En la madrugada del último día de septiembre, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna) logró en el Ministerio de Trabajo un acuerdo que clausuró un conflicto que tuvo en vilo al mercado automotor. Fue el punto final de una negociación que se extendió por seis meses e incluyó el cese de la producción.
El resultado de la discusión es considerado histórico: incluye una revisión salarial del 16 por ciento para el periodo 2021-2022 (lo que lleva el aumento total al 66 por ciento). Además, anticipa el esquema 2022-2023, con un aumento del 25 por ciento a partir de julio, 16 desde octubre, 10 para diciembre, 12 a partir de febrero y otro 10 por ciento en julio. Y los trabajadores recibirán como gratificación extraordinaria "por única vez" una suma bruta de $ 100.000. Finalmente, una cláusula de revisión desde febrero y un incremento que acompañará al IPC. Concretamente, una cláusula automática que garantiza 10 puntos porcentuales sobre la inflación.
Entre los economistas no hay coincidencia sobre si la que es considerada como una "cláusula de indexación" entraña un peligro en términos de recalentamiento de precios.
Uno de los que cree que sí es Camilo Tiscornia, de C&T Asesores Económicos. "Es un gran riesgo, porque comenzar con ese tipo de medidas de indexación automática es darle cada vez más vida a la inflación", afirma. "La inflación se hace tan difícil de pronosticar que directamente se ajusta todo en forma automática".
Insiste en que "es una mala señal" y que constituye "el paso siguiente de lo que viene pasando en los últimos meses". Recuerda que el aumento de precios se disparó en marzo y que, ya en abril, se abrieron paritarias, el Gobierno nacional comenzó a actualizar planes sociales y el tipo de cambio se empezó a mover más rápido. "Desde marzo, se aceleró el ritmo de remarcaciones", añade. "Los colegios ya han venido con tres o cuatro aumentos; las prepagas, que antes aumentaban dos o tres veces por año, ahora se van actualizando cada dos o tres meses e implementan el ajuste en las cuotas", enumera. Y remata: "En conclusión, desde marzo todo se acortó y se renegocian los precios cada vez más rápido, es una complicación cada vez más grande para bajar la inflación".
Por su parte, Jorge Colina, presidente de la Consultora Idesa y docente de la UCA, considera que la indexación salarial no es el problema. "En una economía con suba de precios acelerada, la indexación no es inflacionaria en sí misma. En realidad, es bueno que se indexe, porque, si no, se modifican los precios relativos", opina. El economista recuerda que, cuando no suben los precios cuyos sectores tienen dificultades para la indexación, se producen distorsiones. "El mejor ejemplo son las tarifas de la energía. No están indexadas y eso no frena la inflación, pero va atrasando al sector, agrava el déficit fiscal y termina siendo inflacionario", ilustra.
Para Colina, el hecho de que los sindicatos indexen los salarios "es positivo para que los sueldos no pierdan poder adquisitivo" y que, por el contrario, "a la inflación hay que frenarla cerrando el déficit fiscal".
En términos similares, Facundo Martínez, director de Macroview y economista del Ieral, de la Fundación Mediterránea, es tajante: "El de la inflación es un problema de gasto público, no de gasto privado. La indexación salarial no causa inflación. Los sueldos en Argentina han perdido mucho poder de compra en los últimos años". "Los precios los pone la oferta y la demanda, no el salario. Los industriales no están trasladando los aumentos de sueldos", asevera.
Martínez insiste, asimismo, que el de la inflación es un problema macroeconómico de déficit y emisión creciente, relacionados en buena medida con partidas del gasto público que están parcialmente indexadas, como las jubilaciones y pensiones y los subsidios sociales.
