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El Gobierno afronta este jueves una nueva sesión en el Senado que se prevé extensa para debatir tres proyectos centrales: la normativa sobre discapacidad, la incorporación al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), solicitado por Estados Unidos, y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La última de estas iniciativas vuelve a la Cámara Alta en segunda revisión, luego de que Diputados incorporara cambios al texto que el Senado había aprobado el 6 de agosto. Con modificaciones en desalojos, usurpaciones y expropiaciones, el proyecto obtuvo la aprobación con 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones.
Para poder avanzar, el bloque que lidera Patricia Bullrich debió resignar apartados clave del proyecto. En el camino, el oficialismo tuvo que ceder en la derogación de las restricciones a la venta de campos a extranjeros. Así, dejó sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado la Ley de Tierras Rurales.

Entre sus principales puntos, la iniciativa busca restituir las restricciones a la compra de lotes rurales por extranjeros. Además, reformula los procedimientos para la recuperación de inmuebles y avanza hacia una modernización del sistema registral.
Propiedad privada: cuáles son los puntos principales del proyecto
El proyecto busca reforzar la protección del derecho de propiedad privada, con cambios en expropiaciones, desalojos, regularización dominial y registros inmobiliarios. Según argumentó el oficialismo, el objetivo es otorgar mayor seguridad jurídica y limitar intervenciones estatales consideradas arbitrarias sobre bienes privados.
Nuevas reglas para desalojos
El proyecto busca acelerar los procesos judiciales para recuperar inmuebles urbanos y rurales al disponer que los desalojos tramiten por juicio sumarísimo, un mecanismo más breve que el proceso ordinario.
Asimismo, en alquileres de vivienda por falta de pago, el propietario deberá intimar al inquilino con un plazo no menor a 10 días corridos desde la notificación para regularizar la deuda, detallando el lugar de pago.
La norma incorpora controles judiciales específicos para ciertos trámites de desalojo. En los casos donde se alegue cambio de destino, deterioro de la propiedad, obras nocivas o uso abusivo o deshonesto, el juez deberá efectuar un reconocimiento judicial en un plazo de 72 horas desde la primera providencia, contando con la asistencia del defensor oficial para constatar la identidad de quienes ocupan el inmueble.
La iniciativa permite solicitar la desocupación inmediata en determinados casos, bajo caución juratoria; además, prevé controles especiales cuando hay menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.
También contempla una penalidad económica de hasta diez veces el valor mensual del alquiler para aquellos propietarios que logren la desocupación inmediata del inmueble ocultando hechos o documentación relevante durante el procedimiento.

Cambios sobre expropiaciones e indemnizaciones
El proyecto introduce cambios significativos en la Ley de Expropiaciones al endurecer los requisitos para que el Estado pueda avanzar sobre propiedades particulares por motivos de utilidad pública.
Según detalla el texto, esta declaración exigirá una interpretación restrictiva, detallar de manera específica el objetivo perseguido y cumplir con criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, a fin de evitar afectaciones al derecho de propiedad sin respaldo suficiente.
Con respecto a las indemnizaciones, se incorpora el lucro cesante a los conceptos susceptibles de compensación. El texto establece, como pauta general, un tope del 30% del valor del daño emergente, con la posibilidad de superar dicho porcentaje en caso de que el expropiado acredite una pérdida mayor.
El valor de la propiedad expropiada deberá establecerse tomando como base la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto, medida o anuncio público fehaciente relacionado con el proceso. En cuanto al pago, la indemnización se actualizará según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés nominal activa del Banco Nación desde la mora hasta su liquidación efectiva.
La restitución de la Ley de Tierras
La reposición de la Ley de Tierras Rurales funcionó como pieza clave en la negociación política que destrabó el avance del proyecto en la Cámara de Diputados.
De este modo, el texto sancionado anuló el artículo 154 del DNU 70/2023 —con el cual el presidente Javier Milei había derogado la norma— y devolvió plena vigencia a la Ley 26.737, aprobada originalmente en 2011.
La normativa establece un límite máximo del 15% para el dominio extranjero de tierras rurales tanto a nivel nacional como en provincias y municipios. Con su restitución, el Congreso revirtió la modificación impulsada por el Ejecutivo al inicio de su mandato -que ya se encontraba frenada en sede judicial- y repone las restricciones para la compra de campos por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
El proyecto también moderniza los registros inmobiliarios: admite documentación digital, fija hasta 30 días para la calificación registral y crea mecanismos de coordinación federal entre registros.


















