La crisis del sector textil sumó un nuevo caso. IGT33, la empresa dueña de las marcas de indumentaria Rever Pass y Be Rebel, se presentó en concurso preventivo con una deuda que supera los $ 7000 millones.
La compañía, que tiene más de cuatro décadas en el mercado argentino, llegó a esta instancia después de un año en el que sus ventas cayeron casi 24% y las pérdidas superaron los $ 4300 millones.
Actualmente, la empresa cuenta con más de 100 trabajadores, 13 locales en centros comerciales y una planta industrial en Ricardo Rojas, partido de Tigre, donde concentra parte de su producción y las áreas comerciales, administrativas y logísticas.
La excepción
Tras una reunión con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, la empresa ICSA (Indumentaria Catamarca) —confeccionista de marcas como Grisino, Lacoste, Puma, Jazmín Chebar, Billabong, Azzaro y Gepetto— decidió continuar con sus actividades y apostar a su permanencia con el decidido apoyo del Gobierno provincial.
El empresario Claudio Drescher es el que tiene las licencias de ese conjunto de etiquetas nacionales y extranjeros.
La deuda de Rever Pass
La compañía llegó al concurso preventivo con un pasivo que supera los $ 7000 millones, en medio de las dificultades financieras que atravesó durante los últimos meses.
A eso se suma el aumento de los cheques impagos. Según registros del Banco Central, la empresa acumula actualmente 66 cheques rechazados por un total de $ 307,5 millones. De ese total, abonó uno por $ 923.000.
La presentación ante la Justicia le permitirá ahora avanzar con el reordenamiento de sus deudas mientras mantiene la operación de sus marcas.
Los casos que golpean al sector textil
En mayo, la Textil Amesud, fabricante de tejidos de punto fundada por el empresario coreano Yeal Kim, volvió a solicitar la apertura de su concurso preventivo después de varios meses con bajos niveles de producción.
Según explicó el propio empresario, la compañía está trabajando entre el 20% y el 30% de su capacidad instalada, mientras que las ventas se encuentran entre 60% y 70% por debajo de las registradas tres años atrás.
Amesud llegó a convertirse en una de las principales tejedurías del conurbano bonaerense. En 2018, la empresa aseguraba que empleaba entre 430 y 470 personas y que tenía capacidad para producir hasta 700 toneladas mensuales de tela. A comienzos de este año, fabricaba apenas 150 toneladas por mes y la plantilla se había reducido a unos 250 trabajadores.
La historia de la compañía se remonta a la llegada de la familia Kim a la Argentina en 1976. Ese año, Yeal arribó desde Corea del Sur cuando tenía 18 años. La familia comenzó a trabajar en el rubro con una máquina comprada en cuotas y, con el tiempo, pasó de producir para terceros a montar su propio negocio y una planta industrial en San Martín.
No es la primera vez que Amesud recurre a la Justicia. En 1998 atravesó otro concurso preventivo y al año siguiente alcanzó un acuerdo con sus acreedores. Ese proceso recién fue declarado cumplido en 2013, casi 14 años más tarde.
Otro de los casos es Mazalosa, el grupo dueño de Portsaid, Desiderata y System, que cerró la planta que operaba en el Parque Industrial de La Rioja. La compañía había desembarcado en la provincia para producir prendas para sus principales marcas, pero terminó discontinuando la operación.
La fábrica había comenzado a funcionar en diciembre de 2022 y en una primera etapa incorporó 27 trabajadores. En aquel momento, el proyecto contemplaba ampliar progresivamente la dotación a medida que aumentara la producción. Al comunicar el cierre a la Secretaría de Trabajo provincial, la firma argumentó que la caída de las ventas había vuelto inviable su continuidad.
Mazalosa fue creada en 2002 por Sergio Said para reunir bajo una misma estructura las distintas operaciones que había desarrollado a partir de Portsaid, la marca que fundó en 1989. Luego incorporó nuevas etiquetas y expandió su presencia hasta alcanzar una red de más de 70 locales y alrededor de 250 clientes mayoristas.
La empresa mantiene buena parte de sus actividades de producción, distribución y logística en Munro, donde cuenta con un centro de 8000 metros cuadrados desde el que abastece su operación comercial.
También realizó ajustes TN&Platex. El grupo anunció el cierre de DFAC, su marca de venta directa al consumidor, luego de quedarse sin producción tras el freno de una planta en Tucumán.
La decisión no fue aislada. La compañía también impulsó el concurso preventivo de Hilado y tomó medidas en otras operaciones del interior. En La Rioja suspendió una línea de producción de indumentaria, mientras que en Monte Caseros redujo la fabricación de prendas deportivas y ropa interior.
Otro de los nombres que aparece es Emilio Alal, histórica textil que abrió su concurso preventivo después de una crisis que incluyó el cierre de su división industrial y despidos.
La empresa había frenado a fines de febrero la actividad en sus plantas de hilados y telas de Goya, Corrientes, y su unidad de hilados de Villa Ángela, Chaco. A partir de allí comenzó a buscar una reorganización de sus deudas y una alternativa para continuar con el negocio.
En su presentación judicial, atribuyó el deterioro económico y financiero a distintos factores, entre ellos la caída del consumo interno, el aumento de las importaciones y de los costos de energía e insumos, las dificultades para trasladar esas subas a precios y la falta de acceso al crédito.
Como parte de esa reorganización, la firma empezó a evaluar reducir su exposición industrial y orientar parte del negocio hacia la comercialización de materia prima y la importación de productos.
Distinto fue el caso de Manki, que anunció el cierre de sus operaciones después de más de una década en el mercado. La marca bajó la persiana de seis de sus siete locales y mantuvo únicamente su punto de venta de Recoleta junto con el canal online hasta agotar el stock.
Al explicar la decisión, la empresa reconoció que la estrategia de expansión que había encarado terminó afectando la sustentabilidad del negocio. El cierre estuvo acompañado por una liquidación de mercadería por debajo del costo.
Vicunha, una de las principales fabricantes de denim del país y proveedora de marcas como Kosiuko y María Cher, también redujo su actividad. En San Juan, una de sus plantas llegó a trabajar con menos del 50% de su capacidad instalada.
La compañía vinculó esa reducción con la menor demanda y el crecimiento de las importaciones. Según explicó, el ingreso de tejidos se duplicó de un año a otro y el de prendas confeccionadas se triplicó.
La menor producción también tuvo impacto sobre el empleo. En sus años de mayor actividad, la planta sanjuanina llegó a tener unos 600 trabajadores, mientras que la dotación se redujo a alrededor de 480.
“La producción cayó un 50% y la dotación un 20%”, explicó Pablo Jedwabny, presidente de Vicunha en la Argentina.
La empresa había anunciado en 2023 una inversión de u$s 2 millones para ampliar su operación con una nueva nave de hilados. Sin embargo, el deterioro del mercado interno terminó afectando especialmente a la unidad de tejeduría, mientras que parte de la hilandería logró sostener actividad con exportaciones a su casa matriz.
