Mientras la curva de deuda en pesos está bajo presión, con versiones en el mercado de una intervención oficial el miércoles, el Tesoro anunció este jueves que ofrecerá un menú amplio de instrumentos, con el objetivo de renovar $ 10,5 billones en la licitación que se celebrará el próximo miércoles.
El monto que enfrenta el secretario de Finanzas, Federico Furiase, luce manejable frente a lo que el Tesoro ha logrado refinanciar en las últimas semanas.
El desafío, sin embargo, aumentará en las dos siguientes, que concentran compromisos por alrededor de $ 66 billones, en un contexto en el que extender los plazos de colocación resulta cada vez más difícil.
En ese contexto, ofrecerá dos Lecap: una al 29 de enero de 2027 y otra con vencimiento en junio del año que viene. Además, ofrecerá un bono CER con duración al 30 de junio de 2028, en el próximo mandato presidencial.
Por su parte, habrá un instrumento que ajusta por Tamar, la tasa de los plazos fijos mayorista, que vence en abril de 2027.
Para los inversores que buscan cobertura cambiaria también se licitará un dólar linked al 15 de enero de 2027.
“A medida que avanza el calendario, los instrumentos que el Tesoro puede ofrecer sin atravesar la fecha electoral tienen plazos cada vez más cortos. De hecho, al cierre de octubre, la vida promedio de la deuda en pesos volvió a ubicarse cerca del mínimo del año, en 1,57 años, frente a los 1,55 años de marzo. Con ese panorama, una intervención que comprima las tasas de los CER y las CERTAM largas podría facilitar la reapertura de esos instrumentos y ayudar a Finanzas a extender los plazos a un menor costo”, advirtió PPI.
El desafío del Gobierno llega mientras crece la presión sobre la deuda en pesos, especialmente en los tramos largos. Hasta el martes, las CERTAM acumularon bajas de hasta 2,7% y los CER de mayor plazo cedieron hasta 1,5%, mientras que la tasa fija mostró movimientos más moderados.
El miércoles por la tarde apareció una fuerte demanda en los tramos largos de las curvas CER y CERTAM. La sospecha del mercado es que el Banco Central, el FGS de ANSES o el Tesoro habría participado de la maniobra. “Identificar al comprador resulta clave para evaluar el impacto monetario. Si el BCRA hubiera realizado compras por alrededor de $ 2,36 billones, cuesta pensar que una inyección de esa magnitud quedara sin esterilizar”, consideró PPI.
