Mientras la economía mundial se pregunta de dónde saldrán las entre 10 y 15 millones de toneladas adicionales de cobre que exigirá la transición energética e industrial en la próxima década —impulsada por tecnologías como los vehículos eléctricos, que consumen hasta 60 kg de cobre frente a los 8 kg de un automóvil convencional—, la Argentina aparece en el mapa global con su potencial geológico.
Sin embargo, enfrenta una carrera contra el tiempo: aunque el mineral reposa bajo la cordillera, los capitales internacionales buscan previsibilidad. ¿Alcanza con el RIGI?
La Argentina podría pasar de una producción prácticamente nula a generar entre 1,5 y 2 millones de toneladas anuales de cobre hacia 2035, mientras compite por inversiones con jugadores consolidados y emergentes como la República Democrática del Congo, Zambia, Sudáfrica y Mongolia.
Distintos analistas aseguran que la discusión ya no pasa solo por contar con el recurso geológico, sino por resolver aspectos clave que garanticen estabilidad jurídica, fiscal y cambiaria en el largo plazo.
“El capital se va a mover”, advirtió Jorge Cantallopts, director ejecutivo del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), y subrayó que contar con el recurso geológico no garantiza la llegada de inversiones si no se ofrece una contundente certeza regulatoria.
El salto exportador
Según datos de ABECEB, las exportaciones mineras argentinas pasarán de unos u$s 10.000 millones en 2026 a u$s 18.500 millones en 2030 y a más de u$s 35.000 millones en 2035.
El cobre sería el principal motor de ese salto, a menos de una década de que la Argentina abandonara la producción a gran escala tras el cierre de Bajo de la Alumbrera.
El escenario requiere inversiones superiores a u$s 28.000 millones en más de tres proyectos avanzados. En el primer semestre de 2026, las exportaciones mineras alcanzaron los u$s 4742 millones, un 74,4% más que en el mismo período del año anterior.
Pero el potencial también enfrenta límites. Solo 20% del territorio con aptitud geológica fue explorado en profundidad. La Argentina perfora entre 3 y 5 metros por kilómetro cuadrado, frente a los 10 a 15 metros de Perú y los 15 a 20 metros de Chile.
Entre el descubrimiento de un yacimiento y el inicio de la producción pueden pasar más de 20 años. La exploración que no se realice hoy no se traducirá en nuevas exportaciones durante la próxima década.
RIGI vs. DL 600: El dilema impositivo y la lección del sector privado chileno
El paralelismo entre la Argentina y Chile ofrece claves para la industria. El histórico Decreto Ley 600 (DL 600), creado en 1974, fue un instrumento para atraer inversión extranjera durante la transición chilena del pinochetismo a la democracia. Fue derogado en 2014, aunque mantuvo vigencia para contratos anteriores hasta 2016.
Durante los doce años posteriores sin ese instrumento, la inversión en activos en marcha continuó, pero no ingresaron grandes proyectos mineros desde cero (greenfield). Activos como Spence todavía operan bajo contratos del DL 600 anteriores a su derogación y protegidos frente a modificaciones fiscales posteriores.
Tras los cambios políticos de los últimos años, Chile volvió a discutir y aprobar un régimen de invariabilidad tributaria inspirado en el DL 600 y comparable, en algunos aspectos, con el RIGI argentino.
Para Martín Reydó, director ejecutivo de Fundar, ambos regímenes fueron diseñados para atraer inversiones extranjeras en países con antecedentes de inestabilidad macroeconómica: “En eso se parecen: son instrumentos de atracción o de retención de inversiones extranjeras”.
La diferencia más evidente está en el plazo de estabilidad. Mientras el régimen chileno ofrecía una invariabilidad tributaria de 10 años, extensible a 20, el RIGI establece beneficios y estabilidad por 30 años.
Pero Reydó marca un contraste más profundo: el DL 600 no reducía la carga impositiva, mientras que el régimen argentino incorpora una rebaja del Impuesto a las Ganancias, además de beneficios vinculados con la amortización y otros tributos.
“El DL 600 no baja impuestos. El RIGI sí: baja del 35% al 25% Ganancias, más un montón de otras cosas, como la amortización acelerada y otros impuestos que no pagan las inversiones que adhieren al régimen. La diferencia ahí es grande”.
Pagar más a cambio de certeza
La comparación pone sobre la mesa el costo de la estabilidad. Chile se encamina a reducir su impuesto corporativo general del 27% al 23% en los próximos cuatro años. Sin embargo, las mineras que adhieran al nuevo régimen de invariabilidad por 30 años deberán abonar una tasa diferenciada a cambio de protección frente a futuros cambios normativos.
La lógica es que una carga tributaria algo mayor puede ser preferible a un esquema más bajo, pero sujeto a modificaciones permanentes. En esa línea, ejecutivos trasandinos plantean que la carga fiscal nominal no es el único factor decisivo: Estados Unidos, Canadá y Australia mantienen cargas elevadas y aun así captan inversiones gracias a su previsibilidad institucional.
Cuando Chile aprobó el nuevo royalty minero, la industria negoció un techo de carga tributaria total del 46%, que incluye el impuesto a la renta, el royalty y otros gravámenes. El nivel es apenas superior al rango de entre 42% y 45% aplicado en Perú, Canadá y Australia.
Reydó reconoce que la Argentina parte de una posición más débil por su historial de defaults: “Se ha instalado el argumento de que la Argentina tiene que exagerar en todo lo que hace porque ha sido un mal alumno. Y es cierto: defaulteó muchas veces, tiene una enorme inestabilidad macroeconómica y eso no ocurre de la misma manera en sus vecinos”, señaló.
Sin embargo, advirtió: “Que tengas que entregar decenas de cosas para que vengan inversiones, sin darles nada a cambio, con el riesgo de generar economías de enclave en sectores claramente extractivistas como la minería, es un problemón”.
Frente cambiario y reglas claras
Para las operadoras, el capítulo más decisivo del RIGI no es únicamente la estabilidad tributaria, sino el esquema de acceso a divisas y la libre disponibilidad de los dólares de exportación, con una liberalización gradual del 20%, 40% y 100% en tres años.
El exministro de Producción y Trabajo Dante Sica destacó la función igualadora del régimen: “Es un disparador fuerte porque le da a la Argentina la posibilidad de igualar la cancha con competidores directos como Chile y Perú”.
Sin embargo, remarcó que el desafío también es institucional y reputacional: “La Argentina no compite solo contra Chile, el Congo o Perú por el capital geológico; compite contra su propio pasado de incumplimiento de contratos y de cambios permanentes en las reglas del juego”.
Para Sica, la garantía cambiaria es central. “El aspecto más crítico que otorga el RIGI no es únicamente la reducción impositiva, sino la garantía sobre la libre disponibilidad y liquidación de divisas para repatriar utilidades”.
A esto se suma la clarificación de la Ley de Glaciares, un marco ambiental que consideró imprescindible para destrabar proyectos de escala en la cordillera.
El debate del “Compre Local”: ¿protección o freno a la inversión?
Otro punto de discusión es el contenido local. Mientras el RIGI fija que un mínimo del 20% de la inversión se destine a proveedores locales no vinculados, algunas provincias mineras impulsan regulaciones con porcentajes que, según los casos, llegan al 70% o 90%.
Sica advirtió sobre los riesgos de imponer compras locales rígidas. “Obligar por ley a las empresas mineras a cumplir con cupos de compra local le resta valor a los proyectos y reduce las tasas de retorno, al punto de correr el riesgo de frenar la inversión”.
En Chile, el entramado de proveedores se desarrolló gradualmente durante tres décadas, mediante exigencias técnicas, incentivos y puntajes adicionales para empresas regionales, sin imponer desde el comienzo porcentajes rígidos.
El empleo formal como sostén de la licencia social
Los proyectos presentados bajo el RIGI ya suman cerca de u$s 40.000 millones, aunque solo u$s 21.000 millones fueron aprobados. Para los especialistas, la llegada de capitales habría sido más lenta o inviable sin este marco.
No obstante, la sostenibilidad del sector dependerá también del empleo y los encadenamientos productivos.
Hoy la minería formal representa apenas el 0,6% del empleo privado registrado en la Argentina. En Chile explica alrededor del 10% de la fuerza laboral cuando se incluyen trabajadores directos, contratistas y empleos vinculados al sector, y se ubica entre las actividades con mejores salarios.
Los puestos que genere la minería no compensarán por sí solos la caída del empleo industrial, pero pueden impulsar trabajo formal, salarios altos y actividad en las provincias cordilleranas.
Para Reydó, el desafío es lograr que los proyectos se vinculen con la estructura productiva existente. A diferencia de Chile y Perú, la Argentina cuenta con una industria metalúrgica desarrollada que podría abastecer parte de la demanda minera.
“Si la minería no desarrolla capacidades productivas locales y no se enraíza con el entramado productivo argentino, va a tener un problema de legitimidad social y económica”.
Por eso propone conectar la demanda de la minería y del oil & gas con las capacidades metalúrgicas de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. “Si no conectamos esas dos Argentinas —la del centro con la de los Andes y la Patagonia— vamos a estar en un problema. Y es un problema que los actores más lúcidos de la minería ya están viendo”.
