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La Corte Suprema volvió a convertirse en un actor central de la pelea por el DNU 70/23. Diez días después de dejar sin efecto el fallo que mantenía vigente la Ley de Tierras, el máximo tribunal restableció de manera cautelar los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros.
La reunión extraordinaria de acuerdos estaba pautada para las 9 de hoy. Era el único tema en análisis para que cual se convocó a dos conjueces en un plazo acelerado. la decisión se conoció casi a las 11 aunque no había horario previsto de forma oficial para dar a conocer el fallo que impactará sobre el juego políticos de opositores, dialoguistas y el propio Gobierno.
El movimiento judicial tiene una consecuencia inmediata sobre el Congreso. La oposición convocó para el 15 de octubre una sesión especial cuyo temario incluye el rechazo del DNU 70/2023, además de iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar. Para alcanzar el quórum necesita sumar sectores dialoguistas, varios de los cuales encuentran en la restitución de la Ley de Tierras uno de los principales incentivos para bajar al recinto.
Por eso el calendario de la Corte pasó a ser observado de cerca por oficialismo y oposición. El tribunal convocó a un acuerdo extraordinario y aceleró los plazos de una causa promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie, comunidades mapuches y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda.
También incorporó a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci ante la falta de una posición común entre sus tres integrantes.
La Corte Suprema restablece la Ley de Tierras: qué fija en el nuevo fallo contra el DNU 70/2023
Con los votos de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, el máximo tribunal dispuso suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual Javier Milei había derogado la Ley 26.737. En los hechos, las restricciones a la extranjerización de tierras rurales vuelven a quedar provisoriamente operativas, al menos hasta que la Justicia Federal de Bariloche determine si los nuevos demandantes tienen legitimación para actuar y resuelva el pedido de medida cautelar.
La decisión introduce un giro apenas diez días después de que la propia Corte dejara sin efecto el fallo que había mantenido vigente la norma en la causa iniciada por el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Pero el tribunal marcó una diferencia central entre ambos expedientes: en aquel caso había considerado que la organización no tenía legitimación para plantear una afectación de la soberanía nacional y, por ese motivo procesal, nunca analizó la constitucionalidad de la derogación.
Ahora el máximo tribunal entendió que el expediente impulsado por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros actores involucra “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, lo que exige un tratamiento diferente.
La mayoría sostuvo que era necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”. Para justificar su intervención, cuestionó además el recorrido que tuvo la causa desde fines de 2023: primero fue iniciada en Bariloche, después enviada a La Plata por su similitud con el expediente CECIM y finalmente remitida a la propia Corte, sin que ninguno de esos tribunales se pronunciara sobre la legitimación de los actores ni sobre la cautelar solicitada.
Ese derrotero fue uno de los puntos centrales del fallo. La Corte advirtió que “el particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda” y destacó que estaban comprometidos tanto el derecho a recibir una respuesta judicial en tiempo oportuno como la protección constitucional del ambiente. Por eso suspendió temporalmente el artículo 154 y devolvió el expediente al Juzgado Federal de Bariloche para que defina esas cuestiones.
El tribunal también buscó despegar expresamente esta decisión de la adoptada en CECIM. Recordó que el primer deber de los jueces es ser “celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes” y señaló que la resolución en “Árbol de Pie” responde a planteos ambientales específicos, diferentes de los formulados en la causa anterior. “No hay otro remedio distinto para que los litigantes y la comunidad en su conjunto fortalezca su confianza en el Poder Judicial que aplicar razonablemente la Constitución y las leyes atendiendo a las circunstancias particulares de cada caso”, afirmó.
Ricardo Rosenkrantz quedó en disidencia. Aunque reconoció que la legitimación alegada por Árbol de Pie era diferente de la invocada por CECIM, sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar directamente una medida cautelar o interina. Según su posición, el expediente debía regresar a Bariloche sin ninguna suspensión previa, lo que habría mantenido vigente, mientras tanto, la derogación de la Ley de Tierras.
El efecto político de esta nueva intervención judicial es inmediato. La Corte primero dejó caer la protección que mantenía vigente la ley y reactivó la ofensiva opositora contra el DNU 70/23; ahora vuelve a suspender su derogación justo cuando Diputados se prepara para una sesión que puede poner en riesgo todo el decreto. Ese movimiento vuelve a alterar, por segunda vez en pocos días, los incentivos con los que oficialismo y oposición cuentan los votos para el 15 de octubre.
De un fallo que favoreció al Gobierno a una decisión que puede cambiar el quórum
La secuencia comenzó el 29 de septiembre, cuando la Corte revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, utilizado por Javier Milei para derogar la Ley 26.737. Pero hizo una distinción clave: no se pronunció sobre la validez constitucional de la derogación, sino que sostuvo que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para impulsar aquella acción.
El efecto práctico fue dejar operativo el artículo del decreto que eliminó las restricciones. Políticamente, sin embargo, la decisión terminó reactivando el tema que el Gobierno buscaba cerrar: distintos bloques opositores incorporaron la Ley de Tierras a una ofensiva más amplia contra el DNU que Milei considera una pieza estructural de su programa desregulador.
A diferencia del caso anterior, los nuevos demandantes fundan su legitimación en derechos ambientales, territoriales y vinculados con las comunidades originarias. Si el tribunal concede la cautelar, las restricciones podrían volver a regir mientras continúa la discusión judicial de fondo.
Este nuevo desenlace tendría un efecto político indirecto: podría reducir el atractivo de la sesión del 15 para los diputados que pretenden recuperar la Ley de Tierras pero no necesariamente rechazar todo el DNU 70. No implica que la Corte intervenga con ese objetivo, pero el momento de su decisión puede modificar las condiciones con las que oficialismo y oposición hacen sus cuentas.
La salida que prepara el Gobierno antes de la sesión
La Casa Rosada, mientras tanto, decidió construir una alternativa propia. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General fueron convocadas para el 14 de octubre, apenas un día antes de la sesión opositora, para discutir la incorporación de restricciones a la extranjerización dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que ya cuenta con media sanción del Senado.
El giro es significativo. El oficialismo promovió desde diciembre de 2023 la eliminación de la Ley de Tierras y volvió a intentar flexibilizarla durante el tratamiento de aquella iniciativa en la Cámara alta. Ahora está dispuesto a recuperar límites porcentuales, aunque fuentes libertarias anticipan que rechaza restablecer el tope de 1000 hectáreas en la denominada zona núcleo.
La maniobra busca ofrecer a los bloques dialoguistas una vía distinta para discutir la cuestión sin acompañar la estrategia de la oposición de poner en riesgo todo el DNU 70. En paralelo, el Gobierno intensificó los contactos con gobernadores y diputados aliados para impedir que se alcancen los 129 presentes.
Del otro lado, la oposición asegura haber superado ya los 120 apoyos potenciales después de sumar legisladores de bloques provinciales y de Provincias Unidas. Todavía necesita completar el número y, justamente por eso, lo que haga la Corte con la Ley de Tierras puede convertirse en una variable decisiva.
La paradoja es que una sentencia que inicialmente despejó el camino para la derogación terminó fortaleciendo la reacción parlamentaria contra el decreto. Ahora, una nueva decisión judicial que vuelva a limitar la extranjerización podría terminar descomprimiendo esa ofensiva. Sin haber resuelto todavía el fondo de la discusión, la Corte ya alteró dos veces el tablero político alrededor del DNU más importante para el Gobierno.
