En cuatro años, la diferencia entre el Brent y el precio que cobran los productores locales pasó de u$s 51 a menos de u$s 10 por barril. Detrás de ese número hay una historia de mercado, de política y de infraestructura, y una advertencia sobre lo que no conviene volver a hacer.
Hay cifras que, por sí solas, condensan toda una época. En marzo de 2022, mientras la invasión rusa a Ucrania empujaba al Brent hasta los u$s 115 por barril, el crudo que cobraban los productores argentinos apenas alcanzaba los u$s 64.
La diferencia, u$s 51 en contra del productor local, significaba que el precio doméstico equivalía a apenas el 55% de la referencia internacional. Cuatro años más tarde, esa brecha se redujo a menos de u$s 10. El dato es mucho más que una curiosidad estadística: explica buena parte de la salud actual de la industria y anticipa un debate que el país tendrá que dar a medida que crece en su rol de exportador neto de petróleo.
Por qué existe la brecha
Que exista alguna diferencia no es una anomalía, sino la regla. El petróleo es un commodity: por su especificación técnica tiene un precio de referencia internacional. El Brent o el WTI no son marcas comerciales, a diferencia de las naftas de YPF, Shell o Axion, sino crudos de referencia asociados a una zona productora y a una calidad determinada del petróleo producido.
En ese mercado, la Argentina es tomadora de precios: acepta el valor internacional, que luego se corrige según la calidad del crudo y, sobre todo, según el flete, que siempre juega en contra de un exportador que necesita llevar su producción hasta los mercados del mundo. Por eso una diferencia acotada es esperable. Una de más de u$s 50, no.
Un mercado que se ordena solo
Ese acople no requiere, en rigor, una regulación que lo imponga. Con un producto homogéneo, una oferta competitiva y sin ningún productor capaz de monopolizar el mercado, los precios tienden a igualarse con la paridad de exportación por su propia dinámica.
Si el precio interno quedara por debajo del de exportación, todos los productores buscarían vender afuera; si quedara por encima, todos volcarían su producción al mercado local. El equilibrio, en un mercado con reglas libres, llega por arbitraje y no por decreto. Que hoy el precio local acompañe al de exportación es, en ese sentido, uno de los logros silenciosos de la etapa actual.
El antecedente que la industria no olvida
El pico de 2022 no fue el único desacople de la historia reciente. A fines de los años 2000, durante la gestión de Guillermo Moreno, la Resolución 394 de 2007 fijó retenciones móviles, emparentadas con las que más tarde se intentaron aplicar al campo. La fórmula topeaba el precio del productor en u$s 42 por barril: todo excedente lo capturaba la retención y, por el petróleo vendido en el mercado interno, se trasladaba a consumidores que pagaban más barato.
Como entonces casi no había exportaciones, ese tope operaba centralmente como una transferencia desde la industria –y las provincias productoras- hacia los consumidores locales de naftas y gasoil. El resultado fue previsible: menor rentabilidad, retracción de la inversión y deterioro de la producción, alimentando una crisis energética que pocos años después tomaría una dimensión macroeconómica.
El fenómeno también operó en sentido inverso. El llamado “barril criollo” nació cuando, con precios internacionales en baja, fue la propia industria la que pidió que el Estado sostuviera un precio local por encima del internacional.
Hacia un país que exporta más de lo que consume
La Argentina se encamina a un perfil petrolero netamente exportador. En junio de 2026 el país produjo 914.900 barriles diarios de petróleo: unos 299.700 se exportaron, es decir un tercio, y el resto se destinó al mercado interno. El año próximo colocaría en el exterior casi la mitad de su producción y, con el crecimiento sostenido de la producción de Vaca Muerta, pronto exportaremos más petróleo del que consumimos.
En ese escenario, lo que ocurra con el mercado externo será cada vez más determinante, y las compañías, que conviven desde hace décadas con la incertidumbre de un precio que se mueve para arriba y para abajo, deberán seguir administrando ese riesgo estructural.
De ahí la advertencia que atravesó todo el análisis: no conviene tentarse con desenganchar el precio local del internacional, una idea que en las últimas semanas asomó entre voceros y figuras de la política. Hacerlo sería un daño tremendo para el desarrollo de Vaca Muerta, precisamente en el momento en que la industria necesita previsibilidad para sostener su expansión.
El surtidor es otra discusión
Conviene, de todos modos, no confundir dos planos. Una cosa es el precio del petróleo crudo, medido en dólares por barril, y otra muy distinta el valor de la nafta y el gasoil en el surtidor, que incluye una fuerte carga impositiva.
El impuesto a los combustibles llegó a representar casi la mitad del precio final, y hoy se encuentra en proceso de recomposición. Por eso es perfectamente posible mantener el crudo local vinculado al internacional y, al mismo tiempo, evitar que el surtidor opere como un subibaja, que traslade a los consumidores cada shock transitorio del mercado mundial.
Frente a episodios de alta volatilidad, como una guerra en Medio Oriente que mueve el precio u$s 10 o u$s 15 en un solo día, no es necesario trasladar de inmediato ese movimiento al mercado de los combustibles líquidos.
Para eso existen las herramientas anticíclicas, del gobierno y de las propias empresas. YPF lo mostró con su buffer, pensado para no reflejar en el surtidor la volatilidad diaria del mercado. El Gobierno administró también los movimientos en el impuesto a los combustibles.
La condición, sin embargo, es previa y suele olvidarse: para desahorrar, antes hay que ahorrar. Los fondos que amortiguan los shocks deben constituirse con anticipación, y no inventarse en el momento en el que hace falta gastarlos.
Medidas, descuentos e infraestructura
El Estado también puede acompañar el proceso. En esa línea, el gobierno avanzó recientemente en simplificar los procedimientos de exportación de crudo, algo ya previsto en la Ley Bases y en la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Todo lo que destrabe las exportaciones le da previsibilidad a las operaciones, y vuelve más rápido y fluido el arbitraje entre el mercado local y el internacional.
Queda, por último, un componente decisivo y muchas veces invisible: los descuentos logísticos. Se trata de lo que le cuesta a un productor argentino llevar su crudo hasta los mercados mundiales a través de barcos, puertos, boyas, oleoductos y capacidad de carga.
Cada avance en infraestructura, y vendrán más con la inauguración del oleoducto Vaca Muerta Sur, prevista para fin de año, contribuye a reducir ese descuento y, con él, la distancia entre el precio en boca de pozo y la referencia internacional. El beneficio no se limita a la industria: alcanza también a las regalías que cobran las provincias y a los impuestos que recauda la Nación.
Que una brecha que supo ser enorme se ubique hoy en menos de u$s 10 no es, entonces, apenas una buena noticia coyuntural. Es la señal de que el mercado del crudo argentino empezó a funcionar como el de un país que se prepara para exportar energía de manera creciente y permanente. El desafío, de ahora en más, será no desandar el camino.
