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Este miércoles por la noche, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de Ley de Discapacidad impulsado por el Gobierno, pero con importantes cambios de último minuto negociados por la oposición. Obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, y ahora deberá tratarse en el Senado.
La iniciativa fija la pensión por discapacidad en el 70% del haber mínimo jubilatorio y permite cobrarla junto con un trabajo formal. También crea un sistema de auditorías cruzadas y un piso para el presupuesto del área.
Qué cambia si el proyecto de Discapacidad se transforma en ley
El dictamen de mayoría, denominado “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, toma en cuenta prácticamente todo el esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad, pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad.
Suspensión y rehabilitación
El texto que ahora deberá aprobar el Senado modifica el pago de la pensión por discapacidad: en caso de superar el tope establecido para su cobro, este se suspenderá de manera provisoria y no se dará de baja. Al terminar el empleo o en caso de bajar los ingresos, el titular puede pedir la rehabilitación inmediata.
Además, con el nuevo proyecto, se prevé que la Secretaría Nacional de Discapacidad controle de forma permanente los datos de ANSES, ARCA, SINTyS, ReNaPer y otros organismos. Ante inconsistencias, se podrá suspender el beneficio de manera preventiva con notificación previa. El titular tiene derecho a la defensa y puede pedir la rehabilitación provisoria mientras se revisa su caso.
Financiamiento
La versión perfeccionada del dictamen asigna el financiamiento de la ley a la Jurisdicción 80 del Ministerio de Salud. Allí están los programas de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa, de Atención Médica a sus beneficiarios y de Prevención y Control de Discapacidades.
El texto aclara que, si el crédito de esos programas no alcanza, el excedente se cubrirá con una compensación presupuestaria sobre la Jurisdicción 91, “Obligaciones a Cargo del Tesoro”, en las actividades de Salud y Seguridad Social del programa “Otras Asistencias Financieras”.
Para las patronales
Se mantienen las contribuciones patronales reducidas para quienes contraten de forma permanente a personas con discapacidad (artículo 87 de la Ley 24.013). El personal de las entidades del Sistema de Prestaciones Básicas deberá recibir formación obligatoria sobre derechos y trato no discriminatorio.
Cobertura integral de salud
Por exigencia de los bloques opositores, se garantizó la continuidad de la atención médica básica y especializada a través del programa Incluir Salud para todos los beneficiarios.
Qué cambios aceptó el oficialismo
El dictamen oficialista había reunido 42 firmas con el apoyo del PRO, la UCR y otros aliados, mientras que el peronismo, Provincias Unidas y la izquierda sumaron 36 para sostener la prórroga de la emergencia. Para destrabar el debate en el recinto, La Libertad Avanza (LLA) negoció con los bloques aliados, encabezados por Oscar Herrera Ahuad.
El oficialismo no quería la emergencia, que la oposición buscaba prorrogar, porque le brindaba mayor discrecionalidad al Ejecutivo para la reasignación de las partidas y también una herramienta susceptible de judicialización.
El acuerdo se destrabó luego de que LLA aceptara retirar del texto los recortes planteados originalmente en el Presupuesto 2027, garantizando la preservación de los derechos adquiridos por el colectivo.
En ese sentido, el Gobierno negoció también cambios como el hecho de que quienes cobran otra prestación, como la AUH, no queden excluidos de la pensión, aunque no podrían acumular dos beneficios iguales.
También buscaban garantizar la cobertura de prestaciones y medicamentos para los actuales titulares y fijar un cronograma de pago a prestadores: 30 días para notificar y 90 para cobrar las deudas.
