Mientras avanza el debate por la reforma de la ley de semillas, uno de los temas más sensibles que abrió el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), el agro argentino posterga un potencial exportador de u$s 3000 millones anuales.
El impacto económico y las dificultades para destrabar la normativa fue uno de los temas que atravesó AmCham Agribusiness Forum 2026, este jueves, en Puerto Madero.
Funcionarios y especialistas coincidieron en que la actualización de las reglas resulta clave para atraer tecnología, mejorar los rindes y, fundamentalmente, cumplir con los compromisos asumidos con Estados Unidos.
La discusión se da mientras la Argentina busca adecuar su legislación a los requisitos del ARTI, que incluyen compromisos sobre propiedad intelectual, protección de datos, patentes y trabajo forzoso, entre otros.
El director ejecutivo de AmCham Argentina, Alejandro Díaz, sostuvo que la discusión sobre semillas forma parte de un desafío más amplio: “Transformar esa estabilidad que estamos consiguiendo en la macroeconomía en un proceso de crecimiento, donde claramente la inversión es el motor del desarrollo”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que la Argentina cuenta con los recursos que demanda el mundo: alimentos, energía, minerales y talento, pero advirtió que para aprovechar esa oportunidad debe mejorar su competitividad.
“Yo puedo penetrar un mercado, pero tengo que ser competitivo”, sostuvo y jerarquizó los costos laborales, logísticos e impositivos y el acceso a nuevas tecnologías como los principales factores a revisar.
A la par, asoció la llegada de inversión con la propiedad intelectual al señalar que “es la confianza que tiene una compañía de llegar a un país con las máximas tecnologías que mejoren sustancialmente esa productividad”.
William Verzani, representante de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, señaló que, para el sector agropecuario, la previsibilidad resulta especialmente relevante porque las inversiones son de largo plazo.
Además, destacó que el acceso a los mercados no depende únicamente de los aranceles, sino también “de reglas claras, aprobaciones a tiempo y de que las empresas puedan planificar con confianza”.
El funcionario señaló que la Argentina exporta más de u$s 1000 millones en productos agrícolas a Estados Unidos, mientras que las ventas agrícolas estadounidenses al país sumaron apenas u$s 166 millones el año pasado. “Vemos un enorme potencial para ampliar ese comercio”, aseguró.
El costo de no proteger la innovación
Alejandro Cacace, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, sostuvo que la falta de un marco actualizado de propiedad intelectual limita el desarrollo de nuevas variedades.
La pérdida estimada en u$s 3000 millones anuales sólo refiere a soja, mientras que el cierre de la brecha productiva permitiría sumar hasta u$s 6000 millones a las exportaciones, precisó.
Según explicó, hasta hace dos décadas la Argentina tenía cuatro o cinco programas de mejoramiento genético de soja que trabajaban a la par de Brasil. Pero mientras ese país multiplicó sus desarrollos al reconocer la propiedad intelectual, la Argentina quedó rezagada.
“Hoy Brasil pasó a multiplicar por diez los estudios sobre sojaporque reconoce la propiedad intelectual, y Argentina la sigue viendo con menos de lo que tenía hace 20 años”, señaló.
La diferencia con el maíz es central: al ser un cultivo híbrido, el productor debe comprar la semilla cada campaña y se recupera la inversión en genética. En soja, en cambio, puede reservar parte de la cosecha y volver a utilizarla.
“Proteger la innovación en el agro es lo más determinante que podemos hacer para liberar la productividad del sector e incrementar nuestras exportaciones”, afirmó Cacace.
La Ley de Semillas, todavía pendiente
Cacace destacó que el Gobierno derogó resoluciones que limitaban la patentabilidad en biotecnología y se alineó con los estándares del acuerdo TRIPS o ADPIC. También mencionó el tratamiento legislativo del PCT y el envío al Congreso de otros cinco tratados sobre propiedad intelectual.
Sin embargo, reconoció que “la gran batalla es esta”. La discusión enfrenta a las empresas semilleras, que reclaman recuperar sus inversiones, con los productores, que cuestionan pagar más por la semilla en un contexto de elevada presión tributaria.
Pamela Echeverría, de la USPTO, aclaró que las actas UPOV 78 y 91 no deben confundirse con las patentes de invención. “Muchas veces existe una pequeña confusión de creer que estamos hablando de patentes de invención o de pagos por el uso de invenciones patentadas”, explicó.
Según la especialista, la principal diferencia entre ambos sistemas es la previsibilidad jurídica. Avanzar hacia el Acta 91 permitiría contar con un “sistema actualizado” y reglas más claras para la inversión en genética.
El uso propio, el punto pendiente
Martín Famulari, del INASE, explicó que el principal obstáculo para avanzar con una nueva ley sigue siendo el uso propio. La norma vigente, sancionada en 1973, permite conservar una variedad durante sucesivas campañas si se demuestra su origen legal.
“Un productor puede sembrar la misma variedad durante mucho tiempo e incrementar su superficie solamente mostrando el origen legal de esa semilla”, señaló.
El Gobierno convocó a semilleros, productores y entidades técnicas para alcanzar un consenso antes de enviar el proyecto al Congreso. Según Famulari, ya hubo entre siete y ocho reuniones y acuerdos en varios puntos, aunque el uso propio continúa siendo el tema más difícil.
La propuesta contempla que el uso de la semilla de soja pase a ser oneroso, que el pago pueda cobrarse cuando el grano llegue a un acopio o puerto y que se reconozcan los derechos sobre las variedades esencialmente derivadas.
Famulari destacó un cambio en la posición de los productores: “Por primera vez que, en una reunión, el sector productor dijo: ‘Entendemos que hay que pagar la propiedad intelectual y hay que respetarla’”.
Cacace coincidió en que la búsqueda de consenso puede evitar una disputa entre sectores. “Actores que antes no se sentaban a la mesa hoy ven que Brasil produce 30% más de soja por hectárea y que tiene dos veces y media el rinde de algodón que tenemos en la Argentina”, sostuvo.
