El ancla es fiscal

La inflación y la brecha son síntomas. La relación de causalidad es: déficit fiscal, emisión monetaria (inflación), demanda excedente de dólares (cepo, brecha); no al revés. Un programa que procure bajar la inflación y normalizar el mercado de cambios deberá empezar por recomponer el equilibrio fiscal. Cualquier intento de empezar por el final (llámese dolarización, convertibilidad, bimonetarismo, metas de inflación, menos de lo mismo) sin garantizar el equilibrio fiscal, fallará: seguirán la inflación y el cepo.

Si no se tomara ninguna medida, el déficit primario inercial para el año entrante sería equivalente al 3,3% del PBI. El financiero (primario + intereses), de 4,2% del PBI. Sin acceso al crédito, financiar el agujero fiscal con emisión, equivaldría a multiplicar por 3,3 veces la cantidad de dinero primaria (base monetaria). Si se agregan la emisión por intereses de Leliqs (suponiendo que el stock se renueva), ascendería a multiplicar casi por 9 la cantidad de dinero. Inviable.

Con ingresos similares a los de este año (más derechos de exportación, pero menos IVA y Ganancias), el ajuste fiscal deberá descansar en una reducción del gasto: subsidios a la energía (un aumento real de las tarifas de servicios públicos sobre sectores de ingresos medios y bajos), transferencias a provincias y empresas públicas. La economía política del ajuste no será fácil: clase media, sindicatos públicos, gobernadores y Congreso.

Una agenda para superar las dificultades actuales

Por fuentes de ahorro y desahorro inerciales, el déficit 'de arrastre' de 2024 será mayor al publicado. Desde el 2,8% de déficit primario proyectado para 2023, el inercial se ubicaría en torno a 3,3% del PBI para 2024.

Dos factores podrían mejorar el desempeño de las cuentas públicas: 

1. Cosecha sin sequía: una normalización de las cantidades cosechadas permitiría recaudar cerca de 0,8% del PBI adicionales vía derechos de exportación a los precios actuales;
2. Licuación de gastos por suba de inflación: aunque la aplicación estricta de la fórmula vigente de actualización de jubilaciones proveería un ahorro de 1,2% del PBI (pérdida del 20% del poder adquisitivo de las jubilaciones) sería políticamente indigerible pensar en una caída adicional luego del 18% perdido entre 2019 y 2023 por lo que el ahorro en este rubro será inferior. Además, aunque el Plan Platita, que insumió 1,4% del PBI este año, no se implementará de manera explícita, una gran parte del mismo continuará el año próximo (impuestos que se bajaron por ley, paritarias a empleados públicos, bonos a jubilados de la mínima).

En sentido contrario, otros factores complicarán la labor fiscal: 

1. Bajas de impuestos: los dos proyectos enviados por el candidato oficialista como parte de su estrategia electoral (suba del mínimo de ganancias, que ya es ley, y Compre sin IVA, con aprobación de Diputados) suman 0,9% del PBI al déficit nacional (el costo total será de 1,8% del PBI pero parte se trasladará a provincias, algunas de las cuales ya recurrieron a la Justicia);
2. Subsidios a los servicios públicos: aunque el gasoducto permitirá reducir el costo en dólares de la energía (se estima una caída del 10% en electricidad), de no mediar subas significativas de tarifas, la ineludible corrección del tipo de cambio (atraso de 30% desde dic-19) implicará un aumento en la partida de subsidios; 
3. Deuda flotante: los gastos pendientes de pago superarían el nivel registrado en 2022 (1,3% del PBI); 
4. Adelantos de impuestos: el próximo gobierno no dispondrá de recursos por 0,2% del PBI en concepto de anticipo extraordinario de ganancias a empresas.

El futuro del dólar y el último acto para que una economía frágil despeje la incertidumbre política

Unión por la Patria se caracteriza por su ambigüedad voluntarista. El programa del oficialismo no es claro y las acciones de campaña han sido contraproducentes (Plan Platita con jubileo impositivo). Sin embargo, al menos en declaraciones públicas, el candidato oficialista ha reconocido la necesidad de alcanzar un superávit fiscal primario de 1% del PBI en 2024. Con cuatro años por delante, no hay margen para extensiones del 'Plan Llegar' del último año y medio, que desbarrancó durante la campaña electoral. Intentarlo condenaría a más de lo mismo con resultados decrecientes: más inflación, más cepo, menos actividad.  

Por otro lado, La Libertad Avanza expresa intenciones exageradas que evidencian cómo se desafila la motosierra a mayor probabilidad de ser gobierno. La promesa de recortar el gasto público en 15 puntos del PBI quedó rápidamente al descubierto: la mitad del gasto público depende de las provincias y municipios. Puesto en evidencia, el candidato opositor redujo su entusiasmo proponiendo una reducción de 5% del PBI vía: eliminación de subsidios energéticos (bajo el falaz paraguas de recalibrar contratos sin afectar el bolsillo) por 1,4% PBI; eliminar transferencias discrecionales a provincias con ahorro de 1,3% (con minoría en el Congreso que representa a provincias), eliminar obra pública con ahorro de 1% del PBI (ni mantenimiento) y eliminar jubilaciones de privilegio (maduraría lentamente por derechos adquiridos y requiere consentimiento parlamentario).