Al menos hasta ahora, el operativo Malvinas no movió demasiado el amperímetro en las encuestas. Los últimos sondeos de opinión más confiables se mantienen esquivos para la Casa Rosada y, en todos los casos, se reafirma que los problemas de la economía cotidiana y el bolsillo son los que lideran el mal humor social con el oficialismo. Los resultados recientes de las encuestas de Poliarquía, de AtlasIntel y Bloomberg y de la Universidad de San Andrés revelan que el escenario no ha mejorado y, en algún caso, empeoró la evaluación.
Es mayor la gente que se manifiesta desconforme con la performance oficial, que aquellos que la respaldan. El apoyo al presidente fluctúa entre 35% y 42%; no parece asegurada la reelección en primera vuelta y el balotaje es una incógnita porque depende de cómo se arme la oposición. Una vez más, todos los consultores coinciden en que será, como siempre, la situación económica la que defina el resultado.
Lo inquietante, si fuera cierto este razonamiento, es que cada vez hay más economistas y empresarios que prevén un futuro gris para la economía en el camino hasta la elección presidencial del año que viene. Seguiría muy bien el crecimiento de los sectores estrella que proveen dólares por exportaciones; en tanto que se mantendrán en su letargo aquellos que, caso la industria, la construcción y el comercio, tienen más participación en el PBI y en la generación de empleo.
Los mercados en general creen que no hay peligro de una crisis cambiaria en el año electoral que derive en una fuerte devaluación del peso y dispare la inflación. Pero tampoco se observa que la actividad esté en condiciones de anotar una recuperación de tal magnitud que permita recomponer el consumo y los ingresos de la mayoría de los votantes. En la obsesión por bajar la inflación, no están a la vista cambios relevantes en el modelo.
El compromiso público del presidente es mantener el ajuste y profundizarlo aun a pesar del año electoral: ortodoxia monetaria y cambiaria con tasas positivas y dólar atrasado contra la inflación, más importaciones para pisar los precios internos y casi nulo margen para bajar impuestos y frenar los aumentos de tarifas, por la necesidad de profundizar la baja del gasto dada la caída en la recaudación. Responden a esta dinámica las recientes torpezas del Palacio de Hacienda intentando esconder en el proyecto de Presupuesto el recorte de partidas ya aprobadas para discapacidad, universidades y asignaciones sociales.
Los pronósticos son poco alentadores para la mayoría de los sectores que más influyen en la creación de empleo y el nivel de los salarios. Encuentran fundamento a la luz de los datos recientes del comportamiento económico en el segundo trimestre del año, datos de estancamiento que se verifican también en los números que vienen anticipándose respecto de julio, agosto y septiembre.
La fuerte caída de 11% en la inversión resultó la peor sorpresa: lleva cinco trimestres consecutivos en descenso. Muestra que aún el grueso de los anuncios de inversiones millonarias amparadas en el RIGI recién empezará a ser realidad en los próximos años, siempre y cuando el resultado electoral del año que viene no espante a los inversores. También entre los ganadores del modelo se está esperando confirmar si Milei sigue en Balcarce 50 para un nuevo mandato.
Las cifras recientes del desempleo marcaron un empate con la medición anterior, pero la informalidad laboral se disparó a 45%. Por el congelamiento del bono de $ 70.000 para los que cobran la mínima, el poder de compra de las jubilaciones y pensiones perdió 41% en términos reales desde la llegada de Milei al poder. En el caso de las pensiones por invalidez, el recorte llegó casi a 20%.
La recaudación no repunta y tampoco está asegurado que la inflación en los meses futuros se aleje del 2% mensual. Los precios mayoristas, en agosto, fueron casi el triple que los valores de julio, en parte por el aumento de los precios de la energía.
Y de no haber mediado una caída en los productos estacionales, la inflación minorista de agosto hubiera estado arriba de 2%, tal como resultó en la medición de la canasta básica o, peor, en el costo de los servicios públicos y privados cuyo promedio estuvo más cerca de 3% que de 2%. Se entiende cada vez más por qué Luis Caputo ordenó archivar la nueva metodología de medición de la inflación, que ponderaba más la suba de los servicios que la de los bienes.
Tampoco está resuelta ni en camino de mejorar la crisis de los deudores morosos en el sistema financiero. Una realidad que tiene doble impacto, político y económico, al dejar afuera del consumo a miles de familias. A pesar del esfuerzo combinado que realizan funcionarios del equipo económico junto a ejecutivos de bancos y billeteras digitales para presentar un relato optimista y tratar de esconder el problema, los últimos datos que brindaron tanto el Banco Nación como la central de deudores del BCRA revelan que la delicada cuestión, lejos de encaminarse, se agrava.
En julio creció la mora entre las familias y tocó casi 17% en la cartera de los bancos por préstamos personales, un máximo en 22 años, y asciende hasta 20% en el caso de los créditos ajustados UVA. Números que sugieren una dificultad evidente para que, ante la caída de los ingresos, prospere significativamente el plan de créditos hipotecarios con tasas de entre 6% y 7% más UVA con el que el Gobierno pretende reactivar la construcción.
El propio Banco Nación, a través de su Gerencia de Planeamiento y Gestión, la semana pasada reconoció con gran honestidad la crítica situación: textualmente advirtió que “los niveles de irregularidad permanecen elevados y todavía no existen elementos suficientes para concluir que el proceso de normalización se encuentre consolidado”.
Al explicar el problema, los técnicos del Nación lanzaron un dardo envenenado para el elenco económico oficial: afirmaron que las dificultades llegaron porque durante 2024 y 2025 los hogares sufrieron una disminución del ingreso disponible por el aumento de tarifas y de los gastos fijos, más un incremento de la carga financiera amplificado por la suba de las tasas de interés en el segundo semestre del año pasado. Fuego amigo contra el Ministerio de Economía y el Banco Central, habida cuenta de la fluida relación política de las autoridades del Nación con Karina Milei.
Entre los economistas promercado también se asigna una responsabilidad al Gobierno en el entuerto. Jorge Vasconcelos, de la Fundación Mediterránea, explica que el fenómeno comenzó a instalarse en marzo/abril del año pasado, por la reticencia oficial a suministrar liquidez al mercado interno, bajo la idea de que la escasez de pesos no traería dificultades en el comportamiento de la demanda, ya que aparecerían los dólares del colchón.
Nada de eso se ha modificado. El Gobierno sigue ajeno, se niega a bajar encajes y eliminar impuestos nacionales a las cuotas para facilitar las refinanciaciones. En las licitaciones de deuda en pesos, Economía sigue retirando más fondos que los que vencen, y toda la emisión de pesos que dispone el BCRA para comprar dólares termina en bonos o letras indexadas, lejos de la proyectada remonetización de la economía que no aparece.
Los resultados económicos están así todavía lejos del pronóstico de bonanza histórica que había proyectado el ministro de Economía, una expresión de deseos hasta ahora incumplida y que lógicamente va generando creciente ansiedad en el elenco político del Gabinete.
“Estamos esperando que lleguen los 18 mejores meses de la historia económica argentina que prometió el Toto, ¿faltará mucho?”, se preguntaba esta semana un integrante de la mesa política del Gabinete, fastidiado también como Patricia Bullrich, por los desencuentros a la hora de tratar los polémicos ajustes en el gasto social que se intentaron esconder en el ya frustrado proyecto de Presupuesto enviado al Congreso.
Las encuestas rodean la manzana del Palacio de Hacienda y explican la creciente ansiedad dentro del Gabinete. La última de Poliarquía es un bombazo: ya coloca nada menos que a Cristina Kirchner en primer lugar en el escenario electoral, con 38% de apoyo, superando a Milei, que queda segundo con 34%.
Le otorgan a Mauricio Macri un generoso 18%, lo cual obligaría a los hermanos Milei a otro disgusto para seguir un segundo mandato: tener que pactar con el expresidente de Boca candidaturas unificadas en Capital, Buenos Aires y las gobernaciones e intendencias donde gobierna el PRO. La aprobación del presidente se mantiene y es buena entre los votantes varones (52%), pero muy mala entre mujeres (32%), que son mayoría en el padrón electoral.
Peores números trajeron las últimas mediciones de AtlasIntel y Bloomberg y la Universidad de San Andrés. En el primer caso, 65% tiene una opinión negativa de la situación económica contra solo 25% que aprueba la gestión. Hay fuerte diferencia según las regiones: 56% de aceptación en Patagonia y 52% en Cuyo.
Pero solo 31% en el Norte y apenas 24% en Capital Federal. Los datos de la San Andrés hielan la sangre: anticipan empate técnico entre Milei y Axel Kicillof para un eventual balotaje. Revelan que casi 70% de los encuestados se manifiestan insatisfechos con la situación económica, 55% responde que empeoró en el último año y 43% piensa que seguirá en ese camino descendente. Casi 80% de los consultados respondió que llega con dificultades a fin de mes.
Si alguno de los estrategas políticos del presidente pensaba que con el operativo Malvinas se lograría dar vuelta el clima de preocupación por la economía que sigue derramando muy desparejo y agregando incertidumbre al año electoral, por ahora esa ilusión no se ha verificado.
Luego de un previsible apoyo a la decisión de sumarse a la jugada de Donald Trump contra el Reino Unido para ver si de rebote algo le toca a la Argentina, el caso ingresó en terreno resbaladizo. Se observan en el Gobierno más mensajes y medidas de confrontación que la búsqueda de un camino de negociación. La idea de perseguir empresas no estaba en el vademécum libertario.
En el Presupuesto se aumenta el gasto militar, mientras se recortan partidas sociales. Algunas cifras lucen ridículas y tornan poco creíble la declamada epopeya: por ejemplo, asignar solo u$s 350 millones para construir una base naval en Ushuaia, cuando levantar un hospital no cuesta menos que u$s 500 millones.
Más grave, utilizar la noble causa de Malvinas para seguir aumentando el gasto en el sector de Inteligencia o, peor, con el cuento de defender la soberanía, atentar contra el orden democrático y la Constitución al proponer la creación de un Consejo de Notables a las órdenes del Poder Ejecutivo que, sin participación de la Justicia ni el Congreso, se arrogue atribuciones para llevar a la cárcel a quienes opinen en las redes o publiquen en la prensa puntos de vista opuestos al relato del Gobierno.
El proyecto de “defensa de la soberanía nacional” que se anunció por cadena nacional para evitar que se exploten ilegalmente recursos naturales en el mar Argentino tiene 8 capítulos. Solo el primero se refiere a la explotación ilegal de hidrocarburos. Los 7 restantes avanzan sobre la creación de un nuevo sistema de seguridad nacional, modifican la ley de defensa e inteligencia, modifican el Código Penal y hasta se meten con el manejo y financiamiento de los partidos políticos.
