Larreta aceptó sentarse con Nación para negociar la coparticipación

Horacio Rodríguez Larreta solicitará a la Corte Suprema posponer la audiencia agendada para el próximo 12 de mayo donde representantes porteños y nacionales fueron convocados para intentar dirimir el conflicto en torno a la quita de coparticipación y los fondos derivados del traspaso de la Policía al ámbito de la ciudad. Al mismo tiempo, el Jefe de Gobierno aceptó la convocatoria que elevaron esta tarde los ministro Martín Guzmán (Economía) y Eduardo "Wado" De Pedro (Interior) para reunirse en los próximos días.

Los funcionarios nacionales enviaron hoy una carta a la Jefatura de Gobierno solicitando una reunión para mañana o, en caso de que Rodríguez Larreta no estuviese disponible, para el 17, 18 o 19 de mayo. El encuentro, en los términos planteados por los titulares de las carteras, busca "acordar criterios comunes en el proceso de traspaso de la Policía, tal como fija la ley de diciembre de 2020, aprobada por el Congreso a propuesta del Ejecutivo".

El Gobierno porteño aceptó sentarse a la mesa el próximo 18 de mayo bajo la premisa de que se reunirá en el marco del diálogo abierto ante la Corte Suprema y no según lo dispuesto por la ley sancionada a fin de año. 

En Parque Patricios consideran imposible abrir las negociaciones bajo el paraguas de la ley ya que esa misma normativa fue la que solicitaron declarar inconstitucioanl ante la Corte Suprema.

A la par, Rodríguez Larreta solicitará al máximo tribunal reprogramar la audiencia del 12 de mayo para después del encuentro con Guzmán y De Pedro. Una solución al conflicto que provenga de la política y no de un fallo de la Corte Suprema se presenta hoy como la resolución menos tensa para todas las partes. 

El conflicto por la coparticipación de la ciudad rompió la armonía que habían construído Rodríguez Larreta y Fernández en el marco del trabajo conjunto durante la pandemia. El Jefe de Gobierno sostiene que más allá del tema continuará trabajando con la Nación todo lo referido a la crisis del Covid-19.

Por la quita la Ciudad estima que dejará de recibir en 2021 $ 65.000 millones, una cifra que compensa, entre otros, con la implementación de tres medidas fiscales: eliminación de la exención al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las LELIQs y a las operaciones de pases ($ 1.392 millones), y la aplicación del impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito.

Las tensiones por "la copa" se remontan al inicio del gobierno de Mauricio Macri cuando lo percibido por la Ciudad de Buenos Aires pasó de 1,4% a 3,7%, luego reducido a 3,5%, para cubrir los gastos de la Seguridad. A principios de 2020, con Alberto Fernández ya en la presidencia, los equipos técnicos de ambas jurisdicciones comenzaron el diálogo para reacomodar los puntos porcentuales que desde Nación consideran excesivos y no justificados. La pandemia obligó a postergar las conversaciones.

En septiembre, con una revuelta de policías bonaerenses frente a la Residencia de Olivos, Fernández firmó un decreto a través del cual redujo del 3,5% al 2,3% la coparticipación de Ciudad. El recorte se justificó en que era necesario derivar esos fondos a la Provincia para que atienda cuestiones de seguridad y que había sido incorrecto el aumento que le había realizado Macri. Horacio Rodríguez Larreta recurrió a la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad.

A fin de año el Congreso aprobó la ley 27.606 que selló el traspaso de la Seguridad al ámbito porteño, estableció que se debía abrir una mesa de negociaciones entre Nación y Ciudad para fijar la suma que recibiría el Gobierno porteño y, en el mientras tanto, se determinó que se traspasarían $ 24.500 millones cada mes. Ese número dejaría a la coparticipación porteña en 1,4%, los mismos puntos que percibía cuando Macri llegó al Gobierno. Rodríguez Larreta ya había avisado que era insuficiente y amplió el pedido de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal.