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El oficialismo buscará avanzar este miércoles con el dictamen del Súper RIGI en el Senado, pero se vio obligado a introducir cambios al proyecto que recibió media sanción de la Cámara de Diputados. Las modificaciones alcanzarán al régimen de compre nacional y a los grandes centros de datos, mientras que quedarán afuera dos pedidos de los aliados sobre infraestructura e industrias.
La reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General representa una instancia clave para el proyecto impulsado por el Gobierno. Sin embargo, fuentes del bloque libertario admitieron ante El Cronista que en las últimas horas aparecieron nuevas dudas sobre la posibilidad de reunir las firmas necesarias.
“Pensamos que sí, pero en Labor surgieron dudas”, señalaron fuentes oficialistas sobre la posibilidad de obtener dictamen durante la jornada, al salir de la Labor Parlamentaria de este miércoles. La fecha tentativa para llevar el proyecto al recinto sería recién el 10 de septiembre. Además, podría incluirse en el temario la Ley de Biocombustibles en acuerdo con los aliados.
El escenario representa un giro respecto de la posición que La Libertad Avanza mantenía la semana pasada. Hasta entonces, el oficialismo se resistía a modificar el texto aprobado por Diputados para evitar que la iniciativa tuviera que regresar a la Cámara de origen.
Finalmente, el bloque libertario aceptó incorporar modificaciones. Si el nuevo texto obtiene dictamen y luego es aprobado por el recinto del Senado, el proyecto deberá volver a Diputados para que esa Cámara acepte los cambios o insista con su versión original.
La negociación todavía no habría sido comunicada formalmente a la Casa Rosada. “Se lo vamos a contar”, indicaron desde el bloque libertario al ser consultados sobre si el Poder Ejecutivo estaba al tanto de las modificaciones.
Qué cambios aceptó el oficialismo en el Súper RIGI
Uno de los cambios se incorporará en el apartado referido al compre nacional. Según adelantaron fuentes oficialistas, el nuevo texto introducirá el concepto de “bienes transables” dentro de las condiciones previstas para la contratación de proveedores locales.
El proyecto aprobado por Diputados establece que el plan de inversión deberá contener un compromiso de contratación de proveedores locales por un mínimo equivalente al 20% del monto destinado al pago de proveedores, siempre que exista oferta nacional en condiciones de mercado en materia de precio y calidad.
La incorporación de los bienes transables busca precisar el alcance de esa exigencia, uno de los puntos que había generado dudas entre los aliados. La redacción definitiva será clave para determinar sobre qué universo de compras se aplicará el porcentaje de integración local.
El segundo cambio estará dirigido específicamente a los data centers y otros centros electrodependientes, dos de los potenciales beneficiarios del régimen por el tamaño de las inversiones y su vinculación con la infraestructura tecnológica y digital.
El oficialismo incorporará un artículo para establecer que esos proyectos deberán autogestionar sus sistemas eléctricos. La intención es evitar que emprendimientos con una elevada demanda de energía comprometan la infraestructura existente o el abastecimiento de la población y de otras actividades productivas.
El texto con media sanción ya obliga a los proyectos a presentar un estudio técnico que demuestre que la inversión no afectará la capacidad, el acceso o el uso de la infraestructura disponible en energía, transporte, telecomunicaciones, agua y saneamiento. La nueva cláusula sumará una obligación específica para los grandes consumidores eléctricos.
La misma exigencia no se trasladará al uso del agua. Desde el bloque libertario argumentaron que los centros de datos cuentan con sistemas que permiten reciclarla y reutilizarla con mayor facilidad.
Los reclamos de los aliados que quedaron afuera
Los cambios que aceptó el oficialismo no contemplan dos de los principales pedidos que los bloques aliados habían planteado durante la discusión en el Senado.
El primero era ampliar el universo de beneficiarios para incorporar a industrias que ya operan en la Argentina. La iniciativa está destinada exclusivamente a actividades que no tengan desarrollo comercial en el país o cuyo avance todavía sea experimental, piloto o incipiente.
El texto aprobado por Diputados excluye expresamente los proyectos destinados a ampliar, modernizar, reconvertir o reutilizar instalaciones preexistentes. Ese criterio se mantendrá, por lo que las empresas ya instaladas no podrán acceder al régimen para ampliar sus operaciones.
El segundo reclamo descartado era obligar a las empresas beneficiarias a realizar obras públicas en rutas nacionales, caminos o accesos vinculados con los proyectos.
Los aliados querían que una parte de las inversiones se destinara a mejorar la infraestructura necesaria para transportar insumos y producción, especialmente en aquellas provincias donde la llegada de emprendimientos de gran escala puede incrementar la presión sobre rutas nacionales que actualmente presentan problemas de mantenimiento.
Sin embargo, fuentes del bloque libertario confirmaron que el dictamen no incluirá una obligación específica para financiar caminos y accesos. El proyecto conservará únicamente la exigencia general de demostrar que la inversión no comprometerá la infraestructura disponible en su zona de influencia.
Qué establece el Súper RIGI
El proyecto crea un régimen de incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones superiores a u$s 1.000 millones destinadas a desarrollar nuevas actividades económicas. Para ingresar, los proyectos deberán ejecutar al menos el 20% de la inversión comprometida durante sus primeros dos años.
Entre los sectores potencialmente alcanzados aparecen la fabricación de baterías, el hidrógeno de bajas emisiones, el GNL, los pequeños reactores nucleares, los vehículos eléctricos, los paneles solares, las turbinas eólicas, la industria aeroespacial, los fertilizantes y los grandes centros de datos.
El principal beneficio es una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, frente al 25% previsto en el RIGI vigente y al 35% de la alícuota general. También contempla amortización acelerada, compensación de quebrantos sin límite temporal y una reducción de la carga sobre dividendos y utilidades.
Los proyectos incorporados tendrán estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria durante 30 años. Además, la aplicación de los beneficios nacionales requerirá la adhesión expresa de la provincia y, cuando corresponda, de los municipios donde se radique la inversión.
El tratamiento formal comenzó el 5 de agosto en las tres comisiones del Senado. Ahora el oficialismo deberá definir si cuenta con las firmas para dictaminar el nuevo texto y encaminar su tratamiento en el recinto durante septiembre. Si consigue aprobarlo, la discusión regresará a Diputados.
