Más allá de las estimaciones de crecimiento e inflación, el Presupuesto 2027 deja pistas de un cambio de enfoque para las pequeñas y medianas empresas (pymes), con un recorte del gasto en políticas de promoción y financiamiento directo, que podrían quedar total o parcialmente compensados por una mayor relevancia de los incentivos impositivos.
Así lo concluyó un análisis de Colossus Lab sobre las partidas destinadas al sector.
Recortes en los programas
Los programas para Pymes de la Secretaría de Industria y Comercio tienen un presupuesto asignado de $ 611 millones, lo que implica una caída del 81% real respecto del presupuesto para 2026.
Dentro de esas partidas también aparecen recortes importantes en el programa de fomento de la productividad y competitividad PyME, que cae de $1.143 millones a $518 millones, una reducción real del 62%.
La línea de transformación digital financiada con un préstamo del BCIE pasa de $1.268 millones a apenas $ 93 millones, con una caída real del 94%.
Además, desaparecen las partidas destinadas al programa “Apoyo a MiPyMEs hacia Industria 4.0”, financiado por el BID, y al desarrollo de capital humano.
Beneficios fiscales
En el sentido contrario, y a raíz de exenciones impositivas contempladas en la Ley Pyme que permite computar el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, proyectan un alivio fiscal de $ 2,5 billones para el área.
Ese monto es aproximadamente 4100 veces superior al gasto directo previsto para los programas específicos destinados a las pymes, observaron desde Colossus Lab.
Otro de los beneficios fiscales consignados en el presupuesto que benefician al sector es el gasto tributario asociado al monotributo, que asciende a $15 billones (con una caída real del 1%), mientras que el régimen de Economía del Conocimiento representa $843.000 millones, un incremento real del 27%.
En cambio, el beneficio para las Sociedades de Garantía Recíproca cae de $360.000 millones a $285.000 millones, una baja real del 34%, y el reintegro para bienes de capital nacionales pasa de $152.000 millones a $165.000 millones, con una caída real del 10%.
Ninguna novedad en impuestos
En materia impositiva, el proyecto no contempla una reducción de la presión tributaria nacional, más bien lo contrario. La recaudación total pasaría del 21,06% al 21,70% del PBI.
El impuesto al cheque, que recientemente se vio rodeado de polémicas por la obligación de que los fondos a Alycs se envíen por transferencia, lo que limita el uso de e-cheqs para que las Pymes eludan el tributo, seguiría representando el 1,60% del producto y recaudaría $22,6 billones.
Además, el impuesto a los combustibles aumentaría su participación del 0,67% al 0,86% del PBI y su recaudación crecería 59,3% como resultado de la actualización de los montos fijos. Este tributo fue el de mayor crecimiento durante 2026 por las actualizaciones atrasadas del mismo.
Financiamiento
El único instrumento que permanece para el sector en 2027 es el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR). El presupuesto prevé ingresos por $540.000 millones provenientes del rendimiento de sus inversiones, de los cuales $514.000 millones volverán a invertirse y $26.000 millones se destinarán a gastos de funcionamiento.
En cambio, el FONDEP, que financiaba créditos subsidiados y aportes no reembolsables, continúa en proceso de liquidación, al igual que el fondo de capital emprendedor.
Otras novedades
Colossus identificó otras novedades para las pymes que no aparecen como partidas presupuestarias, sino en otros instrumentos distribuidos a lo largo del proyecto.
El Régimen de Incentivo a Inversiones Medianas (RIMI) establece como metas para 2027 alcanzar 1,95 millones de empresas registradas como PyME, asistir a 3.800 empresas en productividad y competitividad, capacitar a 12.000 emprendedores y otorgar crédito fiscal para capacitación a 103 empresas, con un cupo de $1.809 millones.
El proyecto fija pisos de inversión de u$s 150.000 para microempresas, u$s 600.000 para pequeñas empresas, u$s 3,5 millones para medianas tramo 1 y u$s 9 millones para medianas tramo 2.
En paralelo, se observa un deterioro del financiamiento en organismos que trabajan junto a las Pymes. Es el caso del INTI y el INTA.
En el caso de estos organismos autárquicos, se deroga la asignación específica del 0,65% sobre el valor CIF de las importaciones, que iba directamente a financiar estos organismos, que recibían el 0,45% y 0,05% del mismo respectivamente.
“Así, esos organismos pierden autarquía de recursos y pasan a depender de la discrecionalidad de los giros del Tesoro”, consideraron desde Epyca Consultora.
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