Después de flexibilizar las importaciones y avanzar en un acuerdo comercial con Estados Unidos (ARTI), el Gobierno se prepara para dar un paso clave en el alineamiento de su política de comercio exterior: una regulación sobre trabajo forzoso que busca adecuar la legislación argentina a los estándares que impulsa la administración de Donald Trump pero sin afectar la relación comercial con China, principal origen de las importaciones del país.
Según pudo saber El Cronista, los ministerios de Economía y Capital Humano trabajan junto con la Dirección General de Aduanas en un borrador de normativa que comenzará a discutirse con autoridades estadounidenses durante una serie de encuentros técnicos previos al G20.
El objetivo es avanzar hacia un mecanismo que permita detectar bienes producidos bajo condiciones de trabajo forzoso sin adoptar automáticamente los criterios que aplica Estados Unidos.
Para lograrlo, funcionarios argentinos participaron días atrás de webinars organizados por autoridades estadounidenses para analizar los distintos modelos de control que Washington busca promover entre sus socios comerciales.
La iniciativa se desarrolla mientras continúan las negociaciones para adecuar el texto del ARTI.
Una nueva generación de barreras comerciales
La regulación responde a una transformación más amplia del comercio internacional. Durante los últimos años, Estados Unidos amplió los requisitos para el ingreso de productos a su mercado.
A las tradicionales investigaciones por dumping, subsidios o propiedad intelectual se sumaron exigencias vinculadas con el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la trazabilidad de las cadenas de suministro, convirtiendo esos estándares en una nueva generación de barreras comerciales.
El tema también forma parte de la agenda que Estados Unidos impulsa en foros multilaterales y que volverá a llevar al G20 como “prioritario”, ya que buscará profundizar la cooperación entre los países para evitar el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.
No se trata de una discusión nueva entre ambos países. En mayo de 2023, Argentina y Estados Unidos realizaron un Diálogo Laboral de Alto Nivel en el que reafirmaron su compromiso de avanzar en la erradicación del trabajo infantil, el trabajo forzoso y la trata de personas, además de fortalecer la cooperación en materia de derechos laborales.
El delicado equilibrio entre Washington y Beijing
Para la Argentina, el desafío no es menor, ya que debe compatibilizar dos objetivos que conviven dentro de su estrategia comercial. Por un lado, profundizar el vínculo con Estados Unidos y facilitar la implementación del ARTI. Por otro, evitar que una regulación demasiado amplia termine afectando el comercio con China y el Sudeste Asiático, de donde provienen buena parte de las importaciones nacionales.
En el primer semestre de 2026, Estados Unidos se consolidó como el segundo destino de las exportaciones argentinas, con ventas por u$s 4859 millones, un crecimiento interanual del 42,1% y un superávit bilateral de u$s 1575 millones.
China, en cambio, fue el tercer mercado para las exportaciones, con u$s 4891 millones (59,1%), pero continuó siendo el principal origen de las importaciones, con compras por u$s 7983 millones, lo que dejó un déficit comercial para la Argentina de u$s 3092 millones, según el Indec.
En términos de participación, ambos países representaron el 10% de las exportaciones argentinas durante el semestre. Sin embargo, China explicó el 22% de todas las importaciones, más del doble que Estados Unidos, cuya participación fue del 9%.
Ese mapa comercial ayuda a explicar por qué el Gobierno busca un camino intermedio. Según fuentes oficiales, Argentina no pretende replicar el modelo estadounidense, que permite bloquear importaciones mediante presunciones de trabajo forzoso o restricciones aplicadas sobre determinadas regiones geográficas, especialmente en China. La intención es avanzar hacia un sistema basado en investigaciones y evidencia concreta antes que en prohibiciones generales.
Apertura, pero con estándares
La discusión también refleja una nueva etapa de la política comercial. Después de avanzar en la eliminación de licencias, la reducción de aranceles y la simplificación de las importaciones, el Gobierno comenzó a trabajar sobre mecanismos de control.
En Economía sostienen que el desafío consiste en diseñar una herramienta que satisfaga los estándares internacionales sin convertirse en una barrera adicional para el comercio.
Por eso, además de las áreas oficiales, buscan apoyo en información aportada por cámaras empresarias y otros actores privados que ya realizan seguimiento sobre cadenas de abastecimiento internacionales y detectan posibles irregularidades.
Una herramienta que ya funcionó para el hallazgo de otras anomalías en el comercio, como las denuncias de la industria textil por presuntas subvaloraciones en el ingreso de prendas importadas; las advertencias sobre heladeras comercializadas sin cumplir con las normas de eficiencia energética exigidas en el país; y la presentación de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) por los juguetes blandos tipo “squeezy dumplings”, que derivó en una investigación oficial y, posteriormente, en la prohibición de su importación y comercialización por la presencia de sustancias químicas peligrosas para la salud.
Desde el sector privado, las pymes reclaman mayor diálogo tras la salida de Marcos Ayerra, secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores, a la vez que la participación de las cámaras empresarias perdió fuerza en los controles oficiales con la eliminación de los “veedores”.
En el Gobierno destacan esos antecedentes en el marco del nuevo esquema de controles ex post (cuando los productos ya están en circulación): en lugar de reforzar autorizaciones previas al ingreso de mercadería, apuntan a detectar incumplimientos una vez que los productos ya ingresaron al mercado, aplicar sanciones económicas, retirar los bienes cuando corresponda y disciplinar a las empresas mediante multas y mayores controles sobre los operadores que incumplen la normativa.
Bajo esa lógica, sostienen que el riesgo de sanciones posteriores genera incentivos para el cumplimiento sin volver a un sistema de autorizaciones previas que, según la visión oficial, entorpecía el comercio.
El último informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la Argentina cuenta con mecanismos para denunciar casos de trabajo forzoso y realizar inspecciones laborales, aunque advierte que la cantidad de inspectores resulta insuficiente para una fiscalización integral.
