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Luego de la fallida Ley de Tierras, Patricia Bullrich aceleró en el Senado el tratamiento de proyectos clave para el Ejecutivo. A pesar de ello, el Super RIGI no consiguió dictamen aún y los aliados piden dos cambios clave en materia de obra pública e industrias. ¿De qué se tratan los cambios?
El proyecto Súper RIGI, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, llega este miércoles a una instancia clave en el Senado.
A partir de las 16, las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General retomaron el tratamiento del proyecto en una nueva reunión plenaria.
El encuentro constituye la última ronda informativa antes de avanzar hacia el dictamen. Sin embargo, el faltazo del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue un indicador de los problemas del oficialismo con los aliados.
La Libertad Avanza necesita el acompañamiento de los bloques aliados para avanzar con el proyecto. No obstante, tras la derrota con Propiedad Privada, la discusión se complejizó.
Fuentes legislativas aseguraron a El Cronista que los aliados quieren introducir dos cambios claves: incluir industrias que no son contempladas por el Super RIGI y agregar además cláusulas para que las empresas que accedan al beneficio deban realizar obra pública en rutas nacionales.
El proyecto indica que los incentivos del Super RIGI son únicamente para “industrias nuevas” que podrían acceder a beneficios extraordinarios. Es decir, industrias que ya existen en Argentina no pueden aplicar, eso sería lo que los aliados quieren cambiar.
Voces del oficialismo en el Senado aseguraron que los aliados no llevaron esta inquietud al bloque libertario. Sin embargo, La Libertad Avanza no quiere introducir cambios al proyecto.
Fuentes parlamentarias aseguraron que el Super RIGI no se tratará la próxima semana, sino que habrá una sesión para tratar la Ley de Hojarasca, pliegos judiciales y dos proyectos de los aliados. Esto último es un guiño a los gobernadores.
La discusión por el Súper RIGI, entonces, se superpone con una negociación más amplia por el funcionamiento del Senado.
En ese contexto, Patricia Bullrich habilitó el tratamiento de dos proyectos vinculados al mercado voluntario de créditos de carbono, impulsados por senadoras de bloques provinciales, como parte de la estrategia para recomponer acuerdos de cara a la próxima sesión.
La letra chica del Súper RIGI
El proyecto de Súper RIGI crea un régimen de incentivos para grandes inversiones destinadas a desarrollar nuevas industrias en la Argentina.
La iniciativa apunta a proyectos que requieran una inversión mínima de u$s 1.000 millones y que estén vinculados con actividades que actualmente no tienen desarrollo comercial en el país o se encuentran en una etapa experimental, piloto o incipiente.
Entre los sectores que el Gobierno identifica como potenciales beneficiarios aparecen la cadena de valor del litio, la fabricación de baterías, el hidrógeno de bajas emisiones, el GNL, los pequeños reactores nucleares, los vehículos eléctricos, los paneles solares, las turbinas eólicas, la industria aeroespacial, la producción de fertilizantes y los grandes centros de datos.
Para acceder al régimen, las empresas deberán comprometer una inversión mínima de u$s 1.000 millones y ejecutar al menos el 20% de ese monto durante los primeros dos años.
El beneficio no está limitado a empresas extranjeras: el régimen alcanza a los vehículos de proyecto que se constituyan para realizar las inversiones, independientemente de su origen. La adhesión al esquema implica, además, un período de estabilidad de los beneficios previsto por 30 años.
El principal atractivo está en el paquete de beneficios impositivos. El proyecto fija una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, frente al 25% que establece el RIGI vigente y al 35% de la alícuota general.
Además, permitiría una amortización acelerada: para las inversiones alcanzadas, se puede computar el 60% durante el primer ejercicio y el 20% en cada uno de los dos siguientes. A esto se suma la posibilidad de compensar quebrantos sin límite temporal y un régimen más favorable para dividendos y utilidades, cuya alícuota pasa del 7% al 3,5% después de cuatro años desde la adhesión.
