Fuente: Shutterstock
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La desprotección laboral alcanzó al 45,2% de los trabajadores del sector privado en la Argentina durante el primer trimestre del año. Así lo resalta un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado en base a los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
En esta categoría, de acuerdo con la definición del instituto, aparecen quienes no cuentan con ningún tipo de protección ni estabilidad en su empleo.
Quiénes y cuántos son los trabajadores “desprotegidos”
Según los indicadores de la organización, se considera “protegido” a quien cumple al menos una de estas condiciones: ser asalariado con aportes, ser patrón, profesional independiente con más de un año de antigüedad en su actividad, trabajar en el rubro de programación y consultoría informática, contar con maquinaria propia y clientes estables, o desempeñarse en una estructura de más de 10 personas.
Quienes no cumplen ninguno de esos requisitos quedan clasificados como desprotegidos. Trabajan, en palabras del informe, en “changas sin aportes ni continuidad”.
Una tendencia que sube
El indicador muestra una tendencia ascendente sostenida en los últimos dos años. Mientras que en 2024 la brecha entre protegidos y desprotegidos era mínima, hoy la diferencia llegó a seis puntos porcentuales: 45% de desprotegidos contra 39% de protegidos, con un 15,7% de empleo público.
El informe atribuye el fenómeno a que los puestos perdidos en el sector público y en el privado formal no se compensan con nuevos empleos de calidad, sino que se trasladan a changas y tareas precarias. En el balance de los últimos dos años, el estudio contabiliza 626.000 puestos desprotegidos adicionales, contra una caída de 56.000 puestos protegidos y de 212.000 puestos en el ámbito público.
Jóvenes y jubilados, los grupos que reciben el mayor impacto
Otro de los puntos centrales del estudio es el dato de que ese deterioro no golpea a todos los grupos etarios por igual. Entre los jóvenes de 18 a 26 años, la tasa de desprotección pasó de 53,4% a 61,6% en dos años: un salto de 8,2 puntos porcentuales.
El informe destaca la pérdida de 126.000 puestos de calidad (públicos y privados protegidos) entre los varones jóvenes, y señala al comercio como el sector más afectado. En ese rubro se perdieron 88.000 empleos protegidos, un 43% del total que existía para ese grupo etario dos años atrás. La construcción también aportó lo suyo, con una caída del 30% de sus puestos de calidad para los jóvenes.
En el otro extremo etario, los mayores de 66 años, los jubilados, registraron el segundo mayor deterioro, con un aumento de 6,6 puntos porcentuales en su tasa de desprotección. El informe lo asocia a una creciente participación de los jubilados en el mercado laboral, que creció un 14% en dos años, empujada por sus bajos ingresos.
El “desempleo blue”: qué es y cuánto creció, según el informe
Además del indicador de desprotección, el IAG elaboró una medición propia a la que denominó “desempleo blue”. Se trata de un concepto que busca captar a quienes buscan empleo, trabajaron pocas o ninguna hora en la última semana y, si trabajaron, lo hicieron en una actividad desprotegida.
Este indicador combina la tasa de desempleo oficial (7,8%) con el desempleo ampliado (7,7%) y alcanzó el 15,5% en el primer trimestre de 2026, su nivel más alto desde el cambio de gestión.
Entre los jóvenes de 18 a 26 años, el desempleo blue trepa al 27,7%, muy por encima del resto de los grupos etarios. Entre los mayores de 66 años, el indicador alcanzó el 12,6%, también un récord de la serie histórica del instituto.
La brecha salarial de género, en niveles récord
Otro de los datos relevantes que contabilizó el estudio tiene que ver con el ensanchamiento histórico de la brecha salarial entre varones y mujeres. Medida por hora trabajada, la diferencia llegó al 10% en el primer trimestre de 2026, el nivel más alto de toda la serie relevada desde 2017.
El informe vincula este salto al deterioro salarial de las ramas feminizadas, como salud y educación, cuyos sueldos dependen en gran medida de las paritarias del sector público, que perdieron entre 9% y 36% de poder adquisitivo según la jurisdicción.
La desprotección también creció más entre las mujeres: un 14,1% en dos años, contra un 9,3% entre los varones. El informe explica parte de esa diferencia por la pérdida de 212.000 puestos públicos desde el cambio de gestión, de los cuales 132.000 correspondían a mujeres que, al perder su empleo, pasaron a engrosar las filas de los desprotegidos.
Cabe destacar que un dato que matiza el panorama es el de la educación. Entre quienes tienen título universitario completo, la brecha de género en la desprotección prácticamente desaparece: 18% tanto para varones como para mujeres; mientras que en los niveles educativos más bajos la diferencia entre géneros es mucho mayor.
