Fuente: Archivo
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El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de Suizo Argentina, en el marco de la causa por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos deberán presentarse el 29 de octubre, tras el pedido formulado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.
La convocatoria también alcanza a otros directivos de la droguería: Diego Viner, Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Zarbo y Fernando Domínguez. La investigación busca determinar si la empresa participó en un esquema de irregularidades en la compra y distribución de medicamentos de alto costo.
Según la fiscalía, Suizo Argentina habría tenido un papel central en el direccionamiento de las compras y la fijación de precios. Los investigadores sostienen que la firma accedía a información anticipada sobre las adquisiciones de ANDIS y definía valores de medicamentos propios y de otros distribuidores.
Entre las pruebas mencionadas por los fiscales figuran archivos con medicamentos requeridos, empresas adjudicatarias y precios antes del cierre de las licitaciones. Según la acusación, esos datos coincidían con los resultados finales del sistema de compras del organismo. La hipótesis fiscal plantea un “doble pacto” entre funcionarios, la droguería y otros proveedores.
El expediente también involucra al exdirector de ANDIS Diego Spagnuolo, a Daniel Garbellini, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete. En una ampliación de la investigación, los fiscales atribuyeron nuevos pagos presuntamente ilegales a Spagnuolo y señalaron que Calvete habría organizado un viaje del exfuncionario a Israel en noviembre de 2024.
La causa analiza presuntas irregularidades en las compras de ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025. La investigación incluye medicamentos y otros insumos médicos, mientras que una línea separada examina adquisiciones de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos y sillas de ruedas motorizadas.
Suizo Argentina rechazó las acusaciones y negó la existencia de sobreprecios. Además, cuestionó la incorporación de las pruebas al expediente y calificó los mensajes y audios utilizados en la investigación como una “construcción falaz”. La citación a indagatoria no implica, por sí misma, una declaración de culpabilidad.
