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Sergio Massa ajustará el gasto en $ 200.000 millones hasta fin de año: en qué áreas recorta

El recorte representa 0,3% del PBI y se centraría en transferencias a provincias y obras públicas subejecutadas. Nueva señal de ortodoxia fiscal al Fondo y los mercados.

El ministro de Economía, Sergio Massa, define por estas horas recortar en $ 200.000 millones los gastos presupuestados para lo que queda del año, lo que implicaría un ajuste de alrededor de 0,3 puntos del PBI, según supo El Cronista de fuentes oficiales.

El grueso de la poda se concentraría en los gastos de capital, dijo una fuente al tanto de la medida, aunque voceros de Massa indicaron que se hará foco en partidas subejecutadas, tanto de obras como de transferencias a provincias o subsidios personales.

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El recorte presupuestario busca acomodar las cuentas públicas para acercarlas a la meta de déficit de 2,5% del PBI acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y es complementaria con las tres medidas anunciadas hasta el momento: el congelamiento de las partidas presupuestarias, el freno a la contratación de personal y el inicio de la quita de subsidios a la energía y el agua corriente.

ajuste transversal

Voceros del ministro indicaron que se disminuirán partidas presupuestarias subejecutadas de distintas categorías, desde transferencias a provincias hasta subsidios personales. Se centrarán en programas que tienen menos del 50% de ejecución y en programas de inversión ejecutados por debajo del 30%.

El grueso del ajuste será en la famosa "Jurisdicción 91" del Presupuesto: las obligaciones a cargo del Tesoro. Allí se concentran los subsidios a cargo del Estado Nacional, asistencia a empresas públicas y a provincias. "Si la ejecución avanza, después se compensa. Si no avanza, los recursos quedan en el Tesoro", indicaron voceros oficiales.

Una fuente que trabaja en la medida sostuvo que habrá una poda transversal concentrada en gastos de capital. La decisión del Palacio de Hacienda es efectuar el ajuste de las cuentas públicas sin tocar los salarios.

Rigo empoderado

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, afina los números. Antes del inicio de la gestión, le dijo a Massa que el gasto público corría a tal velocidad que el déficit fiscal iba a ser del 3,5% en 2022, es decir, un punto por encima de lo acordado con el Fondo. Rigo ocupó la misma oficina durante la gestión de Martín Guzmán, de quien se había distanciado en los últimos meses porque no escuchaba sus advertencias.

Las primeras medidas de Massa se orientaron hacia la ortodoxia fiscal. Rigo, por caso, estuvo sentado en la conferencia de prensa en la que se anunció el esquema de segmentación tarifaria con el Gobierno espera cortar unos $ 50.000 millones el gasto de este año y hasta $ 500.000 millones el de 2023.

Raúl Rigo, junto al equipo de Energía y la titular de Aysa, en el anuncio de segmentación de tarifas.

Hasta el momento, el Gobierno se encargó de transmitir que la obra pública no se interrumpirá. El viernes, la liga de gobernadores peronistas manifestó, en La Plata, la necesidad de "garantizar la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas con el objeto de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso a los derechos sociales de nuestra comunidad". Será difícil cruzar el reclamo político con la planilla del Excel.

Como referencial, un ajuste de $ 200.000 millones equivale a dos meses de gastos de capital de la administración pública. Según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que toma gastos devengados (se hayan pagado o no), estos totalizaban $ 512.895 millones al término del primer semestre. En junio, superaron los $ 113.000 millones.

Obra pública - obra privada

Las empresas constructoras entienden que el ajuste afectaría a nuevos proyectos y que no se interrumpirán las obras en curso. Advierten, sí, que desde junio comenzaron a demorarse los pagos. Al mismo tiempo, admiten que no es usual que el Estado pague en tiempo y forma como lo venía haciendo.

Este lunes, el Gobierno promulgará la prórroga del blanqueo de capitales para la construcción, una medida para incentivar la obra privada que habían lanzado las cámaras patronales con el exministro Guzmán a fines de 2020 y que nunca prosperó. Sería un paliativo, desde el lado privado, al freno en la actividad hasta ahora impulsada por el Estado. 

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