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El Gobierno nacional oficializó nuevas declaraciones de emergencia y desastre agropecuario para productores afectados por sequía, granizo y heladas en distintas regiones del país.
Las medidas alcanzan explotaciones rurales de Mendoza, Chubut y Santa Cruz y habilitan el acceso a beneficios fiscales, bancarios y prórrogas impositivas previstas en la Ley 26.509.
Las resoluciones fueron publicadas este miércoles en el Boletín Oficial y forman parte del esquema nacional de asistencia a productores afectados por fenómenos climáticos extremos, en un contexto donde distintas regiones vienen acumulando problemas productivos vinculados tanto a la sequía como a eventos de granizo, viento y heladas tardías.
En todos los casos, los productores deberán tramitar el correspondiente certificado provincial de emergencia agropecuaria para poder acceder a los beneficios nacionales.
Qué beneficios recibirán los productores
La declaración de emergencia agropecuaria activa automáticamente una serie de herramientas previstas por la legislación nacional.
Entre las principales:
- suspensión o prórroga de impuestos nacionales;
- diferimiento de anticipos de Ganancias y Bienes Personales;
- suspensión de ejecuciones fiscales;
- acceso a refinanciaciones bancarias especiales;
- y asistencia crediticia a través de bancos públicos y organismos oficiales.
La normativa establece además que “las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) arbitrarán los medios necesarios” para que los productores puedan acceder a esos beneficios.
En antecedentes recientes, la emergencia agropecuaria permitió suspender ejecuciones fiscales; congelar plazos procesales; postergar pagos tributarios; y refinanciar deudas productivas.
Qué provincias y actividades fueron alcanzadas
Las medidas publicadas este martes contemplan situaciones climáticas diferentes según cada región productiva.
Chubut quedó alcanzada por el perjuicio y los daños productivos y económicos provocados por la variabilidad climática y que por su duración e intensidad resultaron un fenómeno natural de tipo excepcional. En ese caso, para las explotaciones ganaderas afectadas por sequía, en todo el territorio de la provincia.
En Santa Cruz fue como consecuencia de la sequía ocasionada por la falta de lluvia y fuertes vientos por el término de un (1) año a partir del 3 de febrero de 2026.
Mientras tanto, Mendoza quedó incluida por daños derivados de heladas y fenómenos climáticos que afectaron producciones regionales sensibles, especialmente vitivinicultura y fruticultura.
Las resoluciones fijan además distintos plazos de vigencia según la actividad afectada y el ciclo productivo correspondiente.
En algunos casos, los beneficios se extenderán hasta el próximo ciclo agrícola, es decir, hasta 2027.
El impacto económico detrás de la emergencia
Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para muchas economías regionales.
Mientras algunas zonas agrícolas muestran recuperación gracias a mejores precios internacionales y mayor producción, distintas actividades regionales todavía enfrentan: altos costos financieros; suba de insumos; caída de rentabilidad; y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes.
Para este año, además, se espera la aparición de un “superniño” climático que podría traer efectos climáticos extremos afectando a diversas áreas del país, en especial, con exceso de lluvias e inundaciones.
