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El 25 de octubre de 1815, José de San Martín firmó un bando para ordenar aspectos de la administración del agua en Mendoza, una región donde el recurso hídrico era fundamental para sostener la producción agrícola.

La disposición estableció que los propietarios de tierras debían declarar la extensión de sus terrenos mediante planos y fijó sanciones para quienes incumplieran las condiciones.

Más de dos siglos después, el documento sigue siendo considerado un antecedente importante de la organización territorial y del sistema de riego mendocino. El Departamento General de Irrigación destaca su influencia en la administración del recurso y en la formación del primer catastro provincial.

Qué decisión tomó San Martín sobre el agua en Mendoza en 1815

Cuando San Martín se desempeñaba como gobernador intendente de Cuyo, entendió que era necesario establecer reglas para ordenar el aprovechamiento del agua y determinar cuánto debía contribuir cada propietario por el uso del riego.

Con ese objetivo, el 25 de octubre de 1815 firmó un bando que alcanzaba a los poseedores de tierras regadas por la acequia de Ciudad, incluidas las propiedades rurales más pequeñas.

El documento exigía que cada propietario presentara, en un plazo de un mes, un plano a escala de su finca. Allí debían figurar la forma, la extensión y los límites del terreno, además de la cantidad de cuadras que comprendía.

La información permitiría conocer con mayor precisión la superficie beneficiada por el agua y establecer una contribución proporcional para sostener la infraestructura de riego.

Departamento General de Irrigación
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Qué sanciones establecía el bando de San Martín

La disposición también contemplaba medidas para quienes no cumplieran con las condiciones establecidas.

Si un propietario no presentaba el plano dentro del plazo de un mes, un comisionado podía realizar la mensura a su costa, con un pago de un peso por cuadra.

Además, San Martín prohibió ampliar las superficies cultivadas sin autorización previa del regidor juez de aguas. Quienes incumplieran esa disposición podían perder el terreno labrado o su valor económico, que se repartiría entre el denunciante y las obras hidráulicas.

El texto también establecía una sanción para quienes ocultaran parte de sus propiedades durante la mensura. En esos casos, debían pagar el importe correspondiente a la superficie que no habían declarado.

Por qué el documento sigue siendo importante 211 años después

El Departamento General de Irrigación considera que el bando constituye la primera iniciativa de catastro de Mendoza y un antecedente para organizar una distribución más equitativa del recurso hídrico.

Según la historiadora Fabiana Mastrangelo, el documento también sentó las bases para establecer contribuciones destinadas al mantenimiento de la red de riego en función de la superficie de tierra beneficiada.

La preocupación de San Martín por el uso del agua no se limitó a esta disposición. De acuerdo con la reconstrucción histórica difundida por el Gobierno provincial, el general también había ordenado inspeccionar los cauces y controlar los usos abusivos del recurso. En otro de sus bandos advirtió que algunos vecinos desviaban el agua y extraían más de la que necesitaban.

Transcripción del Bando 25 Octubre 1815
Transcripción del Bando 25 Octubre 1815irrigacion.gov.ar

La relación entre el bando de 1815 y la Ley de Aguas de Mendoza

El documento firmado por San Martín es considerado un antecedente de la Ley General de Aguas de Mendoza, sancionada el 20 de noviembre de 1884 y promulgada el 16 de diciembre de ese año.

La norma estableció un marco para regular el uso del recurso hídrico y dispuso la creación del Departamento General de Aguas, organismo que posteriormente adoptó el nombre de Departamento de Irrigación y, en 1916, la denominación actual: Departamento General de Irrigación.

En la actualidad, el organismo administra las aguas públicas de la provincia y trabaja junto con las inspecciones de cauce, que participan en la gestión de la red secundaria de riego.

De esta manera, el bando del 25 de octubre de 1815 permanece como un antecedente histórico de la organización hídrica mendocina, en una provincia donde el agua continúa siendo un recurso central para la producción y el desarrollo.