranjero.
La Corte Suprema es finalmente el último recurso que le queda al bufete de abogados londinense. En primera instancia, en septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska había condenado al país a pagar u$s 16.000 millones por no haber hecho una oferta pública de acciones al momento de expropiar la petrolera YPF, en el año 2012. Luego, tres años después, en segunda instancia, tres jueces revirtieron la decisión, y Argentina no deberá pagar ese monto, que por intereses ya superaba los u$s 18.000 millones.
En el Gobierno son optimistas respecto de este proceso, porque consideran que el caso casi ni siquiera será aceptado por la Corte Suprema. El propio Burford también lo expresó. En un comunicado oficial dirigido a sus inversores, publicado el 30 de marzo de 2026 en su portal de relaciones con inversores —tres días después del fallo del panel del Segundo Circuito—, la firma reconoció: “Si los demandantes no obtienen alivio en el proceso en banc, esperamos que luego busquen un recurso de certiorari (permiso para apelar) ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque la Corte rechaza la mayoría de esas solicitudes”.
El documento, emitido bajo las normas de la SEC, que obliga a las empresas cotizadas a divulgar información sensible de manera simultánea para todos los inversores, fue firmado por el propio CEO de la compañía, Christopher Bogart. Fue el 30 de marzo, antes de que se llevara adelante el último pedido, que fue rechazado.
Este martes, la Procuración del Tesoro de la Nación informó que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó el pedido de rehearing in banc presentado por los demandantes en el caso Petersen contra la República Argentina. La decisión del tribunal niega la solicitud de revisión del fallo por el pleno de los integrantes activos de la Cámara de Apelaciones. Esto significa que el fallo emitido por tres jueces en segunda instancia no será revisado.
Burford dispone de 90 días para intentar el pedido de revisión ante la Corte Suprema. Sin embargo, al mismo tiempo, le queda otra opción: reclamar ante el CIADI. “Doy por sentado que lo van a intentar, pero el camino que les queda es muy angosto, tiene obstáculos y les va a llevar años”, afirmó Stampalija en Pulso Financiero.
El abogado afirmó que enfrentarán muchos obstáculos técnicos y que la defensa argentina abordará el arbitraje con la misma seriedad y profesionalismo que en la instancia de Nueva York, destacando que, a diferencia de la etapa anterior, ahora son los demandantes quienes deberán explicar por qué perdieron en Estados Unidos después de 11 años de litigio.
Pese a que podría quedar prácticamente cerrado el caso YPF, Argentina enfrenta otros frentes judiciales internacionales de gran relevancia. Por un lado, el caso del cupón PBI, el juicio más relevante que queda pendiente. Stampalija explicó que existen dos grupos de casos relacionados: uno en Inglaterra, donde ya existe una sentencia adversa firme, y otro en Estados Unidos, donde se han reiniciado demandas tras algunos fallos parciales. Por otro lado, los arbitrajes por concesiones de autopistas: se trata de una serie de tres arbitrajes internacionales relacionados con las renegociaciones de contratos realizadas durante la gestión de Mauricio Macri, que luego fueron consideradas ilegales durante el gobierno de Alberto Fernández.
