A pocos meses de completar su propio proceso de reestructuración, Vicentin redobla la apuesta. La agroexportadora presentó una oferta por u$s 2,5 millones para adquirir la totalidad de los activos de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa en quiebra que durante años elaboró yogures, flanes y postres de SanCor, como Yogs y Shimy.
La propuesta contempla la adquisición de toda la unidad productiva. El paquete incluye tanto las marcas de la compañía como las dos plantas industriales ubicadas en Córdoba y en Arenaza (Buenos Aires), junto con los inmuebles, las instalaciones y las maquinarias.
Vicentin es el principal acreedor de ARSA, condición que explica, en parte, su interés por adquirir la empresa ya que le permitiría preservar el valor económico de la compañía y de sus activos.
Las marcas lácteas en cuestión tienen una baja participación de mercado y es una misión casi imposible conseguir sus productos en los supermercados porteños. Sin embargo, en encuestas rankean como “top of mind” en las preferencia de los consumidores en yogures y postres.
Si bien hoy no existe una relación societaria entre la agroexportadora y la láctea, ambas estuvieron ligadas durante años por sus accionistas. En 2016, Vicentin Family Group (VFG), un holding integrado por las familias que entonces controlaban Vicentin, compró, a través de ARSA, el negocio de yogures y postres a SanCor por unos u$s 100 millones.
Hoy, VFG posee el 1% del capital de la láctea, a la vez que controla a South American Food Company, titular del 99% restante.
Ahora, fuentes de la agroexportadora Vicentin explicaron a El Cronista que la compañía entiende que los seis años que atravesó en concurso preventivo le impidieron ejercer plenamente los derechos que consideraba tener sobre ARSA. Bajo esa interpretación, sostiene que hoy está en condiciones de retomar un rol activo en la continuidad de la empresa.
La operación representa uno de los primeros movimientos corporativos de Vicentin desde que la empresa cambió de dueños.
Luego de seis años, en diciembre de 2025, la agroexportadora quedó bajo el control de la corredora de granos Grassi S.A., tras imponerse en el proceso de cramdown que permitió destrabar una de las reestructuraciones empresariales más extensas de la Argentina.
Desde entonces, la nueva administración comenzó a ejecutar el plan de reorganización. Entre otras medidas, puso en marcha el esquema de pagos comprometido con los acreedores, avanzó en la normalización de la operatoria industrial y recuperó la categoría 1 como sujeto de crédito ante el Banco Central, un paso clave para volver a acceder al financiamiento bancario.
Actualmente, según datos de la empresa, tanto la planta de Ricardone como la de San Lorenzo, están operativas en su máxima capacidad productiva. Mientras que la primera procesa alrededor de 90.000 toneladas mensuales de girasol y sus subproductos, la segunda cuenta con dos líneas de soja de 10.000 y 6000 toneladas diarias.
En lo que respecta al Nodo Norte -el conjunto de plantas y unidades vinculadas a la industrialización de granos y producción de bioetanol- la firma señaló que está “normalizando la producción y trabajando en proyectos que apuntan a maximizar la capacidad”.
La quiebra de ARSA
La láctea fue considerada como “la última joya” del Grupo Vicentin, pero estaba gerenciada desde 2021 por la venezolana Maralac, una de las principales lácteas de su país.
Antes de eso, VFG intentó vender la compañía. Pero la Justicia Penal, en una de las múltiples causas abiertas por el default de la cerealera, le prohibió alterar su propia composición accionaria y vender activos con valor superior a los $ 50 millones en empresas sobre las que presuntamente tendría participación Vicentin o sus representantes legales.
Esto frustró su venta a un grupo de inversores locales. Fue en ese entonces que apareció Maralac como gerenciador.
La empresa atravesaba una situación financiera inestable desde diciembre de 2023 que derivó en la apertura de su concurso preventivo cuatro meses después. Finalmente, en noviembre del año pasado, la Justicia decretó su quiebra.
La láctea atribuyó su crisis financiera a la situación económica de aquel entonces: caída del consumo, inflación, escasez, encarecimiento de materia prima y el aumento de la mano de obra. Subrayó también su dificultad de mantener el negocio rentable tras las “políticas de control de precios impuestas por el Gobierno anterior“, haciendo alusión, principalmente, al programa Precios Justos.
A partir de ese entonces, la firma buscó, sin éxito, reactivarse.
