POR ORDEN DE MASSA

Auditoría al Potenciar Trabajo: lo que el Estado no sabe sobre los beneficiarios de los planes sociales

El Gobierno sumó medio millón de estos planes en plena pandemia hasta alcanzar a 1,3 millones de personas. Quienes incumplan, perderían el plan.

"El 15 de agosto empieza una auditoría que realizarán las universidades", avisó Sergio Massa. Se refería a los planes sociales. Lo dijo al presentar sus primeras medidas, unas horas después de asumir como ministro de Economía. Y agregó: "Quién no la cumpla, recibirá la suspensión del plan". 

En tiempos de vacas flacas, y cuando el objetivo del Gobierno es no gastar por encima de lo que se recauda, además de reducir el déficit fiscal, el tigrense ratificó que pondrán bajo la lupa una política que se incrementó de manera exponencial en paralelo a la llegada del Covid-19 a la Argentina.

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A razón de $ 23.925 para cada beneficiario por mes, Massa pretende afinar el lápiz en el Plan Potenciar Trabajo. Fue una de las primeras medidas que anunció. Existen 1,3 millones de personas que reciben ese programa. El anuncio generó ruido en los aliados del Frente de Todos que representan a los sectores más postergados. El exdiputado solo aludió a ellos para hacerles recortes.

Pero el anuncio de Massa tiene su razón de ser. Desde el oficialismo reconocen que es un programa que se implementa a ciegas. Hay que poner las cosas en contexto. El 20 de marzo del 2020, mientras entraba en marcha el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), se sumaron, casi de la noche a la mañana, 550.000 nuevos beneficiarios

La incorporación de cientos de miles de personas al programa se hizo sin una previa radiografía. Por caso, el Estado no sabe qué nivel de formación tienen los inscritos, o si cuentan con alguna capacitación o formación previa. Tampoco si los que adhirieron al plan aspiran a terminar el colegio secundario o prefieren volcarse al trabajo. 

Todos datos clave si se tiene en cuenta que el objetivo de Potenciar Trabajo es "contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de promover la inclusión social plena para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad social y económica".

A dos años y cinco meses del lanzamiento de Potenciar Trabajo (que unificó los programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario)  y de la incorporación de ese más medio millón de personas, desde el Ejecutivo dicen: "Queremos hacer un mapa de eso, que hoy no está".

El Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Juan Zabaleta tampoco cuenta con información precisa sobre esos 1,3 millones de beneficiarios. Con un agregado: como el número se duplicó en plena cuarentena, fueron muy pocos los que pudieron trabajar. Ninguno empezó a estudiar.  

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"La persona da una contraprestación u opta por terminar la escuela, pero como cuando se produjo (la incorporación de 550.000 personas) no podían hacer nada por la cuarentena, solo una parte empezó a trabajar en comedores", dijeron desde el Gobierno.

Es por eso que, a mediados de mes, pondrán en marcha la auditoría. El Ministerio de Desarrollo Social, en tándem con universidades nacionales y municipios, convocará a los beneficiarios para hacerles una extensa encuesta. 

El ministro de Economía avisó que podría haber suspensión de planes.

A partir de un cuestionario de cinco páginas, prevén poner en marcha diferentes políticas, además de dar de baja algunos planes. Al menos por ahora no tienen estimación alguna de en cuánto se podría reducir el número. Vale recordar que, desde hace meses,  no hay más "altas" del Potenciar Trabajo

De ese censo se podría desprender si las organizaciones intermediarias le cobran algún tipo de "peaje" a los beneficiarios del plan. En diciembre del año pasado, se les habilitó la posibilidad de cambiarse de unidad de gestión. En ese momento, unas 7000 personas (estiman que ahora deben ser más) pidieron hacerlo denunciando irregularidades en las organizaciones en las que hacían prestaciones. 

El Ministerio de Desarrollo Social está "estudiando" esos señalamientos pero, por ahora, esas organizaciones -que pueden ser ONGs, comedores, organizaciones sociales o emprendimientos sociales- siguen operando como unidades de gestión. Hasta Cáritas administra algunos. Es que, para probar que desde el lugar se le cobra un "peaje" al trabajador, este debería hacer una denuncia por fraude ante la Justicia.

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