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Tarifas de gas: el pedido de las empresas que puede llevar a aumentos de 100%

Con una inflación mayor al 90% anual, las distribuidoras hicieron un pedido especial al Gobierno antes de las audiencias públicas por tarifas.

El desborde de la inflación en 2022 motivó un cambio en los pedidos de las empresas de gas al Gobierno para los futuros aumentos de tarifas.

Al igual que en el caso de las empresas eléctricas, como ya contó El Cronista, las distribuidoras de gas solicitaron que los incrementos de tarifas en 2023 sean cada tres meses en vez de una vez por año, la frecuencia que viene autorizando el Gobierno desde 2021.

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Esto es hasta que culmine el período de "transición tarifaria" y se implemente una Revisión Tarifaria Integral (RTI), que normaliza regulatoriamente el sector y da certezas de mediano plazo (5 años): tarifas a cambio de inversiones.

Según pudo recolectar este diario en base a los testimonios de ejecutivos de las compañías de gas, en la previa a la audiencia pública que se realizará el miércoles 4 de enero, las distribuidoras pidieron aumentos de sus ingresos de entre 160% y 200%.

Osvaldo Pitrau, interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)

Estos porcentajes equivalen al atraso de las tarifas acumulado entre mediados de 2019 y la actualidad, descontadas las subas autorizadas en junio de 2021 y en marzo 2022, que suman 60%.

Cuánto aumentan las tarifas en 2023

El impacto sobre las facturas de los usuarios varía según la categoría de consumo y el segmento en el que cada vivienda o comercio haya quedado en relación a los subsidios que aporta el Estado nacional, pero los incrementos pueden trepar hasta casi 100%.

Impacto de los aumentos de tarifas en los usuarios de Naturgy. Fuente: Enargas

En el sector también relatan que en las propuestas enviadas la semana pasada al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) hicieron eje en una segmentación de los subsidios a las tarifas de energía también para la parte de la cadena que corresponde a la distribución, ya que hasta el momento la división de las tarifas según ingresos y/o patrimonios de los usuarios únicamente rige para la parte del costo de la producción y las importaciones.

"Los usuarios que pueden hacer frente a una reducción de los subsidios también pueden pagar más en la parte del transporte y la distribución", narran ejecutivos de la industria. El Gobierno sería proclive a una nueva segmentación para no afectar los ingresos de los hogares en el año de las elecciones.

En cualquier caso, los aumentos de las tarifas se aplicarían recién a partir del 1 de febrero de 2023 y tendrán que contemplar tanto la remuneración de las transportistas y distribuidoras del gas así como el costo propio del gas, mix entre la producción local y las importaciones.

Las tarifas se componen del costo del gas más los ingresos de las transportistas y las distribuidoras. Habrá aumentos en las tres partes de la cadena, para reducir los subsidios que aporta el Estado nacional y para dar recursos a las empresas

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) establece que debe continuar la reducción de los subsidios, por lo que es esperable que el Estado nacional haga que los usuarios residenciales y comerciales cubran un mayor costo de la energía de sus propios bolsillos, sin la ayuda del Tesoro.

Con todo, para dejar sin cambios la proporción que asume el Estado y los usuarios (67,3% del costo del gas se cubre con subsidios y 32,7% vía tarifas), de los 5,22 dólares promedio que costaría el gas en 2023, unos u$s 3,52 serían a cargo del Tesoro nacional, por lo que el traslado a las tarifas de gas de los hogares significaría un aumento de 48% a 54% en pesos, según un informe oficial de la Secretaría de Energía.

Las recientes ofertas que hicieron las petroleras para la extensión del Plan Gas contribuyen a bajar los costos de abastecimiento, al tiempo que las importaciones se ven afectadas por el precio internacional del gas licuado y la disponibilidad de un barco regasificador para que vuelva a Bahía Blanca en el próximo invierno austral, como ya está en análisis entre las autoridades energéticas.


  

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