En política, como en economía, los extremos suelen ser malos consejeros. Sin embargo, el debate público actual parece empujar a las sociedades hacia una falsa dicotomía: o abrazar un nacionalismo sin concesiones o depositar una confianza casi absoluta en las instituciones multilaterales. Ambas posiciones contienen parte de la verdad, pero también esconden riesgos que merecen una reflexión más profunda.
Durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX, el multilateralismo fue presentado como el camino natural hacia un mundo más estable y próspero. La creación de organismos internacionales permitió establecer reglas comunes, ampliar el comercio, reducir tensiones geopolíticas y coordinar respuestas frente a desafíos compartidos. Nadie puede negar que esa arquitectura internacional contribuyó a evitar conflictos mayores entre las principales potencias y facilitó décadas de crecimiento económico.
Pero el tiempo también ha expuesto sus debilidades.
Las instituciones multilaterales suelen moverse con una lentitud incompatible con la velocidad de las crisis contemporáneas. Alcanzar consensos entre decenas de países con intereses contradictorios implica negociaciones interminables, resoluciones ambiguas y, con demasiada frecuencia, respuestas insuficientes. La pandemia, las guerras recientes y las dificultades para avanzar en acuerdos climáticos muestran que la cooperación internacional no siempre es sinónimo de eficacia.
Existe además una cuestión que muchos ciudadanos consideran legítima: ¿hasta qué punto un gobierno elegido democráticamente debe ceder capacidad de decisión a organismos cuyos funcionarios no responden directamente ante los votantes nacionales? La cooperación internacional es necesaria, pero también lo es la rendición de cuentas democrática.
A ello se suma una realidad incómoda: el sistema multilateral no siempre funciona en condiciones de igualdad. Las grandes potencias continúan ejerciendo una influencia desproporcionada sobre las decisiones globales. Aunque todos los Estados tengan voz, no todos tienen el mismo peso. En ocasiones, el ideal de una gobernanza internacional equitativa termina reflejando, simplemente, el equilibrio de poder existente.
Frente a estas limitaciones ha resurgido con fuerza el nacionalismo. Para muchos ciudadanos representa la recuperación de la soberanía, el control de las fronteras, la protección de la industria nacional y la capacidad de decidir sin interferencias externas. Después de años de globalización acelerada, no sorprende que una parte importante de la población reclame gobiernos que prioricen los intereses nacionales.
Esa demanda no debe ser descalificada automáticamente. Todo Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, fortalecer su economía y preservar sus instituciones. Defender el interés nacional no constituye, por sí mismo, una amenaza para el orden internacional; es, en realidad, una de las responsabilidades fundamentales de cualquier gobierno.
Sin embargo, el nacionalismo también puede convertirse en un problema cuando deja de ser una herramienta de gobierno para transformarse en una ideología excluyente. La historia enseña que el paso del patriotismo al nacionalismo agresivo puede ser corto cuando se alimentan el miedo, la desconfianza hacia el extranjero o la idea de que toda cooperación internacional representa una pérdida de soberanía.
Las economías actuales dependen de cadenas globales de producción, mercados internacionales, inversiones extranjeras y cooperación tecnológica. Ningún país, por poderoso que sea, puede enfrentar en soledad desafíos como las pandemias, el crimen organizado, la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el cambio climático. El aislamiento absoluto no es una estrategia realista.
La verdadera discusión, entonces, no debería ser si elegir entre nacionalismo o multilateralismo. La pregunta relevante es cuánto de cada uno necesita un país para defender eficazmente sus intereses.
Un Estado inteligente debe preservar su soberanía sin caer en el aislamiento. Debe cooperar internacionalmente sin delegar de manera automática decisiones que corresponden a sus instituciones democráticas. Debe participar en acuerdos internacionales cuando estos benefician a sus ciudadanos y tener la capacidad de cuestionarlos cuando dejan de hacerlo.
La moderación no suele generar titulares, pero con frecuencia produce mejores resultados que las consignas absolutas.
En un escenario internacional cada vez más incierto, la fortaleza de un país no dependerá únicamente de su capacidad para actuar solo ni de su disposición a actuar siempre acompañado. Dependerá, sobre todo, de su capacidad para distinguir cuándo conviene una cosa y cuándo la otra.
Los extremos ofrecen respuestas simples a problemas complejos. La realidad, en cambio, exige algo mucho más difícil: equilibrio, pragmatismo y liderazgo político. Quizás esa sea la lección más importante para las democracias del siglo XXI.
