En las últimas semanas, algunas empresas que se encuentran atravesando una compleja situación operativa y financiera solicitaron la apertura de su concurso preventivo. Otras, que ya lo hicieron y avanzan en el proceso judicial, están en la recta final para evitar la quiebra. En tanto, hay sociedades que todavía buscan sostener sus actividades y evitar tener que recurrir a la Justicia.
Si bien los motivos son diversos, hay tres factores que suelen ser transversales a todos los sectores: caída pronunciada en las ventas, aumento de las importaciones y costos más elevados.
Este martes, por caso, Granja Tres Arroyos, una de las mayores avícolas del país, se presentó en convocatoria de acreedores. Se trata de la sociedad más importante que integra el grupo fundado por la familia De Grazia y que comprende además, a las firmas Wade S.A. y Avex S.A..
Es la segunda empresa del conglomerado que recurre a la Justicia. Previamente, y apenas unos días antes, hizo lo mismo su hermana Wade, la compañía que se utilizó para adquirir los activos de la exCresta Roja. Hoy, su estructura productiva incluye dos plantas, Wade 1 y Wade 2, actualmente operativas.
Ahora, la empresa busca reestructurar, al menos, una deuda que asciende a u$s 350 millones y que mantiene con sus acreedores. Bajo el tutelaje de la Justicia, deberá presentar la documentación que permita determinar su situación patrimonial y financiera, verificar el pasivo total y avanzar con una propuesta de pago ante sus acreedores para evitar la quiebra.
Actualmente, el grupo tiene 7 plantas de faena: Pinazo (Buenos Aires), La China, (Entre Ríos), Becar (Entre Ríos), Wade 1 (Ezeiza, Buenos Aires), Wade 2 (Esteban Echeverría, Buenos Aires), Avex (Río Cuarto, Córdoba) y Capitán Sarmiento (Buenos Aires).
De ese total, dos están cerradas, tres permanecen con sus actividades suspendidas y dos funcionan con operaciones reducidas (Wade 1 y Wade 2).
En la misma línea lo hizo la láctea Verónica después de un año complejo para la firma. Desde enero tenía sus tres plantas de Santa Fe paralizadas y ya no percibía ingresos. La falta de actividad le impidió afrontar sus obligaciones financieras, generó atrasos en el pago de salarios y dejó deudas con sus proveedores.
Finalmente, en agosto, recurrió a la Justicia. Dos de las tres plantas volvieron a entrar en funcionamiento después de que la compañía firmara acuerdos con dos empresas lácteas para producir a fasón. Ahora, Verónica busca vender esas instalaciones productivas por un total de u$s 15,5 millones para saldar una parte de su deuda.
Sin embargo, antes de aprobar la operación, la Justicia le solicitó a la empresa mayor información que aún no presentó.
En tanto, Algodonera Avellaneda, la empresa textil de la familia Vicentin, enfrenta un panorama más complicado: su única salida para evitar la quiebra es a través del cramdown o proceso de salvataje. Se trata de una herramienta previa que permite que ciertos acreedores o terceros hagan una propuesta para tomar el control de la empresa.
A partir del 29 de septiembre, los interesados tendrán cinco días hábiles para inscribirse y hacer sus propuestas. Si este proceso final no prospera, lo más probable es que la Justicia termine decretando su quiebra.
El sector vitivinícola no está exento. A los casos de Bodega Norton y Bodegas Bianchi se suma Casir Dos Santos, la empresa detrás de la histórica Viña Maipú y una de las más antiguas de Mendoza. La compañía se presentó en concurso preventivo por una deuda de más de $ 300 millones ante una creciente caída de las ventas, las demoras en los pagos de clientes y el aumento de los costos.
Ahora, la empresa deberá ordenar su deuda y negociar con sus acreedores una salida para reestructurar sus pasivos, mientras busca mantener la actividad de la bodega. El proceso recién comienza: los acreedores tienen tiempo hasta el 23 de octubre para presentar sus reclamos y acreditar cuánto les debe la compañía. A partir de allí, la Justicia determinará qué deudas reconoce dentro del concurso y Casir Dos Santos deberá avanzar en una propuesta de pago.
